Cerrojazo fronterizo con Marruecos

Dos años han transcurrido desde que Marruecos echara el cierre, sin consulta ni aviso previo, a sus fronteras terrestres con España con el objetivo de evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. 24 meses de fronteras selladas entre Marruecos y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y sin ferris de pasajeros entre los dos países vecinos sin que se atisbe en el horizonte una fecha de reapertura.

Pero no fue siempre así: entre los días 17 y 18 de mayo del año pasado la inhibición de las fuerzas de seguridad marroquíes permitió que alrededor de 10.000 personas –mayoritariamente marroquíes aunque también subsaharianos–, más de 1.500 menores de edad, franquearan el paso fronterizo del Tarajal y alcanzaran Ceuta. Diez meses después permanecen atendidos en los distintos centros de menores de la ciudad autónoma en torno a 350 niños, al margen de los más de 110 adultos acogidos en las naves del Tarajal, llegados en aquellas 48 horas de mayo. Oficialmente el Gobierno español ha devuelto a Marruecos un total de 57 menores –entre agosto (55) y noviembre (2) del año pasado–, aunque las organizaciones no gubernamentales aseguran que se han producido muchas más expulsiones sin luz ni taquígrafos.

La invasión de Ceuta marcó el cénit de una crisis bilateral que había arrancado meses antes –desde que el entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias se manifestara en noviembre de 2020 en apoyo de la autodeterminación del Sáhara Occidental– y agudizado con la hospitalización secreta durante la pasada primavera del líder del Frente Polisario Brahim Ghali. Un conflicto que sigue sin ser superado.

A pesar de las buenas palabras hacia la cooperación con Marruecos proferidas desde La Moncloa y Santa Cruz, diez meses después no hay interlocución fluida entre los dos gobiernos, el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, evita reunirse con su homólogo José Manuel Albares –nombrado tras la destitución de Arancha González Laya, bestia negra del caso Ghali en Rabat–, la embajadora marroquí en Madrid continúa sin regresar a su puesto y la Reunión de Alto Nivel prevista para diciembre de 2020 sigue durmiendo el sueño de los justos. En el fondo del enfado del país magrebí, el conflicto del Sáhara: desde que la Administración Trump reconociera en diciembre de 2020 la marroquinidad de la antigua colonia española Rabat espera de Madrid un paso firme en respaldo hacia su propuesta autonómica para el territorio.

Las secuelas de la crisis entre los dos gobiernos y del episodio de Ceuta auguran, en fin, que las fronteras tardarán aún en abrirse. De manera intermitente durante estos ya dos años de pandemia Marruecos ha alternado períodos de cierre y apertura de su espacio aéreo a la aviación comercial. El pasado 7 de febrero, una vez que Rabat dio por superada la ola de la variante ómicron, volvió a abrir los cielos marroquíes a vuelos procedentes de todo el mundo, incluida España.

Pero no ha sido el caso de las fronteras de las ciudades autónomas ni las rutas marítimas (a pesar de que en lo concerniente a las conexiones portuarias en los últimos meses los rumores han apuntado a la reapertura en varias ocasiones). Oficialmente, las fronteras españolas con Marruecos permanecerán cerradas, al menos, hasta el 31 de marzo próximo. Aunque la situación sanitaria es manifiestamente favorable en Marruecos –la media de nuevos contagios en la última semana en el conjunto del país es apenas de 76–, desde el 20 de marzo de 2020 hasta hoy Marruecos ha venido prolongando periódicamente el estado de emergencia sanitaria (que estará en vigor al menos hasta el próximo día 31).

Desde Ceuta y Melilla se da por hecho que las fronteras con Marruecos no se abrirán hasta que el Gobierno de España se determinen los cimientos estratégicos del futuro económico de las dos ciudades, lo que pasa, en gran parte, por decidir si –como se anticipó desde el Ejecutivo central tras la crisis fronteriza– las ciudades autónomas se integran en el espacio Schengen y la Unión Aduanera. Una paso que implicaría la exigencia de visado a todos los ciudadanos marroquíes (la excepcionalidad permite a los residentes en las provincias de Tetuán y Nador entrar libremente sin ese requisito en Ceuta y Melilla respectivamente). Recordemos, por otra parte, que Marruecos cerró la aduana comercial de Melilla y en octubre de 2019 acabó con el contrabando en Ceuta. El «comercio atípico» y el porteo no volverán.

El daño para la economía de las dos ciudades del cierre de las fronteras con Marruecos ha sido notable. En el caso de Ceuta el IPSI (el impuesto que grava la importación y elaboración de bienes y la prestación de servicios en las dos ciudades autónomas) ha caído de media un 40% desde que se cerraran las fronteras. El Gobierno central espera haber concluido los planes estratégicos para Ceuta y Melilla a finales de junio.

Con todo, a pesar del cierre de fronteras a la población, los flujos de mercancías entre las dos orillas del Estrecho han seguido produciéndose con normalidad. No en vano, el comercio bilateral sigue registrando cifras similares a las de los últimos años: recordemos que España es, desde 2013, el primer socio comercial de Marruecos. Según los últimos datos del ICEX, en 2020 casi el 24% de las exportaciones marroquíes tuvieron como destino el mercado español. Las empresas españolas, por su parte, exportaron a Marruecos en el mismo ejercicio por valor de 7.381 millones de euros. El colchón de intereses comerciales no ha menguado, aunque tampoco ha impedido las tensiones políticas.

La realidad es que desde la crisis migratoria de mayo la colaboración de las fuerzas de seguridad marroquíes en la vigilancia de las fronteras se ha manifestado con la eficacia habitual. De hecho, Rabat levantó en julio junto a la divisoria con Ceuta una nueva valla colocando en ella las concertinas que España no quiere. Pero si las fronteras de Ceuta con Marruecos son hoy la imagen de la tranquilidad, la tensión parece haberse trasladado a la otra ciudad autónoma en las últimas fechas.

En menos de una semana, la valla melillense ha sido escenario de varias tentativas masivas de entrada de subsaharianos. Entre el miércoles y el jueves de la semana pasada en torno a 4.000 personas se encaramaron en la estructura metálica con intención de acceder a suelo español: unos 500 lo lograron. Especialmente nutrida y violenta fue la primera de ellas. El viernes de la semana pasada y el martes de esta la colaboración con las fuerzas de seguridad marroquí permitió a la Guardia Civil y la Policía Nacional frustrar sendas tentativas semejantes.

Al permitir la acumulación de personas y las dos tentativas de asalto con apenas un día de diferencia, Rabat lanza un mensaje inequívoco al Gobierno de Pedro Sánchez: Marruecos espera de España más que palabras sobre las bondades de la relación bilateral si quiere que el nivel de cooperación fronteriza se mantenga. En Rabat se observa con preocupación la posibilidad de que en plena escalada del gas las necesidades energéticas empujen al Gobierno de Sánchez a estrechar su relación con Argelia. Al tiempo, la propia crisis de suministro energético –que Marruecos sufre en sus propias carnes desde el cierre por parte de Argel del gasoducto Magreb-Europa a finales de octubre pasado- podría comenzar a allanar el camino hacia la normalización con España: Rabat y Madrid han alcanzado un acuerdo para reutilizar la citada infraestructura en sentido inverso y trasladar gas desde suelo español a Marruecos.

Transcurridos dos años del cierre de fronteras terrestres entre los dos países, camino del año y medio del origen de la crisis y diez meses después del episodio de Ceuta, las aguas continúan revueltas en el Estrecho. Con la amenaza migratoria latente y un futuro económico incierto, los habitantes de Ceuta y Melilla viven desde hace tiempo instalados en la preocupación y el miedo, y con un ojo siempre puesto en unas fronteras que son un termómetro del estado de las cosas. Y que, por el momento, seguirán selladas.