Alegatos políticos para cerrar el juicio del «procés»

Cada acusado dispondrá en la última sesión de 15 minutos para ejercer su derecho a la última palabra, un altavoz que no piensan desperdiciar.

Cada acusado dispondrá en la última sesión de 15 minutos para ejercer su derecho a la última palabra, un altavoz que no piensan desperdiciar.

El juicio a los líderes independentistas catalanes quedará visto para sentencia esta semana cuatro meses después. Y lo hará con unas intervenciones de los acusados que se esperan –mayoritariamente en el caso de los presos preventivos– de marcado cariz político.

Cada uno de los procesados dispondrá el próximo miércoles de la posibilidad de ejercer el derecho a la última palabra que corresponde a todos los acusados una vez practicada toda la prueba en la vista oral. Quince minutos para cada uno de ellos que, de agotar los tiempos marcados por el tribunal, supondrán en total tres horas de alegatos exculpatorios que, previsiblemente, estarán salpicados de denuncias de supuestas vulneraciones de derechos fundamentales –Estrasburgo estará, más que nunca, en el horizonte– y, también, de proclamas políticas en busca de ese altavoz internacional que difunda el relato independentista sobre lo que sucedió en Cataluña en las semanas claves del proceso independentista, entre septiembre y octubre de 2017, lo que la Fiscalía considera «un mes insurreccional» que culminó en un «golpe de Estado» de carácter «violento».

Hasta dónde llegue la dimensión política de sus intervenciones dependerá de la permisividad del tribunal, presidido por el magistrado Manuel Marchena. El derecho a la última palabra no es de carácter absoluto y el presidente de la Sala tiene la facultad para reconducirlo, e incluso para impedir, llegado el caso, que esa intervención discurra extramuros del objeto procesal. No sería la primera vez. Sin embargo, la sombra de Estrasburgo es alargada y el tribunal no está por la labor de cercenar ese derecho... siempre y cuando los acusados no fuercen la situación buscando dejar en evidencia a los magistrados o, denunciando, por ejemplo la politización de la Justicia española.

Durante su declaración al comienzo del juicio, Oriol Junqueras ya dio señales evidentes de por dónde discurrirá su intervención postrera ante el tribunal. El ex vicepresidente de la Generalitat –para quien la Fiscalía solicita una condena de 25 años de prisión por rebelión y malversación– denunció entonces ser víctima de «un juicio político», clamó por «una solución política» para el conflicto en Cataluña y lamentó que sus supuestos deseos de diálogo se encontraran siempre con «una silla vacía». Junqueras optó entonces por declara en castellano (algo que previsiblemente volverá a hacer pasado mañana) y reclamó a España una relación con Cataluña «en plano de igualdad». Una intervención más cercana al atril de un mitin en campaña electoral que a un banquillo de los acusados.

«Me considero preso político»

No fue una estrategia aislada. «Hoy hace un año que estoy en prisión y me considero un preso político», se quejó el ex conseller de Exteriores Raül Romeva. Una denuncia que se escuchó hacer también, por ejemplo, a Jordi Turull (quien, al igual que Josep Rull y Jordi Sánchez, los tres defendidos por el abogado Jordi Pina, sí ejercerá su derecho a la última palabra, según ha podido confirmar este periódico).

Otra antigua integrante del Ejecutivo de Carles Puigdemont, Meritxell Borrás, acusó por su parte al Tribunal Constitucional (TC) de haberse «politizado» en los últimos años como pretexto para justificar las reiteradas desobediencias a sus mandatos en relación al proceso soberanista.

En general, los acusados insistirán en reiterar las líneas maestras del relato independentista: en el «procés» no se cometió ningún delito, están sentados en el banquillo por sus ideas políticas, jamás se utilizó la violencia, no se destinó ni un euro de dinero público, la declaración unilateral de independencia del Parlament fue meramente «simbólica» y nunca se dio órdenes a los Mossos de que permitieran la votación ilegal del 1-O.

Pero antes de que los acusados tomen la palabra, el tribunal escuchará a partir de mañana los alegatos exculpatorios de sus abogados. Unas intervenciones (de una hora de duración por cada defendido) en las que sucederán las denuncias de supuestas violaciones de derechos fundamentales y, a juzgar por algunos de sus informes, no se ahorrarán críticas al tribunal por su papel durante el juicio.

No en vano, las quejas de los letrados de las defensas se han sucedido durante el medio centenar de sesiones de la vista oral a cuenta, entre otras cuestiones, de la exhibición de vídeos en la sala, del modo de arbitrar los interrogatorios, de las interrupciones del presidente del tribunal o incluso, in extremis, por el reparto de tiempo entre las acusaciones y las defensas para la exposición de sus informes finales. En el de la defensa de Sánchez, Turull y Rull, sin ir más lejos, se reprocha a Marchena que haya asumido «un rol acusatorio», quejándose del «diferente trato» dispensado a acusaciones y defensas. La bola extra, en Estrasburgo.