La asociación mayoritaria planta a García Ortiz para no "blanquear" la reforma de la Fiscalía que abandera Bolaños

La Asociación de Fiscales (AF) tampoco acudirá mañana a la reunión convocada por Álvaro García Ortiz con el objetivo de debatir la reforma del Ministerio Público, que entre otras cosas desligará el mandato del fiscal general de la legislatura para reforzar su independencia frente al Gobierno.

Como ya hizo la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), la AF ha comunicado por escrito al máximo representante de la Fiscalía que no acudirá a esa cita sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), al considerar que el texto ha sido elaborado "al margen de la carrera fiscal" y refuerza el poder del fiscal general "sin introducir verdaderos contrapesos internos".

"No podemos compartir espacios de diálogo y encuentro -deja claro la AF- con una Fiscalía General del Estado que, hoy en día, sigue dirigida por una persona que, sin perjuicio del respeto al derecho a la presunción de inocencia, está siendo actualmente investigada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, generando con ello un deterioro institucional que ya es insoportable

La asociación afirma que no puede convertirse "en mero cómplice" de la Fiscalía General del Estado formando parte de una negociación que, "vistas las intenciones derivadas de la lectura del propio texto, solo podrían calificarse como una mera pantomima destinada a blanquear esta norma".

En esa carta a García Ortiz, la AF también cuestiona la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez para abanderar la reforma procesal que atribuya a la Fiscalía la investigación de los delitos teniendo en cuenta que con sus conductas ha generado "una crisis reputacional de la institución sin precedentes y una desconfianza en la ciudadanía de difícil reversión".

"Poco ambiciosa"

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, hace hincapié en que "toda reforma estatutaria que no lleve aparejada autonomía presupuestaria y capacidad real de reglamentación resulta poco ambiciosa para lograr una verdadera independencia de la institución". Y es que para la asociación mayoritaria de la carrera el proyecto debilita al Consejo Fiscal, "órgano de representación democrática de los fiscales, y consolida un modelo de concentración de poder en el fiscal general sin garantía alguna para el ejercicio independiente de la labor del fiscal investigador".

"La reforma demuestra un nulo interés en reforzar los mecanismos internos de control, y la actual Junta de Fiscales de Sala, fruto de nombramientos de afines, no puede ejercer una función real de contrapeso", se queja Dexeus.

Para la presidenta de la AF "arrinconar y devaluar las funciones del Consejo Fiscal, verdadero órgano de representación democrática de los fiscales, da una cabal idea del nulo interés que esta reforma tiene en reforzar los mecanismos internos de contrapeso y balanza para limitar el poder absoluto del fiscal general del Estado".

La Asociación de Fiscales reitera su compromiso con una Fiscalía "verdaderamente independiente, moderna y al servicio de los ciudadanos" y exige que las reformas se aborden "con participación activa de la carrera fiscal".

La AF traslada a García Ortiz que el anteproyecto del Gobierno supone "un gravísimo retroceso en la autonomía institucional del Ministerio Fiscal" en la medida en que -denuncia- refleja "una insaciable voracidad de control de la institución por parte del fiscal general", a quien se atribuyen "nuevas y numerosas facultades en materias como los nombramientos, la apreciación de las causas de incompatibilidad o el régimen disciplinario".

"Solo refuerza al fiscal general"

Todo ello, subraya, en detrimento del Consejo Fiscal, un contrapeso que en lugar de ser reforzado, "es reducido hasta el extremo de convertirlo en un mero convidado de piedra en las decisiones del fiscal general del Estado". En este sentido, señala que la eventual sustitución del rol del Consejo Fiscal por la actual composición de la Junta de Fiscales de Sala "solo puede calificarse como un fraude, ante el constatado seguidismo que la inmensa mayoría de sus integrantes han expresado en los últimos tiempos a las decisiones de los dos últimos fiscales generales", García Ortiz y su antecesora Dolores Delgado, "que han nombrado a una parte significativa de los miembros de ese órgano".

"Un mandato de cinco años del fiscal general del Estado sin contrapeso profesional alguno -señala- solo refuerza al fiscal general, no a la institución". "El Ministerio Fiscal, a quien se pretende atribuir nada menos que la dirección de la investigación penal, no puede quedar en manos de una sola persona" que únicamente responda "ante sí misma, en contra de los estándares europeos sobre el Estado de Derecho.

Entre las quejas que exponen a García Ortiz destaca que el anteproyecto "no dice nada sobre la autonomía presupuestaria ni reglamentaria, ni avanza en una materia tan sensible como la formación de los fiscales". La estructura general de la institución, lamenta, "se mantiene intacta sin abordar su necesaria modernización organizativa". Además, se queja, los criterios de designación o remoción de los fiscales "siguen quedando a la discrecionalidad de la jerarquía de la carrera" y tampoco se refuerzan las garantías de los fiscales ante posibles "discrepancias frente a órdenes ilegales o improcedentes".

APIF: "Carece de autoridad"

La APIF también declinó la invitación a la reunión al considerar que García Ortiz, investigado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, "carece de autoridad para presidir" una reunión con las asociaciones profesionales teniendo en cuenta que cuando se abra juicio oral contra él "deberá acordar –obligatoriamente- la suspensión provisional de la fiscal jefe de Madrid" (también imputada por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador), "pero, en cambio, él seguirá al frente del Ministerio Fiscal".

"Sólo con la reforma del artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, incluyendo como causa de cese que el fiscal general tenga la condición de investigado por el Tribunal Supremo, podría salvarse esta contradicción grave", apuntó APIF en el comunicado en el que hizo pública su renuncia a acudir al encuentro con García Ortiz.

La Comisión Ejecutiva de APIF argumentó que su asistencia a esa reunión "no sería entendida ni por nuestros asociados ni por los fiscales en general, ya que, precisamente por haber recurrido su nombramiento y por estar personados en la causa penal contra el fiscal general podría considerarse como un blanqueo de la posición anómala en la que se encuentra García Ortiz, que está afectando gravemente a nuestra carrera".