Mañueco: “La Junta no ha aprobado ningún acuerdo que limite los derechos de la mujeres. Sánchez miente para tratar de esconder su incompetencia con la Ley del Solo sí es sí”

El presidente de Catilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó, tras conocer el requerimiento del Gobierno a la Junta para que se abstenga de aplicar cualquier medida antiabortista, que su Ejecutivo regional “no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios”. Es más, añadió, “el Gobierno de Sánchez miente y lo hace para tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la Ley del ‘Solo sí es sí’ que reduce las condenas y pone en libertad a los agresores sexuales”.

Así lo indicó en su perfil de la red social Twitter, donde abrió un hilo para precisar que la ministra de Sanidad, Carolina Aireas, conoce desde el viernes, a través de una carta del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, “que no se ha tomado ningún acuerdo que vulnere derecho alguno por lo que es intolerable este ataque a un Gobierno autonómico, basado en mentiras y con intención de generar alarma social”, subraya.

Además la Consejería de Sanidad, a través de un comunicado responde al requerimiento del Gobierno de España y afirma que “cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre sobre tres premisas: En primer lugar, el respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios. Se garantizará la libertad y voluntariedad para las mujeres embarazadas que lo requieran; y, por supuesto, se asegurará la aplicación bajo el estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas, como ya le explicó el consejero de Sanidad a la ministra del ramo a través de una carta enviada el pasado viernes 13 de enero”.

Asimismo señala que “Castilla y León ha sido siempre una comunidad pionera en la defensa de los derechos de la mujer y lo seguirá siendo, por lo que lamenta la falta de diálogo del Gobierno de España con esta región leal que actúa siempre desde el absoluto respeto a la Ley”.

En este sentido, anuncia que “la Junta utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente. El Gobierno regional velará por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias”.

“Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico estudiará, establecerá y coordinará las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas en materia de Sanidad que corresponden a la Comunidad de Castilla y León”.

Por este motivo, la Consejería de Sanidad enviará este lunes 16 de enero la adecuada contestación al Ministerio de Sanidad y, en su caso, efectuará el oportuno requerimiento oficial, donde se solicitará al Gobierno de España:

• Que se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una Comunidad Autónoma vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, al simple amparo de noticias en medios de comunicación. Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia.

• Que esta Comunidad de Castilla y León tiene plena autonomía para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se consideren necesarias, dentro del conocimiento científico actual, siempre en el marco de la normativa general y específica de aplicación, y con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario.

• Las obligaciones de colaboración interadministrativa están establecidas normativamente y se efectúan adecuadamente a través de los órganos sectoriales de coordinación establecidos, por lo que ninguna obligación específica existe de que esta Comunidad, en el legítimo ejercicio de sus competencias, comunique de manera inmediata a los Ministerios los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que ejerza sus debidas competencias.

Al respecto, advierte que “en su caso, el requerimiento que este lunes 16 de enero pueda efectuarse, no sea atendido íntegra e inmediatamente por el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico”.

Por último asegura que el Ejecutivo autonómico “estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las acciones anunciadas por parte del Gobierno de España podría vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma”.