Un año de «inacción» y desprecio de Marlaska a policías y guardias civiles

Policías y guardias civiles se han convertido en la moneda de cambio del "chantaje" permanente y consumado de los de Arnaldo Otegi y Carles Puigdemont. Trece votos (6+7) son el precio de un Gobierno entregado ante los postulados abertzale, consignas proetarras y presiones independentistas que buscan un objetivo común: el desmantelamiento y la expulsión de estos Cuerpos.

En Navarra el Ejecutivo rubricó un pacto que no ha logrado materializar aún para el traspaso de las competencias de Tráfico a la Comunidad Foral mientras continua el acoso en los bastiones abertzales con días del inútil, Ospa Egunas y carteles donde les instan a marcharse. En País Vasco, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a traicionar a la Guardia Civil con la entrega de las competencias de puertos y aeropuertos a la Ertzaintza (algo que ya hacían, al estar en su demarcación territorial y haberse cedido en su día las competencias de seguridad ciudadana) sino también en la zona de acceso restringido, con lo que su control sería también total. Esto precisamente, sería el origen de un plan a corto plazo cuyos efectos se extendería al resto de España y que vendrían a modificar todo el escenario policial en puertos y aeropuertos. AUGC denunció el intento de los nacionalismos de "desmembrar" a la Guardia Civil dando a las fuerzas autonómicas el control total de los puntos de acceso a territorio europeo por las fronteras del espacio Schengen, lo que supone de facto la entrega del control de la seguridad en las fronteras aéreas y marítimas.

En Cataluña, la Generalitat ya pujatambién por lograr ese traspaso de puertos y aeropuertos y así se lo trasladará Salvador Illa a Marlaska.

Mientras, los de Junts presionan por la cesión “integral” de la gestión de la inmigración y así arrebatar a la Policía Nacional estas competencias, en concreto “nacionalidad, inmigración, emigración y derecho de asilo”."La cesión de competencias dibuja un horizonte muy preocupante para la seguridad ciudadana", advierten desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP).

Lucha contra el narcotráfico

La tragedia de Barbate en la que dos guardias civiles fueron asesinados por una narcolancha marcó un punto crítico y devolvió el foco al problema de seguridad, falta de medios y personal que hay en el Campo de Gibraltar. "Este trágico e inaceptable suceso no solo evidenció las carencias estructurales en la planificación operativa, sino que también subrayó la necesidad urgente de más recursos y mejor formación para los compañeros que enfrentan el narcotráfico", apunta el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño. “No podemos permitir que el sacrificio de nuestros compañeros quede en el olvido. Este es un recordatorio doloroso de que los guardias civiles necesitan más apoyo y recursos para realizar su trabajo con seguridad”. Esta asociación de guardias civiles llegó a denunciar ante los tribunales a los mandos que permitieron que salieran al mar en condiciones precarias, aunque la Audiencia Provincial de Cádiz archivó la causa.

Sin embargo, el clamor por unas embarcaciones adecuadas, cascos y otros equipos básicos, además de un aumento de efectivos en áreas críticas como el Campo de Gibraltar, no ha cesado. Se trata de unas demandas "fundamentales" para enfrentar las complejas redes de narcotráfico que operan cada vez con mayor violencia y organización. Pero, casi un año después, la situación no ha cambiado. "Los compañeros cuentan con pocas embarcaciones, la mayor parte averiadas o en malas condiciones de navegación y el narco, ahora también ocupado en el tráfico de migrantes, campa por todas las costas andaluzas, cada vez de forma más ostentosa", denuncian Jucil. Precisamente esa necesidad de más efectivos y mejores materiales se repite también en Ceuta y Melilla.

"Ley Otegi" y sin jubilación anticipada

A pesar de lo ocurrido en Barbate, policías y guardias civiles siguen sin ser considerados como profesión de riesgo, algo que sí lo son mossos, ertzainas, policías locales y hasta los artistas. Mientras, el ministerio del Interior se le piensa.

Tampoco han conseguido avanzar en lo que respecta a la jubilación anticipada. Son 18 las ocasiones en las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha solicitado ampliar el plazo de enmiendas en el Congreso bloqueando así su aprobación por ahora, hasta el 4 de febrero de 2025. Una decisión que, aunque no es nueva, contrasta con las prisas del Ejecutivo por sacar adelante otra norma, la denominada "ley Otegui" o "ley mordaza". Y es que los socialistas han pedido formalmente tramitar por el "procedimiento de urgencia" la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pactada con EH Bildu, lo que ha vuelto a levantar laindignación y malestar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Y es que esta reforma dictada por Otegi deja a policías y guardias civiles "a los pies de los caballos" en un momento en el que las agresiones a los agentes se han disparado, advierte Jupol. Desde los distintos sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil han subrayado que esta derogación se produce en un momento muy negativo, con "efectivos desmoralizados y debilitados, en un escenario de violencia agravada y con una fragante pérdida del principio de autoridad". Y todo ello, ante la mirada impasible del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Equiparación "insuficiente"

La equiparación salarial se mantiene como una de las principales demandas de policías y guardias civiles. A pesar de las reuniones mantenidas con partidos políticos los avances han sido insuficientes. "Las diferencias salariales con las policías autonómicas son ahora mayores, y las condiciones laborales en que los integrantes de estos cuerpos desarrollan su trabajo presentan un enorme escalón en comparación con las que soportan los guardias civiles", dice Jucil. Por ello, subrayan la importancia de que se corrija de manera "definitiva".

Desde el SUP subrayan que "se cierra uno de los peores años en cuanto preocupaciones dentro del colectivo que va desde la falta de la plena equiparación salarial al no reconocimiento como profesión de riesgo en un momento donde el principio de autoridad en nuestras calles cada vez está más diluido". "La falta de una jubilación digna acarrea un vergonzoso escalón económico con respecto a policías autonómicas y locales y lo que es peor con una pérdida económica media en los hogares de los policías nacionales del 30%".

Mejores condiciones

Policías y guardias civiles siguen necesitando mejores condiciones laborales y a lo largo de todo el año han denunciado la falta de uniformes adecuados, medios y herramientas de trabajo obsoletas y carencias en áreas esenciales como tráfico y el servicio marítimo. AUGC advirtió hace dos meses del problema de la falta de chalecos antibalas para los agentes en prácticas destinados a la Comunidad de Madrid donde en muchos de los casos no cuentan con la medida adecuada o carecen de ellos por completo. Advierten de que esto "compromete su protección en situaciones de riesgo".

"La equiparación salarial y la jubilación de los policías nacionales son derechos irrenunciables". "No vamos a dejar de luchar hasta conseguirlo", subraya el secretario general de Jupol, Aarón Rivero. Recuerda que la demanda de los sindicatos son una respuesta a la "falta de soluciones concretas" por parte de las administraciones, y apuntan una nueva reivindicación: el "necesario incremento de los recursos humanos y materiales. "Exigimos un aumento significativo en la plantilla y una actualización del Catálogo de Puestos de Trabajo para paliar el déficit crónico de efectivos, así como una renovación integral del material operativo y los vehículos oficiales. Además, recuerdan la "nueva vía" que lograron abrir desde Jupol para la reclamación de la actualización de dietas en la Policía Nacional algo que admitió a trámite el TS.

Salud mental

Luchar contra el suicidio también ha sido uno de los objetivos de sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles ya que es una problemática que les está afectando de manera "alarmante". "Cada pérdida de un compañero supone un duro golpe para la institución y para la sociedad", dice Vilariño. Por ello, desde Jucil han creado "redes de apoyo psicológico" o reclaman la mejora de protocolos para detectar factores de riesgo y la necesidad de normalizar el acceso a servicios de salud mental sin estigmatización. "Debemos trabajar para que ningún compañero sufra en silencio y no logre encontrar otra salida que la muerte. "Cada guardia civil que se quita la vida es una tragedia que debemos prevenir con todos los medios a nuestro alcance", sostiene.