Un respiro para “Los Alcántara”

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado que sea la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, la que determine si los archivos incautados en 2016 al despacho Nummaria -situado en el epicentro del supuesto fraude fiscal de Imanol Arias, Ana Duato y más de 40 clientes particulares y empresas- fueron manipulados o destruidos por la propia ONIF, como mantiene el abogado y asesor fiscal Fernando Peña, principal responsable del despacho.

Peña -para quien la Fiscalía pide casi 300 años de prisión en la causa en la que se investiga la supuesta defraudación de Hacienda de los protagonistas de “Cuéntame”-, denunció por falsedad documental a la exinspectora jefe de la ONIF, Margarita García-Valdecasas, una investigación que está instruyendo el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Sobre la mesa, la posible manipulación de más de cinco mil archivos que denuncia Peña, que cuestiona la cadena de custodia de esos documentos claves para inculparle en el “caso Nummaria” que se instruye en la Audiencia Nacional desde hace seis años y que en la actualidad está aún a la espera de juicio.

Con la intención de esclarecer si esos archivos fueron manipulados, el instructor ordenó el pasado 10 de marzo a la propia ONIF la elaboración de un informe pericial “que acredite si los ficheros aportados en el proceso han sido manipulados en relación con los que han sido captados en el registro y volcado o, por el contrario, no se han producido manipulación alguna, conteniendo exactamente la misma información que los que han sido obtenidos en el registro y volcado”.

“Análisis del listado de huellas” de los ficheros

Para ello, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid instaba a la oficina antifraude a efectuar un “análisis del listado de huellas de cada uno de los ficheros intervenidos en la diligencia de entrada y registro” en abril de 2016.

Peña recurrió esa decisión al entender que no le corresponde a la misma ONIF, cuya actuación respecto al tratamiento de esos archivos cuestiona, investigar si fueron o no manipulados. Ahora, tal y como adelantó The Objective, la Audiencia Provincial de Madrid le da la razón y en una resolución del pasado 21 de junio, a la que ha tenido acceso este periódico, anula -en contra de la decisión de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que defiende los intereses de Hacienda en el pleito- la decisión del magistrado.

Tras relacionar las competencias que la normativa tributaria otorga a la ONIF, la Sala constata que no le corresponde “ninguna atribución relacionada con el ejercicio de funciones periciales”. De ahí que opte por estimar el recurso de Peña, instando al instructor a designar “el organismo” que ha de hacerse cargo de la realización de ese informe pericial.

La Fiscalía pide prisión para Imanol Arias y Ana Duato

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Ana Duato e Imanol Arias 32 y 27 años de prisión, respectivamente, por la supuesta comisión de media docena de delitos fiscales (uno más en el caso de la primera) entre 2010 y 2017 al haber utilizado una compleja estructura societaria creada por el despacho de abogados Nummaria para ocultar para de sus ingresos a Hacienda, fundamentalmente los obtenidos por su participación en “Cuéntame cómo pasó”. El Ministerio Público pide además 18 años de prisión para el marido de Duato, Miguel Ángel Bernardeau.

En su escrito de acusación de marzo de 2020, el Ministerio Público cifró en 2,7 millones la cantidad supuestamente defraudada en el IRPF por Imanol Arias entre 2009 y 2015, de los que en esas fechas había devuelto a la Agencia Tributaria 2,3 millones. En el caso de Duato, el montante que habría defraudado supondría 1,9 millones en los ejercicios de 2010 a 2017, habiendo devuelto al fisco 838.161 euros hasta ese momento.

Para Anticorrupción el único objetivo de la estructura societaria de Nummaria, que formaban un mínimo de 22 empresas, seis comunidades de bienes, una SICAV y una fundación, era “evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta le genera”. En el extranjero, continuaba el relato del fiscal, “para ocultar parte de su patrimonio y las rentas generadas” contaba con sociedades en Suiza, Costa Rica, Portugal y Panamá, Reino Unido, Canadá, Uruguay y Luxemburgo. De hecho, mantiene que Peña controlaba “múltiples sociedades en número superior a doscientas” que empleaba supuestamente “tanto para facilitar la opacidad de las operaciones del despacho” como para ponerlas a disposición de sus clientes para ocultar sus rentas a Hacienda.