La Audiencia aborda otra queja de Begoña Gómez contra Peinado por la presencia de las acusaciones populares en los interrogatorios

Begoña Gómez vuelve a llevar sus quejas contra el juez Juan Carlos Peinado -que le investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios- a la Audiencia Provincial de Madrid, que recientemente se ha negado a archivar el procedimiento, como pidieron su abogado y la Fiscalía. Ahora, la Sección 23 de la Audiencia madrileña debatirá el próximo lunes, según acuerda en una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el recurso que interpuso su abogado, Antonio Camacho, contra la decisión del instructor del pasado 3 de julio (dos días antes de la primera comparecencia ante el juez de la esposa de Pedro Sánchez) de permitir a todas las acusaciones populares estar presentes en los interrogatorios, y no solo a la letrada de Vox, que agrupa al resto de quienes ejercen la acción popular en este procedimiento.

En esa resolución, Peinado modificó su decisión inicial de unificar a las cinco acusaciones bajo la dirección letrada de Vox y acordó -pese a mantener a todas agrupadas- permitir su presencia en los interrogatorios e incluso abrió la puerta a que pudieran dirigir directamente sus escritos al juzgado si la formación de Abascal se negara a hacerlo o pusiera trabas. El magistrado expuso que aunque entre ellas existen "pretensiones similares" y "convergencia de intereses", el planteamiento de sus estrategias procesales "no es coincidente". Aunque el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ratificaba que debía mantenerse una "dirección única" para "agilizar el procedimiento" en los actos procesales que se celebrasen en el juzgado, "de tal modo quesea un solo representante el que intervenga", dio su visto bueno a que "puedan estar presentes el resto de letrados de las otras acusaciones populares" (quienes no obstante deben realizar sus preguntar a través de la letrada de Vox).

La decisión no gustó a la Fiscalía, que recurrió en apelación ese auto, ni tampoco a Begoña Gómez, cuya defensa se adhirió a los razonamientos del Ministerio Público. En el recurso presentado el 15 de julio, su abogado señala que de mantenerse ese criterio se vería "gravemente afectado" el "normal desarrollo de la investigación". "No es fácil practicar una declaración judicial -avisaba- a la que asistan cinco abogados y a los que se les permite hablar entre sí a la hora de formular preguntas". "Tampoco ayudaría nada", se quejaba, "que los escritos que se pretendan presentar por cada una de las partes se hagan a través de la representación legal de Vox y, en el caso de que esta se niegue, se pongan en conocimiento del juzgado".

El letrado de Begoña Gómez argumentaba que la agrupación de acusaciones se acuerda "para que la investigación avance en un tiempo razonable", algo que entiende no sucede a raíz de la decisión judicial, que -según anticipaba- "solo puede conducir a mayores e indeseables retrasos" que podrían conducir la instrucción a una "hipertrofia en la personación de las acusaciones populares que afecte al derecho de defensa de mi representada".

En esa misma línea, la Fiscalía defendió que la presencia de los letrados de las cinco acusaciones populares -además de Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España-, habilitándoles para "hacer llegar en el acto las preguntas" a testigos o imputados, "no resulta satisfactoria", como tampoco -añadía- "el hecho de que todos ellos puedan dirigir los escritos al juzgado". "Estamos hablando de cinco acusaciones populares con planteamientos semejantes o casi idénticos", sostenía el fiscal, que apuntaba que "no guardamos recuerdo ni precedente de una situación similar que haya continuado de esta forma". "Apreciando esa coincidencia de pretensiones y convergencia de intereses, y la finalidad legitima de evitar dilaciones indebidas, entendemos que debería mantenerse el auto de 6 de junio de 2024, que acordó la unificación de acusaciones populares", solicita a la Sala el representante del Ministerio Público, que recuerda que el Tribunal Constitucional "ha avalado esta acumulación de acusaciones populares" para agilizar el proceso y evitar "previsibles dilaciones indebidas" e incluso "que la eventual hipertrofia en la personación de acusaciones populares" pueda "perjudicar el derecho de defensa y de asistencia letrada".

Manos Limpias y Hazte Oír también recurrieron el auto de Peinado. El colectivo de funcionarios -cuya denuncia dio origen al procedimiento- defiende su derecho a agrupar al resto de acusaciones. Lo contrario, advierte su letrado Carlos Perales, "supone un flagrante atentado contra el derecho a la tutela judicial efectiva" al impedir que "cada parte personada como acusación pueda ejercer de forma libre y con su propio criterio tal labor". "Si bien es cierto que los delitos son los mismos para todas las partes -exponía Manos Limpias-, la forma de proceder al análisis de las diligencias y pesquisas que se lleven a cabo, así como el correcto entendimiento del objeto del enjuiciamiento, pueden diferir de una a otra, lo que hace aconsejable que, en aras a la obtención de la verdad material, pueda realizarse la función acusatoria de forma independiente".

Hazte Oír también reclama aglutinar a toda la acción popular. "Si bien seguimos estimando improcedente la unificación de las acusaciones -asegura en su recurso el letrado Javier María Pérez-Roldán- en caso de estimarse debería ser esta parte la que tuviera encomendada tal función unificadora", al ser "la única" que ha presentado una querella, que fue admitida a trámite el pasado 6 de junio. Para Hazte Oír, "no puede acordarse la unificación siendo tan dispares las entidades acusadoras".

Además, argumentaba que la propia defensa de Begoña Gómez, "que sería la principal interesada en la unificación de las acusaciones, ni lo ha pedido en ningún momento, ni se adhirió nunca a la solicitud del fiscal, ni presentó escrito alguno oponiéndose a los recursos interpuestos por las cuatro acusaciones perjudicadas por tal unificación". Una "pasividad procesal", señalaba, que denota "la improcedencia de la unificación de acusaciones".