El Gobierno reforma la Ley de Seguridad Nacional

La Ley de Seguridad Nacional se renueva para dar respuesta a situaciones de crisis. La pandemia de la Covid-19 puso de manifiesto algunas carencias del sistema y la necesidad de atender un mandato que la propia ley ya preveía en su redacción de 2015. En la Disposición Final 3ª reconocía de manera expresa que la presente regulación era insuficiente. De este modo, se daba un plazo de 12 meses para actualizar la norma, pero han tenido que pasar siete años y una pandemia inédita, para que el Consejo de Ministros respondiera a la exigencia de completar el régimen jurídico de la contribución de recursos a la seguridad nacional.

Se trata de una modificación puntual, que no afecta al contenido esencial de la ley actual ni toca derechos fundamentales, y que tiene por objeto regular, de manera completa y sistemática, la «contribución de recursos a la seguridad nacional». Esto es, los recursos de primera necesidad y de carácter estratégico que necesita el Estado para gestionar una situación de crisis como la del coronavirus, para evitar que se produzcan desabastecimientos similares a los que ocurrieron con las mascarillas y otros materiales sanitarios al comienzo de la pandemia. El Gobierno podrá así conocer con exactitud, y en cada momento, con qué medios públicos y privados cuenta si se declara una situación de interés para la seguridad nacional. La operativa también permitirá agilizar los procesos y asegurar una movilización de esos recursos de manera eficiente e integrada.

La contribución de recursos se realizará, además, en coordinación con las comunidades autónomas, que colaborarán con sus medios humanos y materiales al catálogo de recursos e intervendrán en las fases de planificación y gestión de estos recursos. En concreto, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, explicó que en este catálogo se van a incluir los datos de recursos humanos, los medios materiales, las instalaciones y todos los activos que puedan ser importantes a la hora de gestionar una situación crítica. También se regulará la participación del sector privado en la contribución de estos recursos.

La reforma incluye importantes previsiones como la elaboración de «planes de preparación y disposición», así como su puesta a prueba mediante ejercicios que permitirán testar la fluidez de los mecanismos de coordinación, las comunicaciones y el grado de eficacia de la actuación conjunta en la gestión de crisis. También otorga la facultad al Consejo de Seguridad Nacional de activar preventivamente esos planes, para que, una vez declarada dicha situación, se pueda disponer de forma ágil e inmediata de los recursos necesarios. Algo clave, con la experiencia de la compra de suministros sanitarios durante la pandemia es la novedad de elevar a rango legal la «Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial» (RECAPI), creada para reducir la dependencia española del exterior en recursos de primera necesidad o de carácter estratégico. Ahora será gestionada por un órgano de nueva creación: el Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica.

Para la redacción del texto se ha hecho un trabajo desde todos los departamentos del Gobierno, pero sobre todo se ha mantenido un debate en el seno de las Conferencias Sectoriales. Tras su paso por el Consejo de Ministros, donde se aprobó ayer en segunda lectura, llegará al Congreso, donde la vocación del Ejecutivo es que cuente con el consenso de los partidos mayoritarios, por tratarse de una ley de Estado, que requiere del concurso de todos.