La falta de colaboración de Israel sobre Pegasus deja el caso de espionaje en punto muerto

Todas las incógnitas en torno al virus israelí Pegasus siguen exactamente en el mismo lugar que cuando entre abril y mayo se descubrió el espionaje a políticos y activistas catalanes con este método y se detectó la intrusión del «malware» en los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tres ministros (aunque en uno de ellos no llegó a penetrar). Ocho meses después, tanto la investigación en la Audiencia Nacional como todas las que están repartidas por juzgados de Madrid y Barcelona están en punto muerto y sin visos de avances.

El Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, que inició la causa el pasado 2 de mayo, ha recabado ya los testimonios de los ministros afectados. Escuchó al de la Presidencia, Félix Bolaños, por ser responsable de una parte de la seguridad de La Moncloa en el momento en el que virus entró en el móvil de Sánchez en 2021; y tras el verano recabó la versión de la de Defensa y el de Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, porque fueron víctimas directas de Pegasus. El juez José Luis Calama les preguntó, entre otras cuestiones, cómo y cuándo fueron conscientes de que el virus se había instalado en su teléfono y con las respuestas ya sobre su mesa, el togado ha preguntado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado si quieren abrir un periodo de repreguntas para esclarecer algunos puntos. Así, el único que faltaría por comparecer sería el propio Sánchez, pero fuentes de la investigación descartan por ahora esta citación.

Con esta línea ya agotada, la información que pudiera aportar Israel (país donde se encuentra la sede de NSO Group, creadora del programa) es vital para el avance de las pesquisas. El juez Calama ya remitió una comisión rogatoria al inicio de todo en la que especificaba su intención de trasladarse al país para poder interrogar a algún representante de la compañía. Ante el silencio, el togado ha vuelto a enviar un recordatorio por la vía internacional, pero no parece que el resultado vaya a ser distinto. Con todo, fuentes conocedoras de las pesquisas no ven descabellado que el asunto termine archivándose porque ya no hay muchos más hilos de los que tirar.

En la denuncia inicial, que interpuso la Abogacía del Estado en representación del Gobierno, se especificaban que las fechas de la intromisión del «spyware» iban de mayo a junio de 2021, periodo coincidente con una de las mayores crisis migratorias de la última década después de que cerca de 10.000 personas cruzaran la frontera de Marruecos a Ceuta en menos de dos días. Por los ministros que recibieron los ataques (Defensa, Interior y en Agricultura Luis Planas que, si bien no es una cartera que tenga que ver con la inmigración, él fue diplomático en Marruecos) y por la coincidencia de los hechos todas las miradas estaban puestas en un posible espionaje del reino alahuí. Pero los indicios que ahora mismo constan en la causa, según citadas fuentes, son insuficientes para llegar a cualquier conclusión sólida.

Políticos independentistas

No es muy distinto el resultado de investigaciones en otros juzgados de España. El estudio de Citizien Lab -un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canadá)- reveló que más de 60 personas de la órbita independentistas fueron espiados con este programa en distintas fechas. Políticos de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), de JuntsperCat, de la CUP o activistas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) han ido presentando denuncias por todo el territorio, principalmente en Barcelona.

La entonces presidenta del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban reconoció a puerta cerrada en el Congreso, en la comisión de secretos oficiales, que desde la institución se había utilizado este “spyware” en 18 casos. Pero, ¿y todos los demás? Eso era lo que se pretendía esclarecer con las denuncias presentadas, en cambio, el resultado ha sido nulo. Esto mismo denunció en el Europarlamento -que creó una comisión de investigación para esclarecer el uso de este tipo de aplicaciones por parte de gobiernos de Grecia, España, Hungría, Polonia, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos- el abogado Andreu Van Der Eyden, que es uno de los afectados. Que no ha habido ni un solo avance, o bien porque los jueces no han ordenado diligencias, o bien porque la colaboración internacional no ha dado ningún fruto.

Los distintos abogados que han presentado denuncias en Cataluña, consultados por este periódico, calculan que hay unos 7 u 8 estudiándolas. Al inicio se creía que todas se iban a acumular en el Juzgado de Instrucción número 32 que fue el que recibió una denuncia mucho más atrás en el tiempo cuando ya en 2020 se detectó este tipo de espionaje con el expresidente del Parlament Roger Torrent y el concejal del Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall. Pero lejos de unirse, este Juzgado archivó lo poco que había avanzado el pasado mes de mayo. Un sobreseimiento provisional y condicionado a que se produzca algún avance porque el magistrado también ha enviado una comisión rogatoria a Israel y otra a Irlanda sin éxito.

Por su parte, el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, en el que cayó la querella del president Pere Aragonès, ha remitido el caso a la Audiencia Nacional utilizando un argumento que se empleó con el procés y es que cuando el asunto afecte a las instituciones del Estado (y en este caso el president catalán lo es) la competencia es del órgano que se ubica en Madrid. Por el momento no hay constancia de que la Audiencia Nacional haya aceptado quedarse a cargo.

En Madrid, el juzgado de instrucción número 29 admitió la querella del abogado Gonzalo Boye pero los líos sobre cómo hacer la investigación han terminado por lastrar el esclarecimiento del fondo. La magistrada pidió que el letrado dejara su dispositivo para que fuera analizado y él se ha negado. Dice que con el informe de Citizen Lab en el que se acreditan las intromisiones es suficiente y que dejar su teléfono afecta a su intimidad, así que la decisión está recurrida en la Audiencia Provincial que será la que tenga que decidir.