La Fiscal General Europea advierte a Delgado de que dividir el ‘caso Ayuso’ es un “desafío” a la UE

La máxima representante del órgano tacha la decisión de España de preocupante porque afecta a la supremacía del derecho comunitario

El choque de trenes entre la Fiscalía española y la europea parece no haber terminado. La Fiscalía Europea se ha pronunciado en un duro comunicado este miércoles tachando de “desafío” la decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de que el grueso de la investigación sobre los contratos vinculados al hermano de Isabel Díaz Ayuso se quede en Anticorrupción. Delgado desgranó el asunto de forma que en España se siguieran investigando los delitos de tráfico de influencias, falsedad de documentos o negociaciones prohibidas entre funcionarios públicos -por entender que se cometieron en suelo español- y Europa siga con la malversación y el fraude que cree que puede haberse cometido porque los fondos con los que se pagó la compra de mascarillas que está bajo la lupa fueron comunitarios. Ahora, la Fiscalía de la Unión Europea (UE) acusa a la fiscal general española de ser “parcial”.

En la nota emitida en su página web, la alta representante del Ministerio Público europeo hace constar su preocupación porque no quepa recurso sobre el decreto en el que Delgado determinó esta división entre el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y la fiscal delegada europea Concepción Sabadell. Esta última quería quedarse con toda la causa sobre el contrato de mascarillas de 1,5 millones de euros que la Comunidad de Madrid realizó durante la pandemia porque entendía que estaban conectados los delitos cometidos en suelo español y los que ella quería revisar.

La Fiscalía Europea “ha tomado nota” del consenso por el que la Junta de Fiscales expresó que el asunto tenía que quedarse en Anticorrupción y considera que “esta decisión no se ajusta a la legislación de la UE y continuará su investigación”. En esta ocasión la nota emitida apunta muy alto en las instituciones comunitarias porque es de la propia Fiscal General Europea, Laura Codruţa, que expresa “su preocupación por el procedimiento que condujo a la decisión” de Delgado.

Indica que “la decisión se ha tomado sin escuchar a ambas partes en el conflicto de competencias durante la reunión de los Fiscales de Sala”. El jefe de Anticorrupción sí formó parte del cónclave que se celebró el pasado lunes por ser fiscal de la más alta categoría de la carrera, no así la fiscal delegada europea por lo que su voz no se escuchó en esa reunión.

El hecho de que el decreto final, resultado de la Junta de Fiscales, no prevea recurso alguno “impide que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ejerza su mandato exclusivo de garantizar la correcta interpretación de la UE y, por lo tanto, constituye un desafío a la supremacía del derecho de la UE”, dice el comunicado. Esta es la segunda vez que la Fiscalía Europea se pronuncia en este asunto. La primera, lo hizo precisamente antes de este reunión para recordar que orgánicamente esa Fiscalía está por encima como cualquier órgano europeo superior. Sin embargo, el Reglamento en el que se regulan las funciones prevé que el conflicto lo resuelva la fiscal general del Estado aunque abre la puerta al TJUE.

En un decreto que firmó la propia Delgado el lunes por la noche explicó que -como habían acordado todos los fiscales de Sala por unanimidad- la causa sí podía partirse porque aunque los delitos tenían conexión entre sí, esto no los hacía indivisibles. Así que podían continuar de forma paralela. La Fiscalía Europea ya ha abierto diligencias y se lo ha comunicado a la Audiencia Nacional que ha nombrado como juez de garantías a Alejandro Abascal para que arbitre las diligencias.