Duras críticas de la Asociación de Fiscales a la reforma “silenciada” del PSOE para “beneficiar” a Delgado

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, considera “inaceptable” que el PSOE pretenda “premiar” a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con un ascenso a la categoría de fiscal de Sala cuando deje el puesto a través de una modificación de ley concursal “apresurada y silenciada”. Así lo pone de manifiesto en un comunicado en el que critica con dureza la enmienda socialista al proyecto de ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal que supondría la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar que al abandonar el cargo quien esté al frente de la Fiscalía General del Estado se sitúe en el máximo escalafón de la carrera, el de fiscal de Sala (que Delgado no ostenta).

La asociación que preside Cristina Dexeus censura que se pretenda introducir “una modificación de tal calado, sin publicidad y hurtando de toda posibilidad de alegación al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial, así como a las asociaciones de fiscales y en general, a toda la carrera fiscal”. Esa reforma subraya, y sobre todo la forma de llevarla a cabo, denota en su opinión “el interés en beneficiar directamente a la actual fiscal general del Estado, dándole una salida al cese de su mandato, creando, en definitiva, una solución ad hoc, que no puede ser la finalidad última de una norma”.

El ascenso a fiscal de Sala del fiscal general cuando cese en el cargo si no ostenta tal categoría es una modificación legal que, hace hincapié la AF, “requiere de una profunda reflexión, que no se ha producido, sobre los requisitos para ser nombrado fiscal general”. Pero la propuesta socialista, mantiene, supone un “premio” para la fiscal general y deja en manos del Gobierno de turno “la conformación de la primera categoría de la carrera fiscal, pues directamente puede promover a un fiscal a su máxima categoría”, Además, añade, “no resuelve el destino” del fiscal general, “pues la categoría no supone una plaza en concreto”.

Ya lo intentó en 2018 como ministra de Justicia

En 2018, siendo ministra de Justicia, Delgado “intentó incluir una previsión idéntica” en el proyecto de Reglamento de la Carrera Fiscal -recuerda la asociación-, lo que provocó una “unánime reprobación por considerar que una reforma de tal calado no debía introducirse a través del reglamento sino por reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”. Y es que la conveniencia o no de ese ascenso, recalca, es una cuestión “íntimamente ligada a los requisitos para ser nombrado fiscal general del Estado, de lo que se nos está privando actualmente”. Ni la Asociación de Fiscales ni el Consejo Fiscal, señala, mostraron “en ningún momento” su conformidad con tal extremo.

En su escrito, la AF recuerda que el pasado enero remitió un escrito a la ministra de Justicia en la que reclamaba las reformas que recomendaba el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) con el objetivo de “aumentar la autonomía” del Ministerio Fiscal, para lo que juzga de “imperiosa necesidad” la reforma del Estatuto Orgánico, “no ya para ascender al fiscal general, sino para separar absolutamente el Ministerio Fiscal del Gobierno y para limitar el poder del fiscal general”.

Y es que la enmienda socialista -señala- se justifica en la necesidad de adaptar el estatuto que regula el funcionamiento del Ministerio Fiscal al segundo informe de cumplimiento de la IV Ronda de Evaluación del GRECO, fortaleciendo la autonomía e independencia del fiscal general. Pero para la asociación, “dicha afirmación no es cierta”, pues ese informe recomienda, por ejemplo, “reconsiderar el método de selección y duración del mandato del fiscal general”, modificando la forma de elección para que “goce de mayor independencia” y su mandato “no esté ligado al del Gobierno”. “Lamentablemente, este aspecto tan relevante no es objeto de tratamiento en la enmienda presentada”, denuncia.

“Elevado riesgo de injerencia” del Gobierno

El GRECO también insta, entre otras cuestiones, -añade la AF- a aumentar la autonomía financiera de la Fiscalía y a apostar igualmente por una mayor autonomía en la formación de los fiscales, actualmente dependiente del Ministerio de Justicia, extremos sobre los que tampoco se pronuncia la enmienda. Del mismo modo, continúa, se recomienda la constitución de la Comisión de Ética Fiscal, que “ha sido suspendida unilateralmente por la fiscal general del Estado, lo que ha sido recurrido por la Asociación de Fiscales”.

La agrupación mayoritaria de la carrera también critica que la reforma ampare que el fiscal general “se pueda dirigir por su propia iniciativa al Gobierno para informar, no sólo sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, sino sobre asuntos concretos que el Gobierno deba conocer”. Una previsión que, alerta, “supone un elevado riesgo de injerencia en la Justicia por el Gobierno por la absoluta ausencia de concreción” de los supuestos en que se deba facilitar esa información”.

Y eso no obsta para que reconozca que, dado que el GRECO recomienda clarificar la comunicación entre el fiscal general y el Gobierno, para garantizar la transparencia y la publicidad, el hecho de que la reforma imponga la forma escrita para esas comunicaciones “constituye un avance”.