Inmigración
Baleares: el PP atribuye al Gobierno un «efecto llamada»
Pide la dimisión del delegado del Gobierno que consideró «tirones» del verano la llegada, en lo que va de semana, de 600 inmigrantes en pateras
El Partido Popular (PP) culpa a la inacción de las políticas del Gobierno en materia de inmigración de haber generado un fuerte «efecto llamada» a la llegada de inmigrantes ilegales en pateras a las costas de las Islas Baleares.
Es el diagnóstico que los populares hacen del origen de la crítica situación que atraviesa el archipiélago balear, después de que en lo que va de semana hayan desembarcado irregularmente en su territorio más de medio de millar de extranjeros a bordo de una treintena de embarcaciones. En lo que va de año, las islas han acogido a más de 4.200 inmigrantes que han entrado por esta vía.
Por ello, el diputado insular en el Congreso de los Diputados José Vicente Marí, que ejerce de portavoz parlamentario adjunto del grupo, ha señalado directamente al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, como el principal responsable de que se haya «incentivado» desde el Estado la oleada migratoria.
Los de Alberto Núñez Feijóo le exigen ya su dimisión en el cargo de máximo presentante del Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta comunidad autónoma. «Delegado del sanchismo», son las palabras que Marí ha utilizado para encaramarle el haber actuado con deslealtad institucional hacia el Govern autonómico que preside la popular Marga Prohens y, por tanto, siguiendo intereses políticos y dejando de lado el interés general de la sociedad balear.
El principal partido de la oposición a nivel nacional se refiere a las declaraciones públicas que realizó hace pocos días Rodríguez. En ellas, negó que se haya producido una consolidación de la ruta argelina en los flujos migratorios.
En un intento de rebajar la situación, el delegado del Gobierno que comparten PSOE y Sumar llegó a decir que, las sucesivas llegadas de estos últimos días, son meros «tirones» puntuales provocados porque hace buen tiempo, por la rebaja de los riesgos en el mar asociados a la meteorología.
Rodríguez, asimismo, quiso quitarle importancia al asunto asegurando que los inmigrantes ilegales que son rescatado permanecen durante menos de 48 horas, ni dos días, en suelo balear y son rápidamente trasladados tanto a las regiones situadas en la Península como a otros terceros países.
En ello, la administración de Prohens ve una «minimización insultante» de la crisis migratoria que denuncia sufrir. Por su lado, el PP balear considera que estas palabras de un representante del Estado generan un «efecto llamada» que resulta eficaz para que sigan llegando cayucos y la situación no deje de ir a peor.
«No ha hecho nada durante estos años. Cada vez que abre la boca florece aún más el negocio de las mafias», lamentó el parlamentario Marí.
La mandataria autonómica de Génova cree que Moncloa les ha abandonado al rechazar su exigencia de que se reconozca de manera oficial la realidad de una ruta argelina que está «consolidada y crece».
Pero no solo necesitan eso. Más a corto plazo, según Prohens, es imprescindible para poder atajar las continuas llegadas de inmigrantes irregulares que se les faciliten más efectivos policiales y se ponga freno al reparto de menores no acompañados a lo largo del territorio nacional que se está llevando a cabo este verano.
No se olvida de la Unión Europea y a Bruselas le pide que también tome medidas urgentes en su auxilio. «No sabemos como decirlo ya. Estamos al límite y Sánchez nos deja solos», afirmó.
Además, el PP pone el foco en que esta es también una de las consecuencias del giro en la política exterior impulsado por los socialistas desde el Ejecutivo, «favoreciendo a Marruecos sin ningún consenso y agraviando a Argelia, de tal manera que hoy tenemos un problema de falta de colaboración» con las autoridades de este último país clave.
En lo relativo al delegado Rodríguez, la federación popular balear le reprocha que su «única actuación estelar» en el cargo ha sido «llenar de barracones los puertos de Baleares» y que no haya querido reunirse con ningún representante del Govern o comparecer ante el Parlament insular o en la Cámara baja.
En las filas de Prohens tienen claras cuáles deben ser las determinaciones políticas a tomar, que han cuantificado en cinco distintas.
En primer lugar, emprender una «lucha decidida y sin contemplaciones contra las mafias que trafican con personas en el mediterráneo».
También cubrir las 600 plazas vacantes para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que –según ellos– existen en estos momentos.
Estiman necesario revertir las decisiones en relaciones internacionales tomadas por Sánchez en los últimos años para recuperar la buena sintonía con Argelia y que, de una vez por todas, se instale un sistema integrado de vigilancia exterior (Sive) en Formentera.
De los recursos de Europa, se precisa, bajo la óptica del PP, un fuerte despliegue, alrededor del archipiélago, de los efectivos que controlan las fronteras marítimas comunitarias (Frontex).
Reivindica, en este sentido, que hay motivos más que suficientes: «Somos frontera sur de Europa y tiene bemoles que sea Prohens quien tenga que ir a Bruselas a hablar».
Últimas llegadas: 48 personas en dos pateras
Solamente ayer fueron 48 las personas que llegaron a las costas de las Islas Baleares en dos pateras. De las que una fue interceptada en Cala Pi, situada en el municipio mallorquín de Llucmajor, y en ella viajaban hasta 26 inmigrantes de origen subsahariano. Al archipiélago está llegando «una patera cada dos horas», tal y como denunció la presidenta autonómica Marga Prohens.
En la administración insular ya hablan de que la crisis migratoria ha alcanzado las cotas «más importantes» de su historia. Hasta el propio presidente del Gobierno admitió, en una de sus últimas comparecencias desde Mallorca, antes de cogerse vacaciones, que la excepción está siendo «la ruta balear» por su crecimiento, cuando en «el resto de rutas migratorias desciende» la actividad y el trasiego de embarcaciones. A Marga Prohens le preocupa que a esta complicada situación se sume la acogida de menores que el Ejecutivo pretende.