Una juez militar trata de culpar dos veces sin éxito a una de las víctimas de la explosión de Hoyo de Manzanares de 2011

El pasado 24 de febrero se cumplieron diez años de uno de los accidentes militares más trágicos ocurridos en territorio nacional: la explosión en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid) en la que, en 2011, fallecieron cinco uniformados y dos resultaron heridos de gravedad y otro de carácter leve. Pese a lo duro de la efeméride, y con la causa aún abierta, la juez togada instructora del caso, comandante Patricia Moncada, decidió dictar un auto de procesamiento contra uno de esos heridos graves, el teniente José Manuel Candón, a quien la magistrada acusaba básicamente de provocar el mortal accidente. Un auto contra el que cargaron Fiscalía, Abogacía del Estado, las representaciones letradas del resto de víctimas y, en última instancia, el propio Tribunal Militar Territorial nº1, que lo archivó en mayo y también este mismo mes, pues la juez Moncada volvió a intentarlo una segunda vez tras el primer sobreseimiento.

La historia es cuanto menos llamativa. El 23 de febrero, la juez Moncada, titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 11, dictaba el citado auto de procesamiento contra el teniente Candón “como autor de siete delitos, en relación de concurso ideal, contra la eficacia en servicio, cinco de ellos con resultado de muerte, uno con resultado de lesiones graves y otro con resultado de lesiones leves”. Un procesamiento que llegaba sin el conocimiento previo del acusado ni su imputación. Así que comenzaron los recursos.

Uno de los más duros fue el del fiscal jurídico militar José Cervera Rodríguez. En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, no dudó en afirmar que, “por parte de la juez togado se ha transmutado de manera radical y sorpresiva la condición de parte del teniente Candón, quien durante, nada más y nada menos, 10 años, ha ostentado la condición de legitimación activa del proceso, en su condición de testigo/perjudicado, pasando mediante el auto que ahora se recurre a tener la condición de parte pasiva, de sometido a procedimiento penal”. Todo ello, sin que “en ningún momento, con carácter previo a esta resolución se le haya oído ni informado de la imputación”. De ahí que el fiscal critique que el teniente no haya tenido la posibilidad de ejercitar su defensa, vulnerándose de esta forma su derecho de defensa y a un proceso justo.

“Conjeturas”

Además, el fiscal destaca que la juez se basa en “conjeturas y presunciones no apoyadas por indicios de entidad relevantes que justifiquen el procesamiento”, criticando que pusiera en duda y rechazara incluso informes periciales previos del Ejército de Tierra o la Guardia Civil.

Con todo esto, en mayo el Tribunal Militar Territorial 1º aceptó todos los recursos, dando por probada esa vulneración del derecho de defensa y apuntando también esa falta de la “necesaria exhaustividad” por parte de la juez. Según apunta en su resolución, también consultada por este periódico, existe “falta de la debida exposición y razonamiento de los indicios racionales de criminalidad que justifiquen el procesamiento”, puesto que “solo existen opiniones, conjeturas, meras sospechas, pero ausencias de indicios de criminalidad”.

Y considera, por tanto, que el auto “adolece del necesario sustento incriminatorio en cuanto a que los hechos puedan razonablemente sustentarse en los motivos apreciados por la juez, ya que no constituyen verdaderos indicios”, insistiendo en que también se “entiende vulnerado el derecho de defensa del procesado”. De esta forma, revocaba el auto de procesamiento.

Segundo intento

Pero la juez togada no se quedó ahí y el pasado 1 de junio volvió a citar como investigado al teniente Candón, a quien se notificó el auto de procesamiento el 17 del mismo mes. Sin embargo, en el auto de la magistrada no había ningún hecho nuevo respecto al mes de febrero que apoyara un nuevo procesamiento. Así que volvieron los recursos.

Y, otra vez, tres jueces del Tribunal Militar Territorial lo han vuelto a rechazar hace pocos días al decretar el sobreseimiento. En su auto, cargan una vez más contra la juez togada y critican que los hechos investigados “ya fueron objeto de exposición en el anterior auto” o que los delitos imputados “vuelven a coincidir con los realizados en la citada ocasión anterior, no aportando novedad alguna”.