El Gobierno amenaza a Mañueco con medidas judiciales si aplica el protocolo antiabortista

El Gobierno se mueve. Tal como avanzara la vicesecretaria general, María Jesús Montero, el pasado viernes en rueda de prensa desde Ferraz, el Ejecutivo va a estar vigilante ante los “retrocesos en derechos” que se puedan producir en Castilla y León y que “ejercerán las acciones legales que consideren oportunas” para paralizarlas. En concreto, se refieren al protocolo denominado por el propio Ejecutivo regional como ‘antiabortista’, que se anunció el pasado 12 de enero.

Por el momento, el Gobierno central, a través del Ministerio de Sanidad, ha realizado en la tarde de este domingo un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que “se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”. Desde Moncloa se especifica que, en caso de que ya se haya adoptado, se “cese de inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico”.

En el mismo requerimiento se “exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas”; así como que se comunique “de manera inmediata” al Ministerio de Sanidad “los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas”.

En caso de que el citado requerimiento efectuado “no sea atendido íntegra e inmediatamente por la Junta de Castilla y León”, el Gobierno no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico.

El Gobierno estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que entiende que “la aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma”. Para hacer un seguimiento de los próximos casos, los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes a adoptar.

En un comunicado remitido por Moncloa, fuentes gubernamentales inciden en que “el Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente. El Gobierno de España velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna”.

Resucitar el miedo a Vox

En plena precampaña, el PSOE no va a dejar pasar la polémica sobre el aborto en Castilla y León y la instrumentaliza ya para resucitar la estrategia del miedo a Vox. Una estrategia que ya se demostró agotada en las últimas convocatorias electorales, por ejemplo, en Andalucía, donde la falta de alternativa de los socialistas acabó generando una corriente de voto útil hacia Juanma Moreno para que pudiera gobernar en solitario. “Donde el PP gobierne con el apoyo de la ultraderecha, que es su política de pactos, las mujeres volverán a tener en peligro sus derechos y libertades”, señaló el viernes la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, que compareció en rueda de prensa después de la reunión en Ferraz.

En la misma línea, el sábado en una acto en Andalucía, el presidente del Gobierno calificó un futuro pacto entre el PP y Vox a nivel nacional como la “coalición del miedo”. “La derecha sabe qué camino ha tomado, que es el que le marca la ultraderecha”, advirtió Sánchez, en contraposición con “los gobiernos socialistas, con los que va haber avances en beneficio de las mujeres y ni un solo retroceso”.