“Caso Pegasus”: Moncloa congeló hace un año la apertura del secreto

La oportunidad política del compromiso que ha renovado estos días el Gobierno de coalición con la transparencia choca con la gestión legislativa de su anuncio de una reforma de la ley de secretos oficiales, que es anterior a la democracia. El Ejecutivo se ha envuelto en el mantra de la transparencia para protegerse y justificar ahora la entrada de ERC y Bildu en la comisión de secretos oficiales, un movimiento político que no sirvió para facilitar el apoyo de los independentistas catalanes al decreto económico de medidas frente a la inflación ni tampoco para convencer al secesionismo sobre la legalidad de las intervenciones en sus móviles, que ayer reconoció en la comisión parlamentaria la directora del CNI, Paz Esteban. La transparencia es también el argumento que ha esgrimido Presidencia para justificar la decisión de hacer pública la injerencia «externa» en los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Sin embargo, el expediente de Moncloa pone en cuestión este compromiso del Gobierno con la apertura de las «ventanas», y así se lo han recordado estos días sus socios a varios ministros.

Con las explicaciones que ahora esgrime el Gobierno para justificar las actuaciones dirigidas a apaciguar a ERC choca el hecho de que este anhelo de «limpieza» y «claridad» no haya servido como elemento motivador para que rente en resultados la comisión que hace más de un año crearon los ministerios de Presidencia, Defensa, Exteriores e Interior para reformar la Ley de secretos oficiales, que data del año 69. Aquella decisión, anunciada, aunque hasta hoy no ha habido resultados conocidos, fue también consecuencia de un gesto hacia otro de sus socios, el PNV, con el fin de tapar el acuerdo PSOE-PP para mantener encallada la proposición de ley del Grupo Vasco para reformar esta legislación anterior a la democracia.

En materia de secretos oficiales, hasta ahora el PSOE se había comportado exactamente igual que el Gobierno de Mariano Rajoy, y había hecho uso del mismo «filibusterismo» parlamentario para impedir la admisión a trámite de una iniciativa del PNV que llegó a la Mesa del Congreso en enero de 2020. Así, esta transparencia, con la que intentan en estos días poner sordina a las acusaciones de utilizar la seguridad nacional para interés de partido, no ha servido para que avancen en la definición de un proyecto que termine con una ley anacrónica en su redacción, y en la que no hay un plazo de vencimiento de la clasificación de materia reservada. En su propuesta el PNV planteaba entre 25 y 10 años, según la materia, y el Gobierno comunicó en verano del 21 que ellos se inclinaban por no contemplar la desclasificación automática, pero sí plazos diferentes según el grado de protección.

En el pulso dentro de la coalición, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abogó el miércoles, en una entrevista con Ana Pastor en «El Objetivo», en la Sexta, por una reforma de la ley de secretos oficiales ante el espionaje. «La democracia no tiene que tener miedo a saber». También pidió autocrítica a los partidos, pero, atendiendo a los antecedentes, y a las competencias del Gobierno de coalición al que pertenece, esa autocrítica a quien primero debería planteársela es al Consejo de Ministros del que ella forma parte, y que no ha ejecutado su anuncio de marzo del año pasado de reforma de la ley de secretos oficiales. Aquella comisión presidida por la vicepresidencia primera, e integrada por representantes de los ministerios antes citados, empezó a reunirse para poner en común las necesidades de cada departamento en materia de clasificación y hacer un estudio comparado de la legislación internacional, según confirmaron fuentes oficiales.

En medios independentistas ya empezaban, por entonces, a tener información de las denuncias en las que trabajaba la plataforma Citizen Lab sobre el espionaje a personas vinculadas con ellos: el informe de abril es el que ha abierto esta crisis al Gobierno de coalición, poniendo en jaque la estabilidad parlamentaria, pero la Generalitat ya sabía de él. Los vínculos del independentismo con este laboratorio de la Universidad de Toronto hacen pensar que la denuncia la han utilizado para agitarla políticamente en el momento que más les beneficiaba.

Esta crisis tiene un efecto rebote en la Legislatura de consecuencias no calculables. No hay mayoría alternativa y la decisión de convocar elecciones está en manos del presidente Sánchez. Pero este accidente en la convivencia entre los socios de investidura es mucho más grave que los anteriores porque no tiene marcha atrás.

El ciclo electoral está en marcha y lo que le espera a Sánchez, de aquí a las generales, es un cada vez mayor alejamiento de los partidos que le sostienen en el gobierno. Con Podemos al frente de este giro porque los morados necesitan reivindicarse más a la izquierda, y autónomos, ante unas citas electorales en las que las previsiones demoscópicas no les acompañan. Esto hace que no se descarte incluso la posibililidad de que cuando estén más próximas las elecciones, Podemos salte del Gobierno para intentar concurrir a las urnas sin el peso de las moquetas.