El inductor del secuestro de Ortega Lara prepara las maletas al País Vasco

Julián Achurra, «Pototo», debe estar preparando ya su bolsa de viaje para un próximo acercamiento a prisiones del País Vasco. El que fuera inductor del secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, al que mantuvieron retenido durante 532 días, hasta que fue rescatado por la Guardia Civil, es uno de los últimos cabecillas que aún no ha recibido el beneficio del acuerdo al que llegaron el Gobierno y EH Bildu para que los segundos apoyaran al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en todo momento. Así lo dejó claro Arnaldo Otegui.

Achurra fue condenado a 32 años de cárcel. Junto con su sucesor, Juan Luis Aguirre Lete, «Isuntza», por dar las órdenes y proporcionar el dinero y el material necesario para el secuestro. Así como los autores de la acción criminal.

No lo consiguieron entonces, lo del traslado de los presos, pero lo han logrado ahora, en un proceso que terminará con todos los reclusos en una situación de semilibertad, de la que ya disfrutan 36, aunque la Fiscalía ha recurrido 18, algo que escandaliza al mundo proetarra. Lo que parece claro, según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, es que todos estarán en el País Vasco o Navarra por Navidad.

El secuestro de Ortega fue decidido, sin duda, por el Zuba, el «Comité Ejecutivo» de ETA, y, además de «Pototo» e «Isuntxa» y los autores de la acción criminal, faltan algunos por condenar.Esta necesaria reparación del daño cometido, la podría facilitar «Pototo» con dar los nombres de los otros cabecillas que decidieron el secuestro. No lo hará, porque sabe que será trasladado sin necesidad de colaborar con la Justicia. Aguirre Lete ya está en la cárcel alavesa de Zaballa. No ha facilitado nombre alguno.

Según los últimos datos facilitados por Etxerat, 130 etarras están ya en el País Vasco o Navarra (algunos no han sido contabilizados porque no se habían realizado los traslados ya concedidos) frente a los pocos más de 30 que cumplen condena en el resto de España. Bastarían dos o tres tandas de traslados, como el último que fue de 12, para culminar lo que ha sido una reivindicación permanente de ETA y su entorno y que costó la vida al concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco tras los 532 días de secuestro de Ortega Lara.

Si se analiza la siniestra historia de ETA y su permanente plataforma de reivindicaciones, además de las de carácter independentista está siempre la de los presos. Los terroristas cometían atentados y sus jefes eran conscientes de que en algún momento podían ser detenidos. Como estaban, «injustamente» por supuesto, en la cárcel, había que exigir su liberación. Ahora, merced a unos acuerdos políticos lo han conseguido de una forma progresiva que no se diferirá mucho en el tiempo. Y, por medio, las 854 personas asesinadas, los miles de heridos y las incontables pérdidas económicas causadas.

Otra que también debe estar preparando la bolsa de viaje es Iratxe Sorzabal, una de las últimas cabecillas de ETA en activo y que fue entregada recientemente por Francia. Cumple una condena de 25 años por dos atentados perpetrados en el Palacio Justicia de Gijón, en el que causó importantes daños materiales, y una farmacia de la misma ciudad que pertenecía a la familia de una secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios. Sorzabal fue uno de los etarras encapuchados que, en octubre de 2011, no tuvieron más remedio que anunciar el cese definitivo de los atentados porque la Guardia Civil les había dejado sin operatividad en una serie de operaciones antiterroristas.

Acaba de cumplirse un año, el pasado sábado, desde que el Gobierno vasco asumiera las competencias de políticas penitenciarias. Desde el PNV, transmiten el mensaje de que no hay trato de favor para los reclusos de la banda terrorista, aunque la realidad se impone y ahí están los recursos presentados por la Fiscalía.

Los etarras obtienen beneficios sin colaborar con la Justicia para aclarar la autoría de centenares de asesinatos. Firman unos papeles de contenido difuso, que no los comprometen a nada, y logran los traslados que les concede el Gobierno pese a la oposición, en muchos casos, de las propias juntas de gobierno de las cárceles.

Desde el nacionalismo vasco, se asegura que las tres cárceles que controlan no son «ni hoteles, ni resorts»; que no se aplican «tratamientos colectivos para los presos de ETA «ni para ningún otro preso»; y que ningún interno de las cárceles vascas obtendrá «beneficio o perjuicio alguno; que todos los acercamientos se deciden atendiendo a «cuestiones de arraigo» y que, de hecho, se han rechazado peticiones cuando han considerado que no se cumplían estas condiciones.

La realidad se impone. La advertían los expertos: cuando los presos estuvieran en el País Vasco y Navarra, el poder de presión del entorno proetarra aumentaría exponencialmente. Se han difundido noticias en las que se reflejaban quejas contra la dirección de la cárcel de Pamplona por no facilitar las progresiones de grado. No ocurre lo mismo con las de Zaballa (Álava); Basauri (Vizcaya) y Martutene (Guipúzcoa). Ya tienen, casi al completo, lo que querían y es cuestión de tiempo que los terroristas estén todos en sus casas.