La investigación por la muerte de cinco militares en 2011 se cierra sin culpables

Fue el 24 de febrero de 2011 cuando cinco experimentados artificieros del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina fallecieronen la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares(Madrid) al explosionar las minas contracarro con las que iban a realizar unas prácticas previas a su despliegue en Líbano. Otros tres uniformados resultaron heridos, dos de ellos de extrema gravedad y con graves secuelas. Ahora, tras más de once años con la causa judicial abierta, la Justicia Militar ha decidido cerrarla al haber prescrito. Eso sí, sin señalar a ningún responsables, algo que ha indignado tanto a las familias de los fallecidos como a los supervivientes, sobre todo porque la juez del Juzgado Togado Militar Territorial nº 13 considera que lo que ocurrió fue «un accidente de origen desconocido».

Así se desprende del auto de sobreseimiento definitivo del Tribunal Militar Territorial 1º, al que ha tenido acceso LA RAZÓN y en el que se insiste en que no hay responsabilidad alguna de la cadena de mando. Ante esto, uno de los heridos, el teniente de Infantería retirado José Manuel Candón, critica duramente que «en todos estos años no se hayan depurado responsabilidades». Y se indigna aún más cuando recuerda que «han quedado soterradas un montón de acciones negligentes por parte de la cadena de mando que no han sido investigadas, ni siquiera valoradas».

Lo dice uno de los supervivientes que como consecuencia de la explosión ha pasado 35 veces por quirófano, perdió un ojo (en el otro le queda apenas un 20% de visión), audición y tiene metralla por todo el cuerpo. Y pese a eso, la anterior juez instructora (apartada en febrero al cuestionar el Tribunal su imparcialidad) trató de procesarle sin éxito en dos ocasiones.

“No quieren seguir investigando”

Según el auto, contra el que cabe recurso de casación ante el Supremo, «el fatal resultado se debió a un imprevisible accidente» sin que exista «un nexo causal» entre el hecho reconocido de que «las minas C.35B estuvieran caducadas y por ello fuesen no aptas o inútiles para el ejercicio» y la explosión. Y eso que, recalca Candón, reconoce la «lógica» y «verosimilitud» de muchos de nuestros argumentos. Por ello, denuncia que «no quieren seguir investigando».

De la misma opinión es otro de los supervivientes, el brigada de Infantería de Marina Raúl Alfonso González, quien perdió el ojo derecho (en el izquierdo tiene un 10% de visión) y la audición. Aún ligado a las Fuerzas Armadas y adscrito a su unidad, deja claro que su único objetivo era que cambiaran las cosas y que algo así nunca vuelva a ocurrir. «Pero después de demostrar muchas cosas y de reconocernos lo que hemos planteado, simplemente la cierran porque ha prescrito. Las familias de los fallecidos se quedan sin saber qué ha ocurrido», se lamenta apuntando al mismo tiempo que «es algo que han tratado de mantener oculto».

De ahí que critiquen, sobre todo Candón, la «orfandad tutelar de la que siempre fue nuestra casa. Nunca en 12 años nos hemos sentido queridos y apoyados por el mero hecho de denunciar unos hechos que ahora quedan probados».

Eso sí, el Tribunal señala que «las muertes y lesiones no debieron acaecer», unos «actos lesivos» que, considera, «pudieran estar sujetos a la necesaria reparación patrimonial por la Administración». Así que insta a informar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, «por si considera pertinente iniciar los trámites legales para la posible indemnización a las víctimas».