Política

Los acusados reprochan al Supremo que haga un «uso político» de la causa del «procés»

Las defensas afean al Supremo que «judicialice el discurso político». Los abogados de Sánchez, Turull y Rull anuncian que se acogerán a su derecho a declarar en catalán en el juicio

Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Foto: Efe
Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Foto: Efe

«Votar no es delito», asegura el abogado de Junqueras, para quien el tribunal «ha retorcido» las normas de competencia para asumir el procedimiento. La defensa de Sánchez, Turull y Rull anuncia que se acogerán a su derecho a declarar en catalán en el juicio

El abogado del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del ex conseller Raül Romeva ha reprochado al Tribunal Supremo (TS) que haya "retorcido"cuestiones de técnica procesal para asumir la competencia para un "uso político"y poder juzgar a los 18 acusados por el proceso independentista en Cataluña. "Las reglas del juego se tienen que respetar y las reglas del juego son claras", se ha quejado Andreu Van den Eyden durante la vista previa que se celebra hoy en el Alto Tribunal para decidir, precisamente, si el TS es competente para juzgar estos hechos. "La Fiscalía -se ha quejado- altera tácticamente el fuero"para que sea el Supremo, y no el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El letrado se ha preguntado "por qué el foro del juez natural predeterminado por ley, el TSJ de Cataluña, es temido por alguna razón".

"Votar no es delito, porque aun estoy esperando a comprobar cómo se va a tipificar la convocatoria legal de un referéndum. ¿Cómo vamos a relacionar el voto de un ciudadano en el extranjero o la clonación de una web con un alzamiento tumultuario?", se ha preguntado el letrado de Junqueras, que ha insistido en que "estamos hablando de políticos catalanes"que, se queja, van a ser "arrastrados a un foro de muy discutible competencia", una decisión que según las defensas "vulnera el derecho a un juez predeterminado por la ley". "Tendrán que venir a Madrid, lejos de sus equipos de defensa, lejos de sus familias", ha añadido. Por eso, solicitó al tribunal, presidido por el magistrado Manuel Marchena, que no aplique "reglas de excepción"y "se devuelva la causa a Cataluña".

En la vista previa al juicio del "procés", el abogado Jordi Pina -que defiende al líder soberanista Jordi Sánchez y a los ex consellers Jordi Turull y Josep Rull, en huelga de hambre desde hace más de dos semanas para protestar por la dilación del Tribunal Constitucional en resolver sus recursos, lo que frena sus iniciativas ante la jurisdicción europea- ha admitido que tiene "poca confianza"en que la Sala acepte sus argumentos, porque asume que "ha interiorizado ya la decisión de asumir la competencia"para juzgar los hechos, previsiblemente a partir de finales del próximo enero.

"Comprar urnas, abrir webs, realizar campañas publicitarias o contratar observadores internacionales -ha asegurado- son actos preparatorios, no actos típicos de la rebelión. Pina ha reclamado al Supremo que "respete el derecho al juez predeterminado por la ley"y envíe la causa al TSJ de Cataluña. Asimismo, ha añadido que si la vista oral se celebra finalmente en el TS se vulnerará asimismo el "derecho a expresarse en catalán"de los acusados, por lo que ha avanzado que si finalmente el Supremo desestima sus pretensiones y ratifica la competencia presentará un escrito para que en la vista oral "se arbitren los medios para que haya traducción simultánea"y sus defendidos "puedan expresarse en su lengua materna".

La letrada ha lamentado, además, que "se ha presentado documentación en catalán que no ha sido traducida"y ha admitido que será "imposible que esta Sala pueda valorar todas las pruebas que esta parte ha aportado y las que pueda aportar en esta causa"lo que, ha aventurado, "socavará los principios de inmediatez y oralidad".

Las defensas han hecho hincapié durante sus intervenciones en que el Tribunal Supremo pretende "mantener la competencia a toda costa"y han expresado sus dudas de que no lo haga por motivos "extraprocesales".

"La instrucción ha demostrado que los hechos nucleares se planearon y ejecutaron desde Cataluña", han planteado los letrados de los acusados, que echan en cara al Supremo que mantenga su competencia por "algún acto aislado", vulnerando el derecho de los procesados "a ser juzgados por el tribunal que les compete por ley". "De haber existido un acto de rebelión -han subrayado- se produjo en Cataluña. De haber existido algún hecho susceptible de malversación, se produjo en Cataluña. De haber algún acto de desobediencia, fue en Cataluña".

La defensa del líder soberanista Jordi Cuixart se ha quejado de que la causa del "procés"supone la "judicialización del discurso político"en aras de la "indisoluble unidad de la nación española". Acusar a su defendido de liderar una rebelión es, ha denunciado, "criminalizar la movilización ciudadana pacífica"y los derechos de expresión y reunión.

Por otra parte, ha subrayado que durante la instrucción de la causa "se han retirado euroórdenes renunciando a perseguir a aforados acusados de los mismos delitos"que Cuixart (en referencia al ex president Carles Puigdemont y el resto de fugados).

La "ausencia absoluta de investigación internacional"(no se ha cursado, recalca, ni una sola comisión rogatoria durante la instrucción) demuestra -ha dicho- que esos elementos eran solo "una excusa"para traer la causa al Supremo. Y ha recordado que únicamente 4.330 votos de los dos millones del 1-O se produjeron en el extranjero. "Impedir que los catalanes voten -ha denunciado en clave política la defensa del líder de Òmnium- parece contradecir los principios que imperan en las sociedades democráticas".