Los socios de Sánchez cerrarán en febrero el Congreso

En febrero, principios de marzo como muy tarde, Gobierno y partidos darán prácticamente por cerrado el Congreso. Seguirán cobrando sus retribuciones, por supuesto, y acudiendo a las sesiones a las que se les convoque, pero dando ya por amortizada la Legislatura en lo que afecta al trabajo parlamentario. Los Presupuestos estarán aprobados a finales de diciembre, y queda la Ley de Vivienda, la Ley Trans y los nuevos impuestos anunciados contra la banca, las energéticas y los grandes patrimonios. Son los últimos proyectos estrella de la mayoría de investidura, y que provocan fuertes tensiones dentro de la coalición.

Los diputados más veteranos del Congreso saben que la Cámara quedará convertida en poco más de cuatro meses en una plataforma más para el mitin, salvo para alguna cuestión técnica menor. Todo lo que no esté aprobado antes de esa fecha puede darse por perdido porque si ya es difícil el acuerdo en un momento teóricamente no electoral, bajo la presión de las urnas todo estará sometido a la lucha por el voto con intereses opuestos incluso entre las partes que han estado colaborando en esta Legislatura.

El escollo más difícil al que se enfrenta Moncloa está en la exigencia de ERC de que se reforme el delito de sedición, por el coste que tendría fuera de Cataluña impulsar en vísperas de un proceso electoral una medida que se lee como una cesión al soberanismo. A Salvador Illa podría beneficiarle en Cataluña, pero no compensaría el daño en las expectativas electorales del PSOE en el resto de España.

El Ministerio de Justicia, bajo mandato de Juan Carlos Campo, ya trabajó sobre una reforma tras la sentencia del «procés» para rebajar las penas previstas de entre 10 y 15 años. El Gobierno justificó esta iniciativa en el argumento de que «hay que acercarse a otros países de nuestro entorno donde por conductas similares no suelen superar los cinco años de prisión». El examen de la reforma se inició a finales de 2020, pero la complicada respuesta parlamentaria paralizó el proyecto y Moncloa optó por la vía de los indultos.

El problema es que el calendario se le ha echado encima tanto a Moncloa como a ERC. Meterse en precampaña en este lío hundiría a los barones socialistas en la mayor de las depresiones, conscientes de la penalización que tendría para ellos entre su electorado más moderado y tradicional, donde mayoritariamente no se perdonan las cesiones al soberanismo. Pero ERC también está entre la espada y la pared porque ellos tampoco se creen las encuestas del CIS de Tezanos y valoran como una opción posible que la coalición PSOE-Podemos pueda quedarse fuera del poder en las próximas elecciones generales. Y con un Gobierno del PP dan por perdida la batalla para evitar que entren en prisión los cargos independentistas que están todavía inmersos en procesos judiciales. A la cúpula de ERC le preocupan especialmente dos nombres muy cercanos a Oriol Junqueras, pero los juzgados catalanes tienen abiertos procedimientos contra una veintena de alcaldes, contra los cinco síndicos electorales del 1-O, contra 30 cargos de la Generalitat que participaron y contra otra veintena de personas por los gastos de la Generalitat en las embajadas. El beneficio que pudiera obtener el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española, y los consellers Toni Comín y Clara Ponsell, es secundario para ERC, aunque lo disimulen en el discurso oficial.

Pero ahora, y dando por descontado que la capacidad de arrebañar beneficios en el Congreso de los Diputados se termina en poco más de cuatro meses, ERC tiene que decidir qué camino quiere seguir para enfrentarse a unas elecciones municipales en las que volverá a medirse contra el discurso más radical de Junts.

En las anteriores negociaciones presupuestarias, ERC terminó apoyando siempre el proyecto del Gobierno de coalición, aunque internamente se preguntan qué han sacado y si la apuesta por el pragmatismo en Madrid les ha sido rentable y tiene buena venta en Cataluña. Junto a estas dudas está también la opinión de quienes creen que están ante la oportunidad de utilizar su precaria posición al frente de la Generalitat para incidir en el mensaje más social y de gestión, como signo de diferenciación frente a los de Puigdemont en un momento en el que lo que más preocupa a los ciudadanos es su situación económica y los efectos de la inflación.

A Pedro Sánchez le quedan también meses de tensa negociación parlamentaria con sus socios, especialmente Podemos, que no le va a poner nada fácil apuntarse tantos en el plano social. Además, los morados tienen en los fondos europeos un buen aliado para profundizar en el desgaste socialista. La obsesión de Moncloa por controlarlos, sin dejar espacio a la colaboración público-privada, les está estallando ya en las manos porque empieza a ser cada vez más notoria su incapacidad para resolver los problemas burocráticos y ejecutarlos.