El Supremo inadmite los recursos sobre el indulto a los miembros del ‘procés’

El Tribunal Supremo ha inadmitido todos los recursos presentados contra los indultos de los condenados por sedición y malversación por el «procés». La Sala de lo Contencioso-Administrativa, que ha estado deliberando este jueves, considera que ninguno de los recurrentes tiene legitimación para impugnar la polémica medida de gracia que el Gobierno de coalición otorgó a los políticos catalanes el pasado mes de junio. Los magistrados han acogido la tesis de la Abogacía del Estado y no entrarán a resolver el fondo de la cuestión, es decir, no decidirán sobre la legalidad de la excarcelación. La consecuencia directa es que los políticos catalanes podrán seguir en libertad.

La Sala Tercera tomó esta decisión por una estrecha mayoría. La magistrada ponente, Ángeles Huet, consideraba que ni los partidos políticos ni las plataformas tienen «legitimidad activa» para recurrir y a su tesis se han sumado el presidente de la Sección Quinta, Segundo Menéndez, y el magistrado Octavio Herrero. Contrariamente a estos tres se han situado Wenceslao Olea y Fernando Román que sí eran partidarios de admitir algunos de los recursos presentados, según las fuentes consultadas por LA RAZÓN. El alto tribunal ha anunciado que el auto con todos los argumentos detallados se conocerá en los próximos días.

Este era el primer muro jurídico al que se enfrentaban los textos y la jurisprudencia del tribunal no jugaba a favor de los recurrentes. De los presentados, solo dos pertenecían a partidos políticos (uno de Vox y otro del PP), mientras que otros fueron interpuestos por políticos de manera independiente como lo hizo Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo-Saavedra (de Ciudadanos); o Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Milian y Lorena Roldán (del PP). Interponiéndolos así, por separado, los diputados pretendían sortear esta falta de «legitimidad» que estaba en duda. La idea era que si el partido no tenía legitimación -porque el PP por ejemplo no formó parte del juicio- al recurrir como individuos que sí se vieron afectados por la medida de gracia, los magistrados quizás entendían que había un pase jurídico.

No ha sido así. Cabe recordar que los indultos son por ley irrevocables. De hecho la Sala Penal, la que condenó a los ocho líderes del independentismo, emitió un informe oponiéndose a su concesión. Pero la decisión es única y exclusivamente del Gobierno, si bien con un informe en contra del órgano que condenó solo puede tratarse de un indulto parcial, como ha sido en este caso. La única vía posible era que la Sala Tercera de lo Contencioso considerara esta medida de gracia tomada de forma arbitraria desde el Ejecutivo, que lo justificó como «interés público». Pero los magistrados no entrarán en esta cuestión porque directamente rechazan que los recursos puedan interponerse.

El Supremo ha seguido así la misma línea que con la resolución sobre el nombramiento de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. En este caso, los jueces también determinaron que ni Vox ni PP tenían legitimación para impugnar esta decisión del Gobierno sin entrar al fondo, sin valorar si la elegida en este caso tenía los méritos suficientes para ocupar el cargo. Entonces concluyeron que solo pueden recurrir los titulares de un derecho o un interés legítimo e incidieron en que no podía tratarse de partidos políticos porque sus intereses son muy amplios.

Precisamente, para zafarse de esta barrera procesal, recurrieron también asociaciones. Por un lado, Convivencia Cívica Catalana, quienes se reconocen como ciudadanos afectados por las políticas de los indultados; y, por el otro, Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén, quienes argumentaban que no puede concederse el indulto a los políticos que formaron parte del Gobierno catalán cuando se desobedeció una sentencia que ordenaba la devolución de 97 obras al monasterio de Sijena y que están expuestas en un Museo de Cataluña.

El vicesecretario y portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha anunciado que recurrirán a la última bala judicial que les queda: el amparo en el Tribunal Constitucional. «Pensamos que los españoles se merecen una decisión judicial sobre el fondo de este asunto tan relevante para nuestro país», explicó Bal.

El Gobierno defendió la excarcelación de los líderes del «procés» como una herramienta para resolver el conflicto político en Cataluña. «Generar un clima de entendimiento con las formaciones políticas independentistas» y crear un «ambiente de concordia en la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española» fueron las razones que esgrimieron en los informes elaborados por la anterior jefatura del Ministerio de Justicia, Juan Carlos Campos, de quien el Ejecutivo prescindió menos de un mes después de la medida de gracia.