No hay reuniones por los fondos europeos desde agosto de 2021

Los fondos europeos son un quebradero de cabeza para el Gobierno. La solución más sensata sería rectificarse a sí mismo y aceptar ayuda externa, como así reclaman a estas alturas comunidades autónomas y tejido productivo con el objetivo de reordenar un proceso en el que ya es evidente, por más que Moncloa intente taparlo, que no tienen capacidad para cumplir eficazmente con su ejecución. Sin embargo, el Gobierno tira hacia adelante, desoyendo los mensajes europeos, autonómicos y de entidades privadas, porque rectificar ahora sería tanto como reconocer su fracaso con la joya de oro que se han reservado para activar a lo largo de la campaña electoral.

En agosto de 2021 se reunió por última vez la comisión territorial sobre los fondos europeos que coordina la ministra María Jesús Montero. Un año y tres meses han pasado desde que ese foro multilateral hiciera un análisis conjunto de las ayudas europeas y tomara decisiones como, por ejemplo, crear el sistema de información CoFFEE para que todas las comunidades volcaran las solicitudes, los pagos y la tramitación de cada uno de los proyectos adjudicados. Ya desde un primer momento con la salvedad, contraria al más mínimo principio de transparencia, de que no hubiera acceso global, sino que cada autonomía solo iba a poder visualizar sus propios datos. De lo malo, un mecanismo de control, pero que todavía a día de hoy no funciona, cuando debía de estar operativo desde el 30 de noviembre de 2021 y tras incumplir las ampliaciones de plazo de la Comisión Europea. El desastre llega al punto de que el Ejecutivo ha solicitado a las comunidades que le vuelquen en una hoja excel los datos de lo que se están gastando.

La Comisión Europea ha dejado ya el aviso a España de que debe completar la plataforma para el seguimiento y la auditoría del gasto de los fondos europeos llegados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la advertencia de que se pueden poner en riesgo futuros desembolsos si no se completa pronto. Sin embargo, Moncloa confía en que la sangre no llegue al río y en que la Comisión Europea siga mirando hacia otro lado porque «ponerse seria es tanto como reconocer que su proyecto no funciona y que el dinero no está llegando eficazmente a empresas y familias». De hecho, la Comisión no ha hecho partícipe de este proceso al Tribunal de Cuentas europeo, y el órgano fiscalizador comunitario ya ha hecho ver su malestar y ha exigido información para cumplir con sus obligaciones. Lo mismo que está sucediendo en España con la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF).

De momento, el problema de falta de transparencia ha alarmado a las instituciones europeas. No se sabe cuántos fondos han llegado realmente a las empresas y a familias. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) publicó unos datos de ejecución de los fondos europeos hasta el 30 de septiembre y los pagos realizados ascendían a 6.347 millones de euros, un 22 por ciento del total del Presupuesto para este año. El balance que hace el tejido empresarial es que el ritmo de ejecución es malo, sin impacto significativo en el crecimiento y en la creación de empleo, y con un fracaso contrastado del primer PERTE. Pero el oficialismo de Moncloa desmiente este análisis y confía plenamente en que su plan publicitario sirva para dar el impulso final al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la remontada de las encuestas para volver a aglutinar una mayoría de investidura suficiente tras las elecciones generales. Con los datos que hoy muestran todos los sondeos, incluso los más favorables, el PSOE necesitaría sumar a los aliados que ya tiene más la CUP y al partido de Carles Puigdemont para seguir en Moncloa.

Respecto a la ejecución a fecha de 30 de septiembre, hay que añadir al hecho los pagos no son ejecución real, sino transferencias a comunidades, ayuntamientos u organismos como ADIF, CDTI o RED.es, que, a su vez, tendrán que movilizar los fondos, en un proceso lleno de burocracia que impide que lleguen de manera ágil a la economía real. En el caso de los PERTE, proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, entre los más relevantes destacan las bajas de compañía conocidas, especialmente en el PERTE VEC (para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado) y las fábricas de baterías en Sagunto y Extremadura. Los Gobiernos autonómicos afectados por el PERTE del automóvil, con color socialista, como es el caso de Valencia, se quejan de que detrás del anuncio a bombo y platillo había una escasa adaptabilidad a la realidad del sector y sus retrasos han creado problemas con los plazos de inversión. Incluso la ministra de Industria puso nombre a los beneficiarios del PERTE VEC sin sacarlo a libre concurrencia, cuando ni debía ni podía, y el presidente del Gobierno tuvo que rectificarla. Y en Extremadura, también socialista, no perdonan el estrambótico espectáculo de anunciar la gigafactoría cuando la convocatoria no estaba resuelta: el proyecto ha quedado definitivamente excluido de la financiación de los fondos europeos y ha recibido cero euros. El resultado final es que se han adjudicado solo el 29 por ciento de la convocatoria del PERTE VEC, casi dos años después de aprobarse el Plan de Recuperación.

El Gobierno tiene previsto solicitar esta semana el tercer desembolso de los fondos europeos. Que España vaya a recibir 7.800 millones más de lo previsto en ayudas directas es consecuencia de que hemos crecido menos de lo esperado, aunque el Gobierno lo presente como un logro de Sánchez. O por decirlo de otra manera, la ayuda extra es porque España está entre los últimos de la clase.