El acercamiento del Gobierno al PP liquida la mayoría de Sánchez

La mayoría parlamentaria del Gobierno está al límite. Al tradicional juego de presiones de los socios de investidura que amenazan, con cierta asiduidad, con abandonar a Pedro Sánchez si no atienden sus exigencias, se suma ahora el acercamiento del PSOE al principal partido de la oposición para aprobar ciertas reformas que tienen pendientes. Este movimiento ha desconcertado a los aliados tradicionales del Ejecutivo que huyen de cualquier alineamiento que conjure sus intereses a los del PP. Dos son las cuestiones que están sobre la mesa y que han levantado en armas a la izquierda: la reforma de las pensiones y la de la ley del suelo.

El próximo 22 de enero el pleno del Congreso de los Diputados no solo será excepcional porque se convoque fuera del periodo ordinario de sesiones, sino porque proyectará una inusual alianza en la convalidación del real decreto ley de la reforma de las pensiones, una alianza entre PSOE y PP. Su aval está garantizado, tal como confirmó el propio Alberto Núñez Feijóo, y esto deja sin margen de maniobra -y de presión- a los socios habituales, que ya han mostrado sus discrepancias no solo con la forma, sino también con el fondo. EH Bildu, BNG y Podemos ya se han desmarcado. Los cambios apuntan a los incentivos que recibirán los trabajadores que retrasen su edad de jubilación, además de revalorizar su cuantía conforme al IPC. La reforma permite que se compatibilice la percepción de la pensión mientras se sigue trabajando, la "jubilación activa", y posibilita que los trabajadores puedan acceder antes a la jubilación parcial.

Los primeros en mostrar su malestar fueron EH Bildu, asegurando que "la reforma de las pensiones no representa a los y las pensionistas vascas ni tiene el aval de la mayoría sindical vasca. Empuja a quienes tienen pensiones más bajas a alargar su edad de jubilación para complementarla. Si el Gobierno no rectifica, no contará con nuestro apoyo", escribió el diputado abertzale Iñaki Ruiz de Pinedo en X. Desde Podemos también se oponen, considerando que "el PSOE y el PP quieren aprobar la semana que viene en el Congreso una reforma para alargar la edad de jubilación por la puerta de atrás". "Es indecente forzar a la gente a trabajar hasta los 72 años para mejorar su poder adquisitivo", señalan desde la formación morada. Tampoco en Sumar ven con buenos ojos la medida y temen que pueda haber efectos no deseados en los contratos de relevo. Sin embargo, al contar con el aval del diálogo social no prevén oponerse, tampoco ERC, que sí pedirá que se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios en la tramitación parlamentaria.

Además de en esta cuestión, el Gobierno también está dispuesto a negociar con el PP "retoques técnicos" en la ley del suelo para recuperar el apoyo de los populares. El pacto para la reforma estaba cerrado en junio de hace un año, pero el movimiento del Gobierno de querer aprobarlo en plena precampaña de las elecciones europeas evitó que fructificase, al PP no le interesaba esa foto de unidad en plena pugna electoral, pese a que su poder municipal estaba demandando la medida, y Sánchez optó por retirar la medida para evitar visibilizar una sonora derrota parlamentaria. Ahora, los gestos se han reactivado y, aunque tanto socialistas como populares van a impulsar sendos textos con sello propio, ven margen para el acuerdo.

Fuentes gubernamentales no quieren volver a pisar en falso y aseguran que antes de impulsar un nuevo texto pedirán garantías, no van a impulsar la tramitación hasta no tener asegurado el apoyo suficiente para que salga adelante. A cambio, las citadas fuentes confirman que aceptarían aportaciones y "retoques técnicos" de los de Alberto Núñez Feijóo, que apostaba este martes por impulsar "íntegramente" una nueva ley del suelo y negociarla con todos los grupos, también con el PSOE. "Negociaremos sobre nuestra ley", recalcan desde Génova. En esta cuestión, el Gobierno también está negociando con el PNV, con quien presentó en junio de forma conjunta la iniciativa para la reforma de la ley del suelo, pero no cuenta con el apoyo del resto de socios de la mayoría de izquierdas. Ni siquiera de Sumar.

"Se espera responsabilidad de todos los grupos para abordar los problemas saliendo del dogmatismo, el partidismo, e, incluso, aprendiendo de los errores del pasado", dijo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, desde la mesa del Consejo de Ministros el martes, para dejar a continuación un recado a sus socios de coalición: "Veo difícil oponerse a esa medida tan importante, si decimos que hay un problema de precios y que se necesita movilizar vivienda, y que para ello estamos dispuestos a que el 100% de las rentas puedan ser bonificadas para bajar el precio de los inquilinos". "El pacto está servido", ha presionado de nuevo hoy desde los micrófonos de Onda Cero en una entrevista en "Más de Uno".