El juez del "caso Leire Díez" imputa a Dolset y cita a los fiscales Grinda y Stampa por el chantaje investigado

El juez Arturo Zamarriego ha asumido, finalmente, la denuncia que interpusieron el fiscal de Anticorrupción José Grinda y el fiscal madrileño Ignacio Stampa sobre el chantaje al que aseguran que les sometió Leire Díez, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. Ambos tendrán que declarar en calidad de testigos el próximo 11 de noviembre.

El instructor del caso contra la considerada como «fontanera» política del PSOE ha decidido imputar también al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol, dado que ese último es el que habría hecho llegar a Grinda el intento de soborno de Díez.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que investiga, desde el pasado julio, a Díez por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, amplía así el objeto de la causa. Después de que, en un primer momento, el magistrado se negase a asumir la denuncia en que Grinda hizo saber que había sufrido presiones para perjudicar a su superior jerárquico en la unidad de Anticorrupción, el fiscal jefe Alejandro Luzón.

El acuerdo que supuestamente le planteó Díez, a través de Rusiñol, consistía en que, a cambio de «secretos» sobre Luzón, este miembro del Ministerio Público podría elegir entre tres posibles destinos profesionales en el extranjero y se libraría de una demanda que tenía presentada en su contra.

En el caso de Stampa, él mismo informó, en junio, a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, de que, un mes antes, «un tercero» le citó para que se reuniese con Díez y Dolset.

Esta persona le explicó que querían verle para transmitirle disculpas, de parte del Gobierno, por el trato que se le dio durante la etapa que estuvo en Anticorrupción.

Pero, durante el encuentro, ambos le ofrecieron facilidades en los litigios que aún mantiene contra el Ministerio de Justicia si él les daba información de actuaciones irregulares llevadas a cabo por funcionarios públicos.

A principios de agosto, el instructor consideró que el intento de soborno a los fiscales no guardaba relación con los hechos denunciados que abrieron este procedimiento judicial.

Las maniobras de Díez se judicializaron, en un inicio, tras la denuncia interpuesta contra la exmilitante socialista por Hazte Oír, que ejerce la acusación popular, en el procedimiento en el que se indaga en las acciones que habría llevado a cabo tras recibir un encargo para neutralizar las investigaciones que dirige la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes de la formación que lidera Pedro Sánchez.

Ahora, tras apoyarlo Fiscalía, el juez Zamarriego rastreará también si hay delito en estas otras que sacó adelante, con la supuesta colaboración de Pérez Dolset, para perjudicar a fiscales, jueces, rivales políticos de Ferraz, además de los citados miembros de la Policía Judicial de la Benemérita. La mayoría de estos objetivos estarían relacionados, de igual forma, con causas que involucran a nombres del entorno del socialismo.

Tal y como ha podido saber este diario de las mencionadas fuentes, está pendiente de que el juez Zamarriego decida si acepta la personación en la causa de PP y Vox como parte de la acusación popular. Los populares pidieron ya que se imputase también al exconsejero socialista andaluz Gaspar Zarrías como «financiador» de las actividades de Díez.

Dado que, según la formación, estuvo en nómina de su consultora (Zaño Sociedad Consultora SL) de junio a octubre de 2024, época que coincide con alguna de las maniobras –ahora bajo investigación judicial– que habría llevado a cabo esta mujer.

Los de Alberto Núñez Feijóo sospechan que esta mujer «percibía una retribución por servicios no acreditados procedentes» de esta sociedad mercantil, que administra Zarrías y a la que, asimismo, están «todavía» vinculados algunos de los «más altos cargos» de la dirección socialista.

Para esclarecer este extremo y sus circunstancias, instaron al magistrado a recabar «los pagos realizados» a Díez, el «contrato» que entre asalariada y empresa hubiesen suscrito, y los correos electrónicos que habría recibido y enviado durante su etapa como trabajadora. Incluyéndose, especificaron los populares en su petición, los que tuviesen como remitente o destinatario el ex «número tres» Santos Cerdán. Está pendiente de que el juez se pronuncie sobre si lo ve o no procedente.

Mientras tanto, Díez sigue manteniendo que todo fue un trabajo de investigación periodística y su resultado verá la luz en un libro más pronto que tarde.