El protagonismo que Hazte Oír y su abogado, Javier María Pérez-Roldán, han tomado en el último año demuestra que la asociación ha pasado de estar a la defensiva (recuerden el caso de los polémicos autobuses) a elegir el camino del ataque. El letrado, que en realidad es experto en Derecho de familia, es uno de los "azotes" de la acusación popular en las causas contra el entorno del presidente.

Fueron de los primeros en querellarse contra Begoña Gómez, ¿qué les impulsó?

Pensamos en ejercitar acciones legales contra la Ley de Amnistía, pero yo no lo veía, porque el Tribunal Supremo ya sabemos como actúa. En la actividad profesional de Begoña Gómez, en cambio, sí que vi materia penal desde el principio. Ella, cuando su marido se convierte en jefe del Ejecutivo, deja la empresa en que trabajaba desde hace muchos años y se convierte en directiva del Instituto de Empresa, con el patrocinio de Wakalua (filial de Globalia). Luego, se pasa a la UCM para dirigir una cátedra. En ello, hay claras muestras de tráfico de influencias. Solo hay que compararla con el resto de parejas de nuestros expresidentes: no cambiaron de actividad con su llegada a Moncloa. Por no hablar de la asesora de Moncloa investigada. Cristina Álvarez trabajaba con ella y, en el verano de 2018, las dos dan el salto.

¿Qué flecos quedan en el caso?

La pasada semana conocimos que Hacienda confirma irregularidades en una de las cuatro adjudicaciones que Juan Carlos Barrabés recibió de la entidad pública Red.es. Entiendo que el juez tendrá que acordar la declaración de los miembros de la mesa de contratación que decidieron que se le concediese al empresario vinculado a Gómez. Por otro lado, la instrucción de la pieza separada sobre la alto cargo ya está finiquitada: se ha visto que se pagaron con fondos públicos servicios particulares de Álvarez a la mujer del presidente.

¿Da por hecho que el juez Peinado la procesará? ¿Y que acabe habiendo juicio?

En teoría hay de margen para seguir investigando hasta octubre, pero antes doy por hecho que procesará a Gómez, a Barrabés y a la asesora. La Fiscalía se opondrá a la apertura de juicio oral, como siempre. Solo acusaremos la acusación popular unificada. Nunca se puede dar por ganado que los vayan a sentar en el banquillo, pero viendo la última resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que confirma indicios de «desvío de poder», no sería raro.

¿El caso del «hermanísimo» acabará en el TSJ extremeño?

Sí, si no logramos que la entrada de Miguel Ángel Gallardo como diputado autonómico se declare contraria a Derecho y de mala fe. Para empezar, se han vulnerado las listas cremallera con la renuncia de dos candidatas que iban delante suya. Si la Justicia no lo anula, se juzgará al hermano de Pedro Sánchez y al resto de acusados en el TSJ de Extremadura porque todo gira en torno a dos nombramientos (el de David y el del asesor Luis Carrero), que firmó Gallardo como presidente de la Diputación de Badajoz, pero en los que todos tuvieron un papel para que saliesen adelante.

¿Qué ofrece el aforarse?

Gallardo entiende que el alto tribunal extremeño es una instancia más «amiga», dado que estaría más politizada porque a los magistrados los escoge un CGPJ que, a su vez, eligen las Cortes. Pero, en realidad, no es ninguna ventaja e, incluso, te priva de poder presentar un recurso de apelación contra una condena. Tendría que ir ya al Tribunal Supremo en casación.

¿A favor de partidos políticos en la acusación popular?

Mi opinión personal es contraria. Tanto partidos como sindicatos deben ser ajenos a la acusación popular. Primero, porque cobran de los Presupuestos Generales del Estado, y, en segundo lugar, porque la Constitución les da una posición institucional. Excluirlos también es una vacuna para evitar, precisamente, que influyan intereses políticos en procedimientos judiciales. Hazte Oír dirige la acusación popular en la causa de la Audiencia Nacional que investiga el fraude de los hidrocarburos y tenemos con nosotros, entre otros, al PSOE. A mi me queda la duda de si Ferraz tiene de verdad intención de perseguir delitos o si, como podrían verse salpicados miembros de la formación, es una manera de obtener información sobre las pesquisas que se van desarrollando.

¿Cree que saldrá adelante el proyecto, ahora bloqueado, que limitaría la acusación popular?

La «Ley Begoña», directamente, liquidaría la acción de la acusación popular, lo que, para que se entienda, llevaría al archivo de casos como el de la mujer de Sánchez, el del fiscal general del Estado o el del hermano, dado que solo nosotros, y nunca el Ministerio Público, los que los impulsamos. En el «caso Koldo» y en la «trama del fuel» es distinto, pero porque tenemos a la Fiscalía Anticorrupción, que no depende tanto de Álvaro García Ortiz y es más libre e independiente.

¿Qué le parece el plan con el que Bolaños quiere dar la instrucción a los fiscales de Bolaños?

Pues lo mismo. Ocurriría como con una de las profesionales que optó a la plaza que se dio a David Sánchez. Cuando acudió como testigo dijo que había denunciado ante Fiscalía sus sospechas de que había trato de favor. La misma fiscal confirmó en sala que ahí la tenía, por lo que había una denuncia previa y no se hizo nada. Ni siquiera la aporto a la causa. Esto demuestra que si la instrucción depende de un Ministerio Fiscal en el que aún habría más dependencia de una cúpula que nombra el Gobierno, los procesos judiciales que molesten, no saldrán adelante. Esta «ley Bolaños» le da a quien gobierno en cada momento un poder absoluto sobre la Justicia. Nada de lo que vivimos hoy hubiese sido posible.

Se da por hecho que García Ortiz será en breve procesado...

Así es, hay serios indicios incriminatorios y eso basta para ir a juicio. Desde luego, se enfrentaría a una severa posible condena, dado que la revelación de secretos siempre lleva aparejada una pena de prisión superior a los dos años. Sería un precedente muy triste.