Rebeca Argudo
El fraude del relato del fraude
Confirmaba el Tribunal Supremo la sentencia de los ERE, ratificando así la responsabilidad de José Antonio Griñán y de Manuel Chaves en la concesión de hasta 680 millones en ayudas fraudulentas a lo largo de más de una década. Si algo queda claro con esta sentencia, además de la corrupción del PSOE, es su habilidad para la fabulación y su desprejuiciada ausencia de decoro: apenas anunciado el fallo, no dudaba su secretario general en Andalucía, Juan Espadas, en calificar a los dos expresidentes condenados como «personas honorables» y al brutal fraude como «procedimiento que perseguía un fin social».
El uso del eufemismo elevado a arte. Por si esto provocaba poco sonrojo, Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional y actual portavoz nacional del PSOE, se esmeraba en resaltar que este «mecanismo» que logró salvar empleos fue aprobado en el Parlamento andaluz con los votos del PP. Le ha faltado decir abiertamente que la culpa fue de aquellos, como siempre y como todo el mundo sabe, y que ellos se vieron obligados a estafar. Como si pensara la señora Alegría que una mayoría de votos es una patente de corso para delinquir libremente. O como si esa mayoría parlamentaria legitimase la trampa, la creación de una red clientelar que les aseguraba ese voto cautivo tan goloso.
Parece, escuchando a Espadas y a Alegría, que entre las filas socialistas hay dos máximas, casi axiomas para ellos: que relato mata a dato (y no al revés) y que ellos deben ser juzgados por la mejor de sus intenciones mientras el resto debe serlo por el peor de sus errores. Solo así se entiende que un adulto con responsabilidades públicas pueda salir y defender en público, sin sonrojo ni balbuceo, ante una sentencia firme como esta que lo que ha quedado demostrado es que «en ningún caso el PSOE se ha financiado de manera ilegal». Y quizá tenga razón en que no lo ha hecho directamente, pero sí, y mucho, de manera indirecta. Porque con lo que ellos denominan «mecanismo» o «procedimiento» mediante el cual garantizar unos ingresos mínimos a los afectados por expedientes de regulación de empleo (¿quién podría estar en contra de ayudar a desempleados?) lo que en realidad conseguían es establecer una red clientelar con cargo al erario público que, sin duda alguna, a quien beneficiaba era al PSOE andaluz y personas de su entorno. Y, por supuesto, a las honorables personas a las que ahora se ha condenado.
Así pues, con la ratificación del Supremo calentita por un lado y las declaraciones de los socialistas por otro, lo que parece (parece que quieren que parezca) es que hay dos tipos de corrupción: la buena y la mala. La primera, la suya, ni es corrupción ni es nada. Apenas fruslería. Y luego está la mala, la de los otros, que esa sí es grave y es la que hace pupita. El mayor caso de corrupción de las últimas décadas en España no sería, por lo tanto, más que un pequeño equívoco, una leve irregularidad. Que enriqueciera a unos cuantos y perpetuara en el poder a otros no es más que un efecto secundario al que no debería prestarse atención, un resultado colateral que no pasa de curiosidad. La intención, el mejor de los deseos de honorables trileros vestidos de Armani, eso es lo importante. Y quizá, démosles un poco de tiempo, hasta les hace merecedores de indulto. Pensar lo contrario, interpretar lo ocurrido como la estafa que es, es propio de miserables. Al fin y al cabo, son ellos los que luchan contra las fake news, ¿no? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde?
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