Cumplir la ley, aunque no guste

El culebrón incesante de la renovación del Tribunal Constitucional amenaza con no dejarnos este agosto. El presidente del Gobierno lo dejó claro a principios de semana: el Gobierno nombrará a dos jueces y espera que el Consejo General del Poder Judicial haga lo propio nombrando a los dos que le corresponden, tras la ley que modificó el Gobierno para romper el bloqueo. Ahora, el mando judicial amenaza con tensionar la cuerda y augura un enfrentamiento con el Ejecutivo.

Debe ser cosa de los calores del verano, pero en la Casa Grande de los Jueces deben tener claras varias cosas y hacer una reflexión profunda porque el bloqueo ha llegado a unos límites que no son asumibles para el Ejecutivo. El Gobierno quiere llevar adelante, y los llevará, los nombramientos antes del 13 de septiembre. Lo hará porque en este tema no tiene nada que perder. Más bien al contrario. El Ejecutivo quiere tener la mayoría progresista a la que tiene derecho para hacer realidad el mandato de las urnas, y el desgaste del bloqueo no aporta votos. Ni tampoco los hace perder.

Además, la justicia en España no pasa por su mejor momento. Las razones son muchas y variadas, pero el poder judicial no es uno de los valores mejor valorados en nuestra democracia. Que los jueces deban nombrarse de forma corporativa, que para el actual CGPJ es una verdad irredenta, y que el PP defiende a capa y espada, no es bien acogida por el electorado progresista que ha visto en la posición de populares y jueces una acción coordinada para seguir controlando el Constitucional y el Supremo.

El Gobierno ha fallado en su intento en varias ocasiones intentando llevar la renovación a un pacto con el PP que le ha salido rana y, lo peor, lo ha dejado en mala situación ante los socios europeos. Además, los populares han tirado tantas veces de excusas para la renovación que ahora ya no sirven para mantener el bloqueo. No sirven ante los ciudadanos, porque ni el PP apuesta por un órgano de los jueces inmaculado, ni el PSOE está en una deriva chavista para ejercer su derecho a nombrar a nuevos miembros del Tribunal.

Como les decía, el culebrón amenaza con llegar al 13-S en plena forma. Aunque ahora desde fuentes de la judicatura se apunta a un nuevo pulso, el CGPJ debe hacer respetar la ley, y sobre todo cumplirla. Hasta ahora no lo ha hecho. La incógnita es saber si tampoco cumplirá la ley. Es decir, si no nombrará a los dos magistrados a los que tiene derecho según la reforma exprés de la Ley Orgánica. Podrán estar en desacuerdo con la reforma impulsada por el ejecutivo, pero esa reforma fue aprobada con la mayoría suficiente por el Congreso y el Senado. ¿Qué hará el CGPJ? Negarse a cumplir la ley porque no le gusta. Seguirá el camino planteado por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de incumplir el decreto de ahorro energético.

En este país, tiramos mucho de hidalguía y nos ponemos muy flamencos sin analizar nuestras palabras. Ayuso, después de su bravuconada, ha ido rectificando poco a poco, guardándose un recurso que llevará al Constitucional. Cómo no. En este país, la política la dirimimos en los tribunales y evitamos la política. Mal consejo y mala praxis para la democracia. No quiero ser mal pensado, pero si la política dirime sus fuerzas en los tribunales, entonces se entiende la necesidad de controlarlos aunque sea a costa de que a los ciudadanos se les caiga la cara de vergüenza.

Ni el PP está en su derecho a bloquear instituciones del Estado, esas instituciones de las que se llena la boca cada día, ni el CGPJ tiene derecho a no cumplir una ley aprobada por mayoría por el poder legislativo. Los jueces están para hacer cumplir la ley y para aplicarse el cuento y cumplirla. Otro camino no es el correcto.