Elvira Rodríguez: «Si no se cumple el Reglamento europeo de los fondos, iremos a Bruselas»

La vicesecretaria económica el PP adelanta la estrategia política de Pablo Casado para fiscalizar el reparto de los fondos europeos: el Congreso será el centro de la ofensiva del PP

Elvira Rodriguez, vicesecretaria económica del PP
Elvira Rodriguez, vicesecretaria económica del PP FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

¿Dónde está el problema de los fondos europeos?

El pecado capital nace con el Real Decreto Ley 36, que se convalidó gracias a la abstención de Vox, y que dio lugar a unos procedimientos centralizados de reparto de los fondos muy complicados de desarrollar.

¿Por qué?

Los fondos se están repartiendo con diferentes criterios a través de las conferencias sectoriales en aquellos importes que decide el Gobierno. Otros importes los está dando el Gobierno directamente. Esto no permite que funcione la cogobernanza que debería existir con las comunidades autónomas, entre otras cosas porque los fondos están financiando competencias de las autonomías. Hay muchas decisiones en las que no se entiende cuál es el criterio. Se están repartiendo fondos que algunas comunidades no necesitan o no les encajan. Y, además, en todo este debate aparecen pagos que se hacen de forma digital y que, con la normativa en vigor, no debían de hacerse.

El Gobierno sostiene que hay acuerdo con las comunidades en los criterios de reparto.

No lo hay. En teoría, en el diseño inicial había una Conferencia Sectorial de comunidades autónomas, que parecía que era la que tenía que negociar los criterios y los repartos. Pero el Gobierno se ha llevado todo el proceso a las conferencias sectoriales de cada ministerio. Esto no es lo pactado porque cada comunidad no puede ver en su conjunto los criterios de reparto, sino por áreas concretas.

¿Y cuál es la solución que proponen ustedes? ¿Judicializarlo, aun a costa de que demos la «nota» en Europa?

La denuncia de la Comunidad de Madrid afecta al reparto concreto de un dinero que en el presupuesto no aparece como subvención nominativa, y en una competencia que es propia de las comunidades, y que, por tanto, era de concurrencia global. Esto no implica una judicialización generalizada, sino la respuesta a un problema concreto que se entiende que no se ajusta a la norma.

Entonces, ¿el PP no llevará el reparto a los tribunales?

En este caso recurre quien está legitimado para hacerlo, que son los Gobiernos autonómicos. Y el PP nacional, como oposición responsable, ante una entrega de fondos que Europa da a España, a los españoles, no al Gobierno, va a fiscalizar el proceso. Estamos obligados a hacerlo por patriotismo. No es deslealtad. Es lealtad con España.

¿En qué consiste la fiscalización?

Vamos a recopilar toda la información. La ejecución está muy retrasada y no están dando información suficiente de números concretos. Lo último que tenemos es que en las cuentas de la intervención general, a 30 de noviembre, aparece una ejecución de 10.100 millones de euros, de los cuales, prácticamente el 95% se ha dado a comunidades autónomas, corporaciones locales y otras entidades, con lo cual no conocemos el fin último. Con toda la información que obtengamos empezaremos a hacer el seguimiento en el Congreso con nuestros portavoces. Aquí no hay ruedas de prensa ni se rinden cuentas de nada.

El PSOE les acusa de embarrar el campo por interés electoral.

Quien embarra el campo es quien actúa sin transparencia y oculta la información.

Las comunidades también están fallando en la ejecución de estos proyectos, ¿no? Sus gobiernos admiten que en la administración no tiene la diligencia suficiente como para implementar este gasto de manera eficaz.

Las comunidades no han podido hacer nada, de momento, por el retraso con el que llegan los fondos, que será a finales de este ejercicio. Y llegarán con una especificación concreta de quién se lo tiene que gastar, cómo y de qué manera. En las reuniones con nuestros consejeros de Hacienda la queja generalizada es que se les ordena gastar los fondos en proyectos que no necesitan. El año 21 está perdido, y puede ocurrir que cuando llegue el 23, cuando vence el plazo para ejecutarlos, nos encontremos con que no se han utilizado por la mala gestión del Gobierno central, que llega tarde y destinando el dinero a proyectos que no se necesitan.

¿Los fondos que no se ejecuten antes del 23 se tendrán que devolver?

Europa hablo de que habría tiempo hasta el año 26, y entiendo que, lo que no se haya ejecutado al 23, seguramente se va a poder pasar al 24. Habrá que cambiar la norma, pero no creo que perdamos fondos porque tengamos un retraso de un año. El problema está en que España no está bien desde el punto de vista económico y es muy necesario que los fondos se ejecuten bien y pronto para generar crecimiento sostenido y empleo estable. Éste es otro problema que estamos viendo también al ir analizando el proceso: el reparto no se ajusta al objetivo último que tenían los propios fondos.

¿A qué atribuyen el procedimiento elegido para la distribución del dinero?

La centralización absoluta en materias que son competencia de las comunidades ha sido un error. Se tenía que haber hecho con cogobernanza de verdad. Y con un control neutral e independiente.

Pero, ¿por qué cree que Sánchez han elegido esta vía?

No sé si es ingenuidad, ignorancia, incapacidad o ganas de hacer las cosas a dedo, aunque jurídicamente no se pueda en ningún caso.

¿Llevarán sus críticas hasta el Parlamento Europeo?

Se han establecido unos procedimientos de control centralizados europeos muy importantes, y hay un grupo de control del Parlamento Europeo frente a la Comisión en el que nuestra representante es Isabel Benjumea. Ella está al tanto del seguimiento que hacemos del Gobierno en el ejercicio de nuestras responsabilidades.

¿Formalizarán ante ese grupo de control sus quejas por el reparto de los fondos?

Vamos a fiscalizar el reparto del Gobierno y a controlarlo en el Congreso de los Diputados con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. En función de lo que salga de este seguimiento tomaremos nuestras decisiones. Presentaremos preguntas, pediremos comparecencias en comisión y en Pleno. Si encontramos que hay una infracción de la norma, se adoptarán las decisiones jurídicas que nos competan como grupo parlamentario. Si al ver las adjudicaciones encontramos alguna que nos parece incorrecta, actuaremos también en consecuencia. Y si creemos que el Reglamento europeo de los fondos no se está aplicando en España de acuerdo con sus principios, iremos a Europa a denunciarlo.

Un apunte en materia fiscal. La armonización fiscal con la que amenaza el Gobierno en impuestos cedidos, como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, ¿es posible?

Las comunidades autónomas tienen unas competencias que entran dentro del marco constitucional. Y esto afecta también a la parte tributaria y da cobertura al derecho que reivindica Madrid, y otras comunidades, para renunciar a una parte de sus ingresos porque creen que esto beneficia a sus ciudadanos, genera crecimiento y empleo, y, por lo tanto, más recaudación para la comunidad de la que se trate. Es como si ahora, de repente, se dijese: vamos a promover un cambio legislativo para recuperar las competencias en Educación o en Sanidad. Retroceder en las competencias que se han cedido es muy complicado jurídicamente.