De su abogado a Paqui: las visitas de Cerdán en Soto que quiso rastrear la UCO

La lista de visitantes de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real es corta. LA RAZÓN ha podido conocer de primera mano que el exdirigente socialista se ha reunido dentro del recinto penitenciario con tan solo cinco personas. Dos son sus abogados y tres sus familiares más directos. Nadie más. Una información que pidió recabar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mediante un escrito a Instituciones Penitenciarias.

Así, la polémica sobre los encuentros dentro de prisión de Santos surgió a raíz de la petición de la UCO para rastrear estos movimientos con la «máxima discreción». Instituciones Penitenciarias informó al magistrado Leopoldo Puente que dejaba «sin efecto el cumplimiento que por parte de esta Secretaría General se venía haciendo relativo a la solicitud de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a través de la Unidad Técnica de Policía Judicial de dicho Cuerpo, en la que se pedía información sobre las visitas al interno Santos Cerdán León».

El exdirigente socialista no ha contado con un gran volumen de visitas desde que ingresó el pasado 30 junio en la prisión de Soto del Real. Este medio ha conseguido la lista de personas que han podido reunirse con él y no hay desconocidos ni nombres fuera de lo común o de su círculo más cercano. Benet Salellas y Jacobo Teijelo, sus dos letrados, han sido los únicos visitantes que no son familiares.

Su mujer, Paqui, la hermana de Santos, Belén, y su cuñado son los otros tres nombres que figuran en el registro de entradas para ver al expolítico navarro. La hija de Cerdán no ha acudido al recinto por expreso deseo del interno, según las fuentes consultadas por este medio. Una escueta lista que rompe con las sospechas sobre reuniones «excepcionales».

No está previsto, en ninguna circunstancia, que se altere esta hoja de ruta de Santos Cerdán. «Por supuesto que confío en Santos, al cien por ciento. Estamos muy tranquilos», aseguró uno de sus familiares a los medios que se agolpaban en las puertas de la cárcel, días después de su ingreso.

La mentalidad del exdiputado ha cambiado en las últimas jornadas, tras conocerse que se rechazaba su recurso para salir de Soto del Real. También la de su familia, que se mostró muy nerviosa con la Prensa en los primeros días y ahora está resignada por la situación que están viviendo. Eso sí, rápidamente se encargaron de realizar todo el «papeleo» para que Santos tuviera dinero dentro de prisión y pudiera comunicarse.

En un primer momento, el exdirigente socialista se mostró prudente y buscó pasar desapercibido. El paso del tiempo provocó que cambiara y que se dedicara a entablar más cercanía con otros internos. La adaptación a la cárcel es fundamental, ya que se desconoce cuánto se prolongará su estancia en prisión. Hace días se conoció que un preso ofreció a Santos invitarle a cortarse el pelo a cambio de dos paquetes de tabaco porque no tenía dinero. Una solidaridad que sorprendió al propio exdiputado que pasa los ratos muertos jugando al ajedrez o haciendo ejercicio en los espacios habilitados.

Santos no pierde el tiempo y también está leyendo el libro «Yo acuso: La defensa en juicios políticos» de Benet Salellas. Asimismo, repartió varios de estos ejemplares entre sus compañeros. Cerdán sigue en prisión porque su salida puede «perjudicar irremediable y gravemente» la investigación y que, por ello, se le debe mantener esta medida cautelar.

La polémica por conocer la lista de visitas de Santos en Soto también ha pasado al tablero político. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, exigió al Gobierno el cese del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, por no facilitar la agenda. Además, avanzó que el Grupo Popular le citará en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado «caso Koldo».

«Estamos viendo cómo se obstruye la labor de la Justicia y las investigaciones desde el Gobierno a través del secretario general de Instituciones Penitenciarias», denunció Gamarra. «Qué curioso que la misma persona que hemos podido escuchar en los audios con Cerdán hablando de los acercamientos de terroristas, es decir, de la utilización de la política penitenciaria en beneficio de Pedro Sánchez a cambio de los votos de Bildu, es el mismo que va a impedir y que no va a facilitar la información que pide la UCO a Instituciones Penitenciarias», añadió, en una entrevista a Europa Press.

Su estancia en prisión se prolongará este verano. Hace unos días la Sala de lo Penal del alto tribunal confirmó la medida acordada por el magistrado Leopoldo Puente el 30 de junio. En su auto, los magistrados que revisaron la prisión de Cerdán expusieron que se le debía mantener ante el elevado riesgo de que destruya pruebas.

Según advirtieron, los indicios recabados hasta el momento parecen indicar que el ex secretario de Organización del PSOE era el único que conocía el destino final de las mordidas dado que se habría encargado de recabarlas de las empresas y de distribuirlas entre los investigados. En ese sentido, el alto tribunal teme que, de quedar en libertad, pudiera mover estos fondos e incluso tirar de testaferros para obstaculizar las labores de la Policía, de ahí que se decantaran por mantenerle en la cárcel.

Por todo ello, consideraron que estaba «racional, objetiva y detalladamente fundada» la consideración del instructor del caso Koldo de no estimar su recurso, al existir un riesgo de que pueda perjudicar «irremediable y gravemente la investigación». Al hilo, cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares –que litigan bajo la representación letrada del PP– también se opusieron a la petición de sus abogados de dejarle en libertad.

El Ministerio Fiscal explicó que Cerdán se valió de sus cargos públicos y en el PSOE para cometer presuntamente los delitos y destacó su nivel de influencia dentro del Ministerio de Transportes, dirigido por José Luis Ábalos, incluso después del cese de este último a mediados de 2021.

Al respecto, destacan audios y conversaciones en los que se aprecia la intención del exdirigente socialista de influir en los nombramientos de los entes del Ministerio, para poder controlar las adjudicaciones que ahora investiga la Policía Judicial.