Una abogada pide al Gobierno tener voz en la tramitación de la amnistía

Una abogada ha solicitado por escrito al Gobierno de Pedro Sánchez que le permita personarse en el expediente administrativo que se abra para tramitar la ley de amnistía. La letrada Pilar Esquinas ha remitido esa petición a las direcciones generales de Relaciones con las Cortes y de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, dependientes del Ministerio de la Presidencia que dirige Félix Bolaños, acogiéndose a diversa normativa que, según expone, posibilita «la participación de los ciudadanos, organizaciones y asociaciones en el proceso de elaboración» de los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo y de normas reglamentarias impulsados por la Administración.

En ese escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, solicita expresamente que se acepte su personación en la tramitación y aprobación de la Ley Orgánica de Amnistía –con la que Pedro Sánchez espera conseguir el voto favorable del independentismo a su investidura– ante lo que considera «falta de transparencia y legalidad» en la tramitación del citado expediente, «así como en el proyecto y el proceso de ejecución de la amnistía a los hechos ocurridos en Cataluña durante el golpe de estado».

La abogada –que ya puso en marcha una iniciativa similar ante el plan del Ejecutivo, finalmente descartado, de cobrar peaje por el uso de las autovías– sustenta su petición en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2016 por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de 2013 y en la Ley 50/1997 de 27 de noviembre del Gobierno, que en su artículo 26 recoge, señala, las dos vías para posibilitar esa participación ciudadana en los procesos de tramitación normativos.

Esquinas deja clara su intención de personarse para oponerse a la ley de amnistía ya que, recuerda, la medida de gracia «no solo anula la pena impuesta a todos los responsables» del proceso independentista en Cataluña en 2017, «sino que también anula los delitos por los que fueron sentenciados», situación que según denuncia «daña gravemente nuestro Estado de derecho».

En ese documento, que según asegura otros ciudadanos también han remitido al Ejecutivo con idénticas intenciones, la abogada solicita que se le dé traslado «de cuantas novedades puedan acontecer», así como de una copia completa del expediente, indicándole asimismo el «plazo para presentar alegaciones».

«Nuestro objetivo es que se cumpla la legalidad vigente y que no se rompe el estado de derecho», asegura a este periódico Esquinas, presidenta de la asociación de consumidores Aguaiuris. «Lo que se está haciendo es muy grave. Un amnistía elimina el delito como tal y crea un precedente», advierte.

«Si modifican nuestros derechos y libertades tenemos derecho a que se nos escuche», defiende la letrada, que ha promovido esta iniciativa que, según asegura, ha encontrado eco en muchos ciudadanos que «nos han pedido el formulario y lo están tramitando». No obstante, consciente de la dificultad para de que prospere dado que, reconoce, «no hay precedentes», la abogada advierte de que si el Gobierno «niega ese derecho lo impugnaré en la vía contencioso-administrativa o activaré un procedimiento de tutela de derechos fundamentales». E incluso va más allá: «Si se tramita una ley orgánica y no se me da traslado del expediente solicitaré la nulidad».

Una ley de amnistía que era «claramente inconstitucional» en 2021

A la espera de que se resuelva la negociación de investidura, el debate sobre la posible ley de amnistía sigue acaparando comentarios, noticias y titulares. De todos menos del Gobierno de Pedro Sánchez y de los miembros del PSOE. La consigna de guardar silencio para evitar contaminar la negociación se está ejecutando con toda precisión y del lado socialista apenas se escuchan palabras que tengan relación con el asunto. Ese silencio forzoso que evita cualquier filtración sobre los términos del acuerdo y de esa posible norma que contemple la amnistía de los implicados en el «procés» obliga a mirar hacia atrás. Y una de las cuestiones más significativas se encuentra en los informes que motivaban el indulto y que firmaba el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo: aseguraba en 2021 que mientras la medida de gracia estaba en la Constitución, la amnistía era «claramente inconstitucional»