El juez archiva el caso de un trabajador de prisiones acusado de una agresión al incautar un móvil a un preso

Unos meses después del confinamiento una pareja se presentó en la cárcel de Estremera de Madrid para pedir que, por favor, quitaran el móvil a un preso que no paraba de acosarlos. Teniendo en cuenta que los internos no pueden tener teléfonos en sus celdas, el asunto merecía una investigación interna. Pero ésta terminó volviéndose en contra de un funcionario de prisiones que indagó y fue acusado de maltrato por el interno. El caso, que fue remitido por el Ministerio del Interior a un juzgado penal, ha quedado en nada porque el juez no considera ni “mínimamente” acreditado que se produjera agresión alguna.

El episodio se inició cuando un hombre y una mujer se plantaron en uno de los centros penitenciarios más grandes de la capital para interponer una denuncia porque un preso estaban recibiendo amenazas de muerte desde el interior. Allí no se podía poner denuncia alguna, les dijeron los funcionarios, pero con una acusación tan grave pasaron a indagar. Los dos jefes de servicio que se encontraban ese día de noviembre acudieron a la celda del señalad, de quien habían dado nombre y apellido, y comprobaron que, efectivamente, tenía un smartphone, unos cascos y un cargador de móvil, según el relato de los presentes.

Los dos jefes de servicio tomaron testimonio al hombre y, luego, lo trasladaron de módulo. Pusieron el móvil en un sobre y lo dejaron en las dependencias de Estremera para dar cuenta al director de la cárcel de lo ocurrido. Pero la causa viró en contra de uno de los funcionarios, cuando, en un segundo interrogatorio, el preso aseguró que L.P. le había pegado tras incautar el móvil.

Este incidente está cercano en el calendario a otro episodio de presuntas agresiones en la cárcel que fue mucho más conocido y también terminó judicializado. Entre otras cosas, porque incluso el Comité Europeo para la prevención de la Tortura, que depende del Consejo de Europa, intervino en este asunto para poner la lupa sobre la supuesta paliza que siete trabajadores de la misma cárcel propiciaron a un preso por un episodio con un televisor.

Con este telón de fondo, trabajadores de la cárcel consultados explican que el aire esos días era irrespirable y que, además, todo esto derivó en un enfrentamiento entre la plantilla y el director de la prisión a quien acusaban de no defenderles. Un clima de crispación que persiste hasta hoy, según dichas fuentes, que señalan el número de funcionarios que se mueven anualmente de la cárcel como síntoma de la mala gestión de la dirección. Este año, según los datos recabados por los sindicatos, 184 trabajadores se han marchado de Estremera siendo la prisión con más éxodo de todas. Desde Instituciones Penitenciarias siempre han negado un problema con el director y lo enmarcan en factores externos de la cárcel como la lejanía de la capital.

El propio jefe de servicio investigado concursó al siguiente año para cambiar de prisión. Desde entonces, el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 1 de Arganda del Rey ha realizado las comprobaciones pertinentes por un supuesto delito de lesiones leve de L.P, cuya defensa ha corrido a cargo del bufete Durán & Durán abogados . A pesar de que en el parte de asistencia por lesiones que la enfermería del centro realizó al preso entonces, y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, quien le atiende refiere que no “se objetivan lesiones físicas”. Pero el propio interno quiso seguir adelante con la denuncia.

En un auto del pasado 28 de marzo, el juez David Pérez-García Patrón expone: “En efecto el denunciante interno en Centro Penitenciario Madrid VII manifiesta que el 1 de noviembre de 2021, el denunciado (funcionario de prisiones) entró en su celda y, tras incautarle un teléfono, le amenazó y le agredió. Sin embargo ninguno de estos extremos ha sido mínimamente corroborado por ninguno de los testigos que han declarado ni tampoco existe otro indicio de los hechos que se denuncian”. Así que archiva de forma provisional el procedimiento.

Los siete de Estremera a juicio

El caso que sí sigue adelante es el de los siete trabajadores que, según se grabó por las cámaras de la prisión, dieron una paliza a un preso. Hace justo un año iban a ser juzgado por un delito leve de lesiones, pero la Fiscalía pidió que se transformara el procedimiento en una investigación penal y se tomara declaración a todos ellos. Fuentes del procedimiento explican que en este tiempo ya se ha terminado la instrucción y el caso está a la espera de fecha de juicio.

El Ministerio del Interior remitió también a un Juzgado de Aranda -competente para los asuntos del centro penitenciario- el expediente en el que el recluso presentaba hematomas en los glúteos, piernas y plantas de los pies. El incidente comenzó cuando el hombre no pudo acreditar con los papeles reglamentarios en prisión de que era el dueño de un televisor que tenía en su celda.