Sánchez salva las cuentas con el apoyo de Esquerra y PNV

Más dinero a cambio de salvar la primera votación de los presupuestos generales del Estado, prevista para el próximo jueves. Tanto PNV como Esquerra han arrancado promesas económicas, aunque con matices: mientras que con los nacionalistas vascos ha habido acuerdo ya, con los republicanos todavía se tiene que seguir negociando. En cualquier caso, ninguna de las dos formaciones, junto a Bildu, determinantes para permitir la tramitación de los presupuestos, han presentado una enmienda a la totalidad tras haber estado amenazando durante días y, por tanto, previsiblemente permitirán superar la primera votación de los presupuestos en el Congreso.

Así las cosas, el PNV ha vuelto a conseguir un importante botín: el Gobierno se ha comprometido a renovar la Ley Quinquenal del Cupo, que caducó en 2021 y que sirve para calcular cuánto aporta la Hacienda vasca (que recauda todos los impuestos del sistema fiscal español en el País Vasco) a la Hacienda española cada año para costear los gastos de las competencias que no están transferidas (Defensa o Exteriores, entre otras). Con esa Ley, aprobada en 2017, se estableció el cupo base en 1.300 millones de euros anuales (200 millones menos que los años precedentes), y ahora el PNV exige que se mantengan los «mismos parámetros» de cálculo (a esos 1.300 millones se le aplica un índice de actualización que hace variar anualmente la cifra total del cupo en función de la recaudación tributaria). El acuerdo alcanzado en este sentido pasa por que se reúna la Comisión Mixta del Concierto antes del próximo 20 de noviembre para acelerar los trámites legislativos y los nacionalistas vascos aspiran a materializarlo ante el temor a que se produzca una situación de «inseguridad jurídica» y pueda quedar dinamitado el pacto fiscal actual, ya que incluye mucho dinero en juego.

Asimismo, los nacionalistas vascos también exigen que el Gobierno acelere en el cumplimiento de los acuerdos pendientes y auguran que a finales de año el balance será bastante «satisfactorio». Entre estos acuerdos pendientes, están también las transferencias y, recientemente, se ha dado un paso «significativo», a ojos de Aitor Esteban, en el traspaso de Cercanías. Además, otro de los acuerdos logrados para evitar una enmienda a la totalidad es poner en marcha un proceso para estudiar que las Cuencas del Nervión e Ibaizabal pasen a ser de titularidad vasca.

El PNV, con estos acuerdos, da por zanjada su postura con respecto a la votación del próximo 27 de octubre y, si no hay un giro brusco de última hora, votarán a favor de los presupuestos, aunque mantienen la «negociación abierta» para el siguiente paso: las enmiendas parciales. En cambio, Esquerra tampoco ha presentado enmienda a la totalidad para generar un clima de confianza para seguir negociando, pero advierten que «están muy lejos» de aprobar las cuentas todavía.

A juicio del partido de Oriol Junqueras y Pere Aragonès, los presupuestos tienen «un amplio margen de mejora» y deben ir acompañados de medidas estructurales exigentes, en materia de vivienda, cambio de modelo energético, una adecuada financiación autonómica y local y reformas fiscales para paliar la situación de emergencia social. Además, reclaman el cumplimiento de las inversiones previstas en infraestructuras, un apartado en el que ponen cifras: de los 1.200 millones de euros prometidos para trenes en 2021, tan solo han cumplido con 191, y, por tanto, quieren que se ejecute todo.

Entre las peticiones de los republicanos para aprobar los presupuestos, ahora no figura la reforma de los delitos de sedición y rebelión, algo que había reclamado el PSOE, aunque van a seguir exigiéndolo. De momento, han conseguido ya una escenificación de Pedro Sánchez, que defendió ayer desde Bruselas su voluntad de modificarlo. «Tenemos un Código Penal que no es homologable a las democracias europeas», señaló el presidente del Gobierno. Todo apunta a que el acuerdo en materia de sedición no se materializará con los presupuestos, pero podría acabar convirtiéndose en un acuerdo de la mesa de diálogo, que tiene que volver a convocarse antes del 31 de diciembre, nuevamente.

En este sentido, el presidente del Gobierno declaró desde la capital europea que «el año 2017 nos dejó algunas lecciones y deberes que tiene pendiente la democracia (española) desde hace mucho tiempo», en referencia al referéndum ilegal del 1 de octubre y la consiguiente huida de los políticos independentistas implicados. A pesar de esto, el presidente del Gobierno también reconoció que ahora mismo no existe el suficiente apoyo en las Cortes Generales para llevar a cabo esta iniciativa, si bien todo puede cambiar en el futuro. «Si existe una mayoría parlamentaria para la reforma, se cumplirá con una de las promesas de la investidura», aseguró.

Bildu también fue en la misma línea que ERC y en aras de continuar con la negociación abierta, ha renunciado a presentar una enmienda a la totalidad. Sin embargo, los independentistas vascos se limitaron a decir que las negociaciones «avanzan», pero sin resultados tangibles de momento: es decir, en la pugna que mantienen con el PNV por obtener un mayor botín, los nacionalistas toman ventaja por ahora ya que sí han logrado acuerdos.

Una vez acabado el plazo para presentar enmiendas a la totalidad, en total, se han anunciado siete (PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, UPN, CUP y Foro Asturias). Entre los siete partidos, suman 158 diputados: deberían de llegar a los 175 para tumbar los presupuestos. Por tanto, salvo giro de última hora en los próximos días, ninguna enmienda prosperará y los presupuestos para el próximo año seguirán el trámite parlamentario en el Congreso.