Alaya acusa a la Junta de conceder 950 millones para cursos sin justificar

La jueza, a quien ha correspondido una de las nuevas causas por las ayudas a cursos de formación en Andalucía, ha citado a declarar como imputado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en un auto en el que acusa a la Junta de conceder 950 millones sin justificar.

La juez Mercedes Alaya, a quien ha correspondido una de las nuevas causas por las ayudas a cursos de formación en Andalucía, ha citado a declarar como imputado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en un auto en el que acusa a la Junta de conceder 950 millones de euros sin justificar.

Antonio Fernández, que fue consejero entre 2004 y 2010, ha acudido hoy a recoger el auto en el que es citado a declarar el próximo 16 de octubre en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla por cinco tipos de irregularidades en las ayudas y becas concedidas a la empresa gaditana Delphi.

El exconsejero, que ya está imputado en la causa de los ERE y permaneció en prisión cuatro meses, ha sido acusado en esta ocasión de presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

En su auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez reconoce que estas actuaciones "se encuentran en su estado inicial de investigación", pero a la vista del informe remitido por la dirección general de Inspección de Trabajo "existen claros indicios de la comisión de hechos delictivos por Antonio Fernández".

Entre otros, le imputa haber concedido, con ausencia de procedimiento, diferentes subvenciones a la formación y contratación a la multinacional Delphi "sin convocatoria ni base reguladora".

También "haber permitido en los expedientes de subvenciones la subcontratación de actividades formativas sin estar autorizada dicha subcontratación"y haber concedido becas por asistencia a cursos "por encima del máximo legalmente permitido"según lo dispuesto en la orden de 2008 que regulaba esos fondos.

Además, presuntamente Fernández otorgó subvenciones a empresas para acciones formativas en alternancia con el empleo por importe de 70 millones de euros "con la intención de que los extrabajadores pudieran volver a tener acceso a la prestación de desempleo, sabiendo que la relación laboral sería inexistente"y "limitándose dichas entidades a la realización de cursos de formación".

El exconsejero concedió subvenciones a la formación "dictando resoluciones de exoneración de la justificación en los ejercicios 2008 a 2011 contraviniendo la Ley de Subvenciones", añade el auto, que lleva fecha del pasado 16 de julio.

Según el testimonio del ex director general de Formación para el Empleo Carlos Cañabate de León,