“Fuimos a comprar a un super de Azpeitia. Sólo nos hablaban en euskera. Nos tuvimos que marchar sin la comida. Mi mujer lloraba”

“Soy y guardia civil, fui destinado al cuartel de Intxaurrondo en julio de 1995. En mi primer día de trabajo, ETA pone un coche bomba enfrente de la Subdelegación del Gobierno vasco; atentado contra casa cuartel intxaurrondo en 1996; otros atentados con coche bomba en febrero 1997, y atentado contra patrulla Guardia Civil en los relevos coincidiendo con el Mundial de Ciclismo; en octubre de 1997, el asesinato de Múgica y de Miguel Ángel Blanco. Todo este clima, además de no poder relacionarte con los vecinos de Donosti por temor a ser reconocido y ser objetivo de ETA, todo esto ha pasado factura y hace que tenga pesadillas por el temor a ETA, a todo lo que significa ser guardia civil y haber estado destinado del verano 1995 al verano 1999 en Guipúzcoa. En vísperas de la inauguración del museo Guggenheim Bilbao, encontrándome de escolta de explosivos en la autopista entrada a Bilbao, tuvimos que hacer un control: ETA acababa se asesinar a un policía autonómico. La tensión y el miedo siempre ha estado ahí. Además de otras muchas muertes, por ejemplo, la patrulla de policía autonómica por el etarra Valentín Lasarte, sólo por pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Es el relato del guardia civil Joaquín Lázaro García, al que el Gobierno vasco ha denegado los beneficios de la ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política de Euskadi entre 1978 y 1999.

En el texto legal, en concreto en su artículo 2, se reconoce como víctimas a quienes hayan sufrido esta violencia política ejercida por funcionarios públicos y por “particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada”. ¿Qué era ETA, sino un grupo criminal que ejercía esa violencia en forma de terrorismo. Sin embargo, el Ejecutivo de Vitoria ha denegado ese reconocimiento a Joaquín y más de 300 guardias que estuvieron destinados en el País Vasco.

Con todo, está el factor humano. LA RAZÓN ha hablado con Joaquín y ha relatado un hecho que pone a las claras la situación en la que vivían los agentes: “mi mujer, de recién casados, subía todos los meses a San Sebastián (yo procuraba bajar a Almería en todas las ocasiones). Decidí enseñarle lo bonito que es Guipúzcoa y acudimos a Azpeitia, al Santuario de Loyola. Para comprar algo de comer, entramos en un supermercado. Allí, debieron darse en cuenta que no éramos vascos, nos hablaban nada más que en euskera. Les explicamos que no dominábamos la lengua, pero nada. Al final, no pudimos comprar nada. Mi mujer salió llorando del establecimiento”.

Pese a que el Gobierno vasco le haya denegado los beneficios de la citada ley, con una escueta carta sin ningún tipo de justificación, no habla mal de aquella tierra y, en particular de San Sebastián.

Además de en Inchaurrondo, estuvo destinado en el acuartelamiento de Irún. Realizaba todo tipo de servicios, entre ellos el de escolta de explosivos que llagaban de Francia y había que distribuir entre distintas canteras. Llevaba a sus compañeros a los servicios de vigilancia a los distintos edificios oficiales. Uno de los Nissan Patrol blindado que conducía habitualmente fue el que sufrió el atentado en los Mundiales de Ciclismo en octubre de 1997, al hacer estallar un coche bomba para asesinar a los cuatro agentes que ocupaban el coche oficial, resultando herida de gravedad una guardia.

Nada más llegar al País Vasco, Jerónimo pasó por la “ikastola”, como se denominaba un curso en el que se explicaba a los nuevos agentes las medidas de seguridad que debían adoptar para evitar atentados. Recuerda que les pusieron varios vídeos, en uno de los cuales se veía el rescate de un guardia asesinado con una bomba. Al retirar el cuerpo, estaba partido en dos y sus intestinos se derramaron por el interior del vehículo. Todas las precauciones eran pocas para evitar cosas así y, ahora, el Gobierno vasco dice que los casos de los agentes no se pueden contemplar en el ámbito de la referida ley.

Van a recurrir, a través, en este caso, de JUCIL, y llegar hasta las últimas instancias para que se les reconozcan sus derechos. En total, fueron 357 policías y guardias civiles los que fueron asesinados por ETA (la mayoría en el País Vasco) y otros 711 resultaron heridos, casi la mitad con secuelas que les impidieron continuar trabajando.

Portavoces del Ejecutivo de Vitoria dice que no se pueden acoger a los beneficios porque no fueron objeto de vulneraciones provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia estatal, ni existe un nexo, ni inmediato ni funcional con la actividad de los poderes públicos del Estado. El citado artículo 2 no dice eso. Parece que el PNV-PSE se quieren ahorrar las indemnizaciones que indemnizaciones que van desde los 135.000 euros por fallecimiento a los 35.000 por incapacidad laboral permanente, entre otras circunstancias. Pero, sobre todo, para no reconocer lo que en otro informe oficial sí han hecho: las especiales circunstancias por las que atravesaron los agentes de la Guardia Civil y la Policía a su paso por las tres provincias vascas. En definitiva, negar la evidencia, dentro, parece, de la estrategia del nuevo “relato” para presentar a los etarras como un alegre grupo de jóvenes vascos que se dedicaban a practicar el tiro al blanco en la nuca de los uniformados y practicar con explosivos de cara a las fiestas patronales.

Desde JUCIL se ha denunciado que la negativa es una “demostración más de la discriminación a la que se quiere someter a quienes sufrieron, durante años y aún soportan, un ambiente de segregación y de humillación constante por parte de quienes, por mandato legal, tienen la obligación de actuar en su defensa”.