El Gobierno no contempla que el CGPJ haga «política» y bloquee el Constitucional

El Senado aprueba hoy la reforma «exprés» del Poder Judicial para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional y eleva la presión sobre el CGPJ para que proceda cuanto antes a activar los mecanismos para su desbloqueo. Tanto es así, que la iniciativa a la que dará luz verde la Cámara alta establece –en una enmienda de última hora– un horizonte temporal específico para culminar el proceso: el 13 de septiembre. Esto es, el Consejo General del Poder Judicial tendrá menos de dos meses para designar a los dos magistrados del TC que le corresponden en esta renovación, que –junto a los dos a iniciativa del Gobierno– permitirán que la mayoría del tribunal de garantías pase a ser progresista.

Tras las reticencias infinitas del PP a promover la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el Ejecutivo maniobró hace semanas con una autoenmienda a su propia reforma, que PSOE y Podemos plantearon hace un año, para que el CGPJ no pudiera hacer nombramientos en funciones. Ahora, sí podrá hacerlo, pero limitados a los dos jueces del TC sin los que el Ejecutivo no podría emprender en solitario la renovación del tribunal de garantías. Limitar las atribuciones del CGPJ se concibió en un principio como un elemento de presión a los populares para llegar a un acuerdo, pero se ha acabado convirtiendo en una trampa para el Ejecutivo y ahondando en el colapso de la justicia, que acumula más de 60 vacantes judiciales por cubrir. Tanto la reforma como la contrarreforma contaron con el rechazo del CGPJ, que no tiene incentivos para acometer los cambios.

Tal como publicó ayer este diario, fuentes del CGPJven «altamente improbable» que la renovación se pueda realizar antes de septiembre. El órgano de gobierno de los jueces se reunirá mañana en un Pleno ordinario, pero las citadas fuentes consideran imposible incluir los cambios en el mismo, por lo que habría que esperar hasta el siguiente pleno, el de septiembre. «Desde luego no a ser inmediato, por mucho que se empeñe el Gobierno», aseguraban a LA RAZÓN. Ante esta actitud, en el Ejecutivo responden tajantes que cuentan con que el próximo 13 de septiembre el relevo ya se haya producido.

De no hacerlo, entienden que el CGPJ adoptaría «un posicionamiento político» de oposición al Gobierno y provocaría un choque entre poderes. Algo que no contemplan. «Estamos seguros de que cumplirán, el CGPJ no hace política», señalan desde el Ejecutivo. En Moncloa siguen sosteniendo que la renovación del Tribunal Constitucional se podría haber impulsado sin el concurso del CGPJ, esto es, haber nombrado a los dos magistrados que corresponden al Gobierno en solitario. Una iniciativa que, sin embargo, se ha evitado para garantizar la solvencia jurídica del proceso.

En el Ejecutivo mantienen el tono duro respecto al PP, al que acusan de «secuestrar» el Consejo General del Poder Judicial, que casi va a doblar su mandato en funciones. En Moncloa, no obstante, asumen que la renovación del CGPJ es prácticamente «imposible», porque quien la tiene «en sus manos» son los populares y ya aseguraron que «nunca» lo facilitarían, si el Gobierno no retiraba la reforma que hoy se aprueba. En este sentido, la percepción que trasladan desde Génova al Ejecutivo es que el bloqueo no les genera ningún coste político, porque creen que en un año ganarán las elecciones y serán ellos quienes estén en el poder. «El PP ha demostrado que no tiene intención de renovar el Consejo General del Poder Judicial y, lo que es más grave, que no tiene intención de cumplir con la Constitución», señaló ayer la ministra de Justicia, Pilar Llop, que, ante esta realidad, defendió que «el Gobierno actúa» en los marcos del Estado de Derecho. « Si piensan que están haciendo oposición al Gobierno, lo que están haciendo es perjudicar a la justicia por el retraso por las vacantes», destacó Llop.