El incierto futuro de las aduanas de Ceuta y Melilla

Cuando se han superado los cinco meses desde que el Gobierno de España y la monarquía marroquí incluyeron en la ambiciosa hoja de ruta pactada en Rabat el «restablecimiento» de los «dispositivos adecuados de control aduanero», la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla sigue siendo un misterio. Aunque desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha dado siempre por hecho –aunque con un lenguaje calculadamente ambiguo– que serían una realidad más pronto que tarde, el Gobierno marroquí no se ha dado en público por aludido en todo este tiempo.

Los silencios son elocuentes en Marruecos, como han demostrado sus autoridades en momentos recientes de indisposición y también de buenas relaciones con España. No obstante, las autoridades del Reino lo rompieron a finales de la primavera pasada, y no para mostrar su entusiasmo por el proyecto precisamente. Fue el director general de Aduanas de Marruecos, Nabyl Lakhdar, quien prácticamente descartaba en una entrevista con el semanario TelQuel la posibilidad alegando falta de espacio para la infraestructura. Fue tal el revuelo en los medios españoles que el funcionario marroquí se vio obligado a matizar sus palabras, que no a corregirlas, horas después.

Lo cierto es que cuando Marruecos quiere hacerse presente, como ocurrió este jueves con la visita de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro a Rabat, no tiene inconveniente en hacerlo y destacar la «fuerza y la importancia de la cooperación marroquí-española en materia de seguridad e inteligencia». Recordemos que, sin previo aviso a las autoridades españolas, Marruecos cerró la aduana comercial de Melilla –creada a raíz de la independencia de Marruecos en 1956– en agosto de 2018 y puso fin al contrabando desde Ceuta en octubre de 2019.

Menos de seis meses después llegó la pandemia, y con ella el cierre de la frontera marroquí con las dos ciudades autónomas, que se prolongó durante dos años y dos meses por mor de las necesidades sanitarias primeros y la crisis diplomática después. Finalmente, el 17 de mayo pasado reabrían los pasos del Tarajal y Beni Ensar sólo para ciudadanos en posesión de pasaporte comunitario o con permiso para circular en el espacio Schengen. A partir del 31 de mayo pudo franquear las fronteras de las ciudades autónomas también el exiguo grupo de trabajadores transfronterizos con documentación en regla. El daño al tejido empresarial local ceutí y melillense ha sido innegable. El volumen de la actividad económica en torno a las dos ciudades autónomas y Marruecos se estimaba entre los 1.500 y los 2.000 millones de euros anuales, lo que permitía que vivieran de aquella decenas de miles de personas.

Obras en el Tarajal

A pesar del largo silencio de las autoridades de los dos países, hay indicios recientes de que el proyecto avanza, aunque no se sepa aún exactamente hacia dónde. La Consejería de Fomento del Gobierno de Ceuta se encuentra en plena concesión de los permisos para el inicio de la ejecución de las obras de la futura aduana en la frontera del Tarajal, confirman a LA RAZÓN desde la administración local.

Fuentes citadas por «El Faro de Ceuta» aseveraban esta semana que tanto la entrada en funcionamiento de la aduana comercial como la instalación de los sistemas para la nueva «frontera inteligente» marchan «a velocidad de crucero». Desde la propia Administración General del Estado, se recogía en el mismo medio, se espera que la nueva aduana esté lista en un plazo de «seis meses». Hace un mes, el citado medio local se hacía eco de las declaraciones de fuentes conocedoras de la negociación que aseguraban que «no se prevé una dimensión a gran escala, sino más bien algo de carácter fundamentalmente regional para regular el tránsito de productos entre dos regiones limítrofes pertenecientes a dos países distintos» con vistas, sobre todo, a que circulasen productos manufacturados y frescos.

En cualquier caso no han trascendido más detalles sobre las características de las nuevas aduanas. Tampoco se sabe cuándo la Administración del Estado tendrá listo el flamante Plan Estratégico para las dos ciudades autónomas que el Gobierno de Sánchez prometió para finales del pasado mes de junio. En el aire está no solo cómo y cuándo abrirán sendas aduanas, sino si el Ejecutivo de Sánchez, que anda con pies de plomo para no indisponer sus relaciones con Rabat, se decidirá por hacer ingresar a las ciudades autónomas en la Unión Aduanera y por poner fin a la excepción Schengen, que hasta la llegada de la pandemia permitía a los ciudadanos marroquíes empadronados en las provincias limítrofes –Tetuán y Nador– entrar en Ceuta y Melilla sin necesidad de visado.

Transcurrido medio año desde la normalización de relaciones con Marruecos, el balance para el Gobierno de España de la nueva etapa es modesto. Cierto es que la cooperación de Rabat con el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha permitido rebajar la presión migratoria en el Estrecho, pero siguen en el aire la mayor parte de grandes cuestiones pendientes.

Una de ellos es, indudablemente, la de Ceuta y Melilla, cuyo futuro económico y social sigue siendo incierto. Como el de unas aduanas que se evaporaron con el calor del verano.