Las asociaciones defienden a García Castellón: es inaceptable que se le acuse "veladamente de prevaricar"

Las asociaciones de jueces han salido en defensa del juez Manuel García Castellón, que instruye la causa de "Tsunami Democrátic", y de todo el Poder Judicial frente a las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera. Recuerdan que los tiempos de los procedimientos judiciales no se adaptan a los tiempos políticos, piden que se deje de desprestigiar a los magistrados y recuerdan que las resoluciones judiciales se pueden cuestionar en los cauces establecidos, mediante recursos.

La titular de Transición Ecológica ha arremetido contra las actuaciones de los jueces, citando directamente a García Castellón: "Nos tiene acostumbrados a que siempre se incline hacia esta misma dirección" y le acusó de tener "una implicación política importante" que "suele salir a colación en momentos políticos sensibles". En una entrevista en RTVE, Ribera cuestionó que "hay algunas personas en el poder judicial con querencia a pronunciarse en una sola dirección". El juez ve indicios de actividad terrorista e implicación de Carles Puigdemont y Marta Rovira como coordinadores de "Tsunami Democrátic" y de los graves altercados que se produjeron en Cataluña después de que se conociera la sentencia del "procés".

La reacción de las asociaciones de jueces no se ha hecho esperar. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha explicado que aunque defienden la libertad de crítica a las resoluciones judiciales, no es de recibo en un Estado de derecho que un miembro del Ejecutivo “acuse veladamente a un juez de prevaricar”. Aunque reconocen que "ya nada nos sorprende”, les causa “tristeza” que el Gobierno "asuma el discurso de aquellos que hablan de ‘lawfare’ y de judicialización de la política”.

“En una democracia plena las decisiones de los jueces se acatan y se cumplen y, cuando no se está de acuerdo con su contenido, se recurren cumpliendo los trámites legales”, sentencia la APM en un comunicado, en el que reiteran que es “inaceptable” el “ataque permanente a la independencia judicial por parte de quienes tiene las más altas responsabilidades políticas”.

Este tipo de actitudes solo contribuyen a "socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial”, uno de los pilares de la democracia que garantiza "la convivencia pacífica en nuestro país”

En diálogo con LA RAZÓN, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, explicó que “las referencias al 'lawfare', a que existe un ánimo subjetivo en el actuar del juez para perjudicar los intereses políticos a un determinado partido es crear un fantasma” de cara a la ciudadanía y recordó que este tipo de señalamientos contra los jueces “causan desconfianza entre la ciudadanía”.

"Los tiempos judiciales no son los tiempos políticos. Todo pronunciamiento de un juez en una resolución judicial obedece a una iniciativa de las partes, no surge por arte de magia”, advierte el representante de la segunda organización de jueces por número de asociados.

Oliva descarta pronunciarse sobre si la dureza de estas declaraciones suponen un “guiño” a los socios de Gobierno. “No sé si es un guiño o no, lo que tienen que hacer es pensar en su país, porque lo desprestigian”, reflexiona. Y recuerda que en España la vía para hacer un escrutinio válido a las decisiones de los jueces es presentando recursos.

Por su parte, el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, también ha defendido las actuaciones judiciales. "La ministra ha hablado de querencia. Pero la querencia que hay es de nuestros políticos por señalar a los jueces cuando no les gustan sus resoluciones o les parece que no las hacen en un buen momento”, sostuvo en declaraciones a este periódico.

Portillo recordó que el proceso judicial contra “Tsunami Democrátic” lleva años de instrucción y pone el foco en que las diligencias y distintas etapas de la investigación no se pueden acomodar a la agenda política. También recordó que “si la Fiscalía no hubiese recurrido la decisión inicial del juez, no se habría producido”, pero es un ritmo propio de los órganos jurisdiccionales.

Desde FJI hay preocupación por el "ataque generalizado contra el Poder Judicial, que busca deslegitimarlo y presentar a los partidos políticos como los únicos garantes de la democracia, pero esto no es así” y subrayó que “la ruptura de la convivencia no se produce por la intervención de los jueces”.

Por último, llamó a moderar el lenguaje que se utiliza al hablar de la actividad de los tribunales. “Sobran los señalamientos públicos. No ayudan ni a la tranquilidad ni a rebajar la tensión sobre los jueces”, explicó.

Fuentes de las asociaciones judiciales -con las que ayer se reunió por separado el ministro Bolaños- han mostrado a este periódico su "sorpresa" por el hecho de que las palabras de Teresa Ribera se hayan producido "solo 24 horas después de que el ministro se comprometiese a defender a los jueces de los ataques".