Las agresiones a policías aumentaron casi un 10% tras el año de pandemia

En 2021 se produjeron un total de 11.932 ataques a agentes entre Policía y Guardia Civil. Madrid despunta como la comunidad con más atentados contra la autoridad

La policía carga contra la manifestación celebrada este lunes en Madrid para condenar la brutal agresión que acabó este sábado con la vida del joven Samuel Luiz, de 24 años, en A Coruña
La policía carga contra la manifestación celebrada este lunes en Madrid para condenar la brutal agresión que acabó este sábado con la vida del joven Samuel Luiz, de 24 años, en A Coruña FOTO: Javier López EFE

El pasado año se contabilizaron un total de 11.932 agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento respecto de los 11.205 de 2020. Solo en la Policía -que es el cuerpo que con diferencia recibe más ataques- la subida fue de un 9% tras la pandemia. Madrid se lleva la palma de la estadística porque solo allí se registraron 3.298 casos.

Los datos los proporciona el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) que depende del ministro Fernando Grande-Marlaska y fueron facilitados a finales de julio en una pregunta parlamentaria del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. Destaca el abismo entre la Policía y el instituto armado: un 73,5% de las agresiones las reciben los de uniforme azul marino. En números absolutos, 8.812 ataques a la Policía y 3.120 a la Guardia Civil en 2021.

«Ocultarlas no se ocultan», explica sobre esta diferencia de cifras Francisco Pajuelos, portavoz de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), «el motivo puede ser que nuestro despliegue es más rural». La causa de la violencia, explican los consultados, suele endosarse al alcohol, el ocio nocturno y a las aglomeraciones. Algo que generalmente ocurre en núcleos urbanos donde operan las unidades de Seguridad Ciudadana de la Policía. «Sobre todo en situaciones donde la gente va pasada de alcohol, sustancias, peleas y reyertas», acuerda Pablo Pérez, portavoz del sindicato policial Jupol.

Y es por eso que no les extraña la gruesa cifra de Madrid. En el desglose por provincias, la capital (3.298) está muy por encima de la segunda en el ranking que es Valencia con 662 faltas a la Policía y 402 a la benemérita. «Es muy normal. Madrid concentra casi el 50% de la población policial, entonces lógicamente, tiene más índice de agresiones de lo que puede haber en el resto de España», aclara José María Benito, sindicalista de la Unión Federal de Policía (UFP).

En las autonomías que suben de las tres cifras repunta Andalucía: concretamente Sevilla (359 a Policías y 126 a Guardia Civil), Málaga (477 y 82 respectivamente) y Cádiz (358 y 105). Huelga decir que uno de los problemas más aquejados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad allí es el control de la droga. Las batallas en el Campo de Gibraltar contra narcotraficantes han provocado que el Ministerio del Interior creara en 2018 un Plan especial para esa zona.

Asimismo en el pódium se sitúa Alicante con 660 agresiones totales, mientras que en la parte de abajo de la tabla están el País Vasco y Cataluña. Lógico, confirma Pérez: «en esas zonas son Mossos, Guardia Urbana y Ertzaintzas los que ejercen la labor de seguridad ciudadana. Nosotros solo estamos para temas de policía judicial, documentación, extranjería...» Álava registra un 0; Guipúzcoa 8; Vizcaya 3; Tarragona 4; Lérida 3; Gerona 16 y Barcelona 14.

Prácticamente todos los lugares suman del 2020 al 2021. Los consultados explican que esto no se debe a que en el confinamiento no hubiera violencia («Durante la pandemia se dieron muchos casos de agresiones a policías de gente que incumpliendo las normas que había cuando les sorprendía no admitían las multas», dice Benito), sino a que la respuesta laxa a estos ataques hace mella. «Eso obedece a la sensación de impunidad que tienen los agresores. Una agresión a un policía normalmente se salda con una multa de 50 euros en un juzgado», explica Benito.

El Código Penal dedica todo un capítulo (IV de los delitos contra el orden público) a los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos. Las sancionen van desde multa hasta más de un año de cárcel, pero los consultados lanzan un dardo a los jueces. «Más que al Ministerio Público [el reclamo] es al poder judicial. Que las condenas sean más contundentes. Un atentado contra agente de la autoridad se suele rebajar a multas irrisorias y al final provoca un efecto llamada», remarca Pérez.

Cuando un agente está herido el protocolo pasa por acudir a un centro de salud para adjuntar el parte de lesiones a la denuncia que se interponga. Pero la falta de personal y medios, a veces, no ayuda. «Si los cascos de los compañeros antidisturbios están caducados cuando hay una carga los compañeros están desprotegidos», comenta Pajuelos que pone un ejemplo: «Un compañero en Granada por no tener funda de la pistola antihurto perseguía a un tío que estaba huyendo y este mató al guardia con su propia pistola. El malo pudo utilizar la pistola del guardia porque no tenemos funda de seguridad, la tenemos que comprar nosotros», dice. Los casos más mediáticos que tienen desenlaces fatales suelen hacerse públicos, pero los que cuentan en estas estadísticas no suelen trascender a la opinión pública aunque forman parte del día a día de las Fuerzas de Seguridad del Estado.