La principal asociación de fiscales lleva a la Audiencia a Delgado por paralizar la Comisión Ética

La puesta en marcha de la Comisión Ética Fiscal nace con polémica. Tras la denuncia de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ante la Junta Electoral al considerar que la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) había vulnerado las normas reguladoras del proceso electoral por pedir el voto para sus afiliados -una queja que la Junta finalmente desestimó-, es ahora esta última la que ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional la decisión de Dolores Delgado de paralizar sine die el plazo para la constitución de la citada comisión.

La fiscal general del Estado -a quien la Asociación de Fiscales ya llevó a los tribunales por negarle el expediente de la investigación al fiscal Ignacio Stampa- adoptó esa decisión el pasado 7 de febrero al objeto impulsar un proceso para elegir al séptimo integrante de la comisión a través de un proceso basado “en los principios de transparencia, publicidad y participación”.

Pero para la asociación que preside Cristina Dexeus, este paso no se ha comunicado a la carrera ni “se ha publicado convocatoria alguna ni se conocen los órganos encargados de sustanciar y resolver tan proceso”. Y es que, subraya en un comunicado la AF (que ha copado la mayoría de los miembros electos de este organismo de nueva creación), la fiscal general “carece de manera absoluta de competencia no ya para suspender la constitución de la comisión, que por supuesto, sino también para la designación del miembro no fiscal” de esta comisión, encargada de velar por el cumplimiento del código deontológico por parte de la carrera fiscal.

Una Fiscalía General “envuelta en polémicas”

La asociación conservadora hace hincapié en que, muy al contrario, según el reglamento de funcionamiento de la institución es a la propia Comisión de Ética Fiscal a quien corresponde elegir, una vez constituida, a ese integrante al margen de la carrera. Todo para, recalca, “asegurar la independencia absoluta” de la comisión “respecto de los centros de poder”.

De ahí que se queje que esta suspensión por tiempo indeterminado está únicamente a expensas de la voluntad de Delgado de convocar el anunciado proceso participativo, lo que les obliga a confiar en “las buenas prácticas de una Fiscalía General del Estado permanentemente envuelta en polémicas”. La asociación exige la “inmediata constitución” de este organismo.

En el decreto, Delgado alude a que pese a que la proclamación de candidatos electos ya era firme, estaban pendientes de resolver dos recursos ante la Junta Electoral sobre posibles infracciones electorales por los correos remitidos a sus asociados por la Asociación de Fiscales (informándoles de los integrantes de la AF que concurrían a los comicios) y por los que remitieron a sus compañeros dos de los candidatos, los fiscales Marta Valcarce y Antonio Mateos.

La Junta Electoral descartó que la AF reclamara el voto

Pero la Junta Electoral resolvió las denuncias interpuestas por la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales Inés Herreros, que consideraba que esas actuaciones habían comprometido el principio de igualdad de los candidatos, y por Salvador Viada, presidente de Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), quien se quejó de que se no se dio traslado a su asociación de las bases para la votación antes de pasar por el Consejo Fiscal y de que se había perjudicado en el proceso de elección a los candidatos no asociados.

Pero en una resolución del pasado día 4, la Junta Electoral concluyó que la Asociación de Fiscales se limitó a ejercer su derecho de asociación al remitir “una comunicación estrictamente dirigida a los asociados” que “no puede ser objeto de reproche alguno” dado que no iba dirigida de forma inequívoca “a reclamar el voto para los candidatos de la AF” sino, sobre todo, al “todo el cuerpo de electores” por lo que “difícilmente puede ser calificada como campaña electoral en sentido estricto”.

La Junta también avaló, aunque no de forma unánime, el correo remitido por la fiscal Valcarce al considerar que “no ejerció un acto de propaganda electoral, limitándose a animar a votar”. No así el que envió el fiscal Antonio Mateos, que sí calificó de “acto de propaganda electoral fuera de plazo”.