Atropello sin castigo

Hubo un tiempo en el que muchos españoles pensábamos que dentro de Europa teníamos asegurada la plenitud de nuestra democracia. La UE es un club de naciones libres comprometidas con el respeto al Estado de Derecho. El problema es que, de un tiempo a esta parte, la Unión ha venido decepcionando a muchos de sus ciudadanos, de manera que de forma inesperada el movimiento euroescéptico ha ido creciendo en la mayor parte de los países. Entre los motivos, el distanciamiento de las élites políticas con relación a sus gobernados, la burocratización creciente de las instituciones, la inoperancia de un Parlamento tan caro como ineficiente, la corrupción y una Comisión en la que funciona más la chalanería que el respeto a unas normas iguales para todos. De chalaneo político saben mucho Von der Leyen y Sánchez, amigos de conveniencia en los últimos tiempos, pese a las diferencias que en teoría les separan. La alemana, pese a ser de derechas, ha sido dura con los gobiernos de Polonia y Hungría, a los que ha privado de fondos comunitarios amparándose en que vulneran el Estado de Derecho. Parece difícil que esa misma severidad se exhiba contra el social-comunismo español pese al atropello que supone la ley de amnistía, ayer debatida por los eurodiputados. La Comisión le está permitiendo a Sánchez que no aclare en qué se invierten las ayudas a fondo perdido que recibe España por la covid. La eurodiputada Hohlmeier se ha cansado de pedir a Calviño que le detalle «dónde ha ido el dinero» de los Next Generation, y aún hoy no lo sabemos. La misma opacidad, demostrada ante la reiterada petición a nuestro Gobierno para que publique la identidad de los «cien mayores beneficiarios de los fondos». A la primera petición oficial, en abril, la respuesta fue ninguna. En octubre nos volvieron a reclamar ese listado, y la contestación, la misma. 23 de los 27 países miembros ya han especificado la identidad de esos cien primeros perceptores. El Ejecutivo de Sánchez, principal agraciado por las partidas a fondo perdido, tiene bula en la Comisión, y así lo remarca la ex embajadora de Hungría en España, Eniko Gyory, que no entiende cómo Von der Leyen le permite todo mientras que no le pasa ni media a Orban, «pese a que el presidente del Ejecutivo español ha conformado su gobierno de la mano de partidos anticonstitucionales y de extrema izquierda que tienen como meta destruir el Estado de Derecho». Y pese a que la ley de amnistía supone un paso más en esa deriva que atenta contra la igualdad de los españoles, situando a los políticos por encima de la ley y permitiendo que se compre con la amnistía el voto favorable de personas que van a ser favorecidas por la misma.

Un debate como el de ayer en Bruselas se agradece, pero no parece que Von der Leyen y sus comisarios estén dispuestos a utilizar la misma vara de medir que con Polonia y Hungría. Harán requerimientos, llamarán la atención y darán un leve tirón de orejas, como mucho. Se quedarán en analizar la ley de amnistía, sin entrar en la doctrina del lawfare pactada con Puigdemont para proceder contra los jueces que «persigan al independentismo». Para eso hay que irse a la letra del pacto entre Junts y el PSOE, porque ahí está el «delito». La Comisión nos dejará fríos, ya lo verán. Sólo cabe esperar que los tribunales de la UE acaben condenando el atropello que se está perpetrando en España contra el Poder Judicial. Claro que la Justicia tiene sus tiempos y para cuando llegue la sentencia, Sánchez y sus compinches ya estarán viviendo de las rentas de la amnistía: unos porque gobiernan y otros porque no han ingresado en la cárcel.

Y a todo esto, Puigdemont se sigue partiendo de la risa en Waterloo. Mientras más se hable del conflicto catalán fuera de España, mejor para él y el separatismo.