Terrorismo

Los presos de ETA tienen prohibido pedir perdón a sus víctimas

Tampoco pueden colaborar con la Justicia porque les convertiría en “delatores”

La Guardia Civil española halló explosivos y armas en una lonja de la ciudad vasca de San Sebastián, en el norte de España. Uno de los detenidos, Javier Atristain, con las agentes de la Guardia Civil durante el registro.
La Guardia Civil española halló explosivos y armas en una lonja de la ciudad vasca de San Sebastián, en el norte de España. Uno de los detenidos, Javier Atristain, con las agentes de la Guardia Civil durante el registro.Javier EtxezarretaAgencia EFE

La reciente vuelta a prisión del etarra Javier Atristain, por no haber pedido perdón a las víctimas (ni colaborado con la Justicia para el esclarecimiento de los atentados cuya autoría se desconoce), pone de manifiesto que los miembros de la banda terrorista no hacen otra cosa que seguir las directrices del colectivo que los agrupa (el EPPK).

La decisión del órgano judicial (similar a otras ya adoptadas en el mismo sentido), que tanto ha molestado a EhBildu y a los representantes de los presos, pone de manifiesto que se daba por hecho que los beneficios penitenciarios se podían obtener sin cumplir los requisitos legales. Porque así, probablemente, lo tienen acordado el Gobierno central, los de Otegui y el Ejecutivo vasco del PNV-PSE.

Desde, al menos, 2018, cuando se planteó que los reclusos tuvieran un cambio de actitud para obtener beneficios, sus dirigentes dejaron claro que no habría arrepentimiento, ni perdón ni, por supuesto, “delaciones”, lo que les convertiría en traidores de la “causa” por la que fueron asesinadas 854 personas.

Durante estos años, se les ha propuesto a los presos varios modelos para que fueran firmados en aras a conseguir beneficios penitenciarios. Al final, optaron por uno que no los comprometía a nada y, pese a ello, el Gobierno, para cumplir con EhBildu, les ha concedido traslados al País Vasco y Navarra; y el Gobierno vasco, terceros grados, en una situación de semilibertad que les permite hasta dormir en su casa. Tiene que ser la Audiencia Nacional la que corrija estos excesos, como en el caso de Atristain.

A los presos terroristas se les llegó a ofrecer un modelo en el que se comprometían a rechazar todo tipo de violencia y manifestaban que la consecución de cualquier objetivo legítimo, incluidos los que defiendo, tendrá que alcanzarse únicamente por medios pacíficos y democráticos. “Por consiguiente, me desvinculo totalmente de ETA así como de cualquier proyecto o escenario en el que se utilice la lucha armada para el logro de fines políticos e ideológicos y expreso mi compromiso de contribuir a la construcción de un País Vasco en paz, libertad y convivencia normalizada. En este sentido, me he dado de baja del Colectivo de Presos (EPPK) y actualmente no tengo ningún vínculo con nadie de ese entorno. Asimismo, quiero manifestar que pido perdón a las víctimas que ha causado mi actividad delictiva (terrorismo) y lo lamento sinceramente. Estoy dispuesto a facilitar información a las Autoridades para esclarecer algún delito si fuera necesario y siempre y cuando yo tuviese información relativa al mismo. He abonado la responsabilidad derivada de mis delitos”.

Impensable para los antiguos dirigentes de la banda que, por cierto, todavía no han renunciado expresamente a la “marca” ETA, que queda como una referencia de una actividad criminal que consideran legítima.

Un segundo modelo, en el que se evitaba la desvinculación de ETA aunque se admitía la colaboración con la Justicia, también fue rechazado; y se optó por un tercero, que es, al parecer, el que firman los terroristas en el que se comprometen “con las vías única y exclusivamente pacíficas y democráticas para la consecución de cualquier objetivo”; reconocen el daño causado y “que durante mi militancia he podido causar dolor, asumo plenamente que ha podido ser así y lo lamento sinceramente”. De perdón directo a los familiares de las víctimas causadas, nada de nada.

Sin embargo, abogaban por una reconciliación para “conocer la verdad”, “cerrar heridas y construir garantías para que ese dolor no vuelva”. En una palabra, que hay que establecer una verdad, se supone que a través de una comisión (que parece camuflada en recientes textos legislativos aprobados por el Parlamento gracias a las aportaciones de EhBildu) en la que se tratará de poner en la misma balanza a víctimas y verdugos; y se intentará someter a un juicio político a las Fuerzas de Seguridad del Estado que, con tanto esfuerzo y víctimas propias, lograron la victoria policial sobre la banda.

En cualquier caso, en la citada fórmula se evitaba la colaboración con la Justicia, el perdón a las víctimas, el pago del dinero que deben, la desvinculación con ETA. Pese a ello, los presos han obtenido y obtienen beneficios de todo tipo, hasta llegar a su libertad.