De «Begoña» a «Bolaños», cuando la ley es el mensaje

Pedro Sánchez ha trasladado un mensaje a sus ministros: no deben someter ninguna iniciativa a votación en el Congreso de los Diputados si no tienen amarrados antes los votos suficientes para que salgan adelante. La estrategia es preventiva y se orienta a evitar una imagen de debilidad parlamentaria cimentada en la derrota en las Cortes. Sin embargo, la falta de productividad legislativa ya entraña en sí misma una sensación demoledor y es el de un gobierno que no puede gobernar. En este contexto de parálisis, el Consejo de Ministros, sin embargo, no frena su actividad. Hay que mantener la ficción ejecutiva y, por ello, cada martes se aprueban proyectos y anteproyectos que después quedarán varados en la tramitación parlamentaria, pero que funcionan para colocar un titular y, sobre todo, lanzar un mensaje.

El más elocuente se produce en lo que respecta a la «guerra judicial» y que tiene como puntales dos iniciativas: las apodadas como «ley Begoña» y «ley Bolaños». En pleno cerco judicial a Moncloa y Ferraz la ofensiva del Gobierno va más allá del cuestionamiento a las instrucciones de aquellas causas que les desgastan, la acción ejecutiva que lanzan también parece irremediablemente contaminada por un contexto de choque entre poderes.

La primera, la «ley Begoña» es la proposición de ley, presentada por el PSOE y no como proyecto gubernamental, para limitar la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos. En una disposición adicional, sin embargo, se juega con la retroactividad de la norma, por lo que su aprobación facilitaría el archivo de las causas contra los allegados del presidente del Gobierno, las que afectan a su mujer y su hermano.

Sin embargo, esta iniciativa no cuenta con el apoyo de los socios de investidura. Algunos recelan de lo obsceno del movimiento y no quieren ser cómplices y otros, como Junts, aprovechan –en su propia guerra– para pedir ir más allá y aplicar mayor contundencia contra los jueces. Ponen en circulación el «lawfare», una línea que el PSOE no quiere sobrepasar, por el momento, por lo que permanece guardada en un cajón.

La segunda es la Ley de Eficiencia Judicial, apodada como «ley Bolaños», que tiene a jueces y fiscales en pie de guerra, como se pudo ver ayer con movilizaciones en varios puntos de España. Consideran que la norma aumenta las «injerencias» y pone en cuestión la «independencia» judicial. La norma plantea también que la Fiscalía sea quien asuma la instrucción de las causas, una reclamación largamente sostenida, pero que, en un momento como el actual, genera recelos: con el fiscal general del Estado al borde del banquillo y con el Gobierno lanzando ataques desde la mesa del Consejo de Ministros a los jueces que instruyen las causas que les afectan. Esta norma se ha acelerado en los últimos días porque Bolaños avanza en la negociación y cree poder conseguir ahormar una mayoría suficiente. Unas urgencias que causan suspicacias en partidos como PP y Vox. «¿Por qué un Gobierno que es tan lento en todo se ha dado tanta prisa con esta ley?», se preguntaba Miguel Tellado.

Otra de las iniciativas que se activó para lanzar un mensaje político, pero que sigue bloqueada en el Congreso, es la reducción de la jornada laboral. La medida, con la maternidad del Ministerio de Trabajo, es la iniciativa estrella de la vicepresidenta segunda en esta legislatura. Sin embargo, Yolanda Díaz no cuenta con los apoyos suficientes para imponer la rebaja a 37,5 horas semanales y, por ello, esta misma semana PSOE y Sumar unieron sus votos en el Congreso para ampliar de nuevo el periodo de enmiendas, retrasando por tercera vez su llegada al Pleno. La clave, como casi siempre esta en Junts, que se niega a apoyar la medida por el impacto que puede tener en la economía catalana, compuesta por mucha pequeña y mediana empresa y mucho más sensible a este tipo de regulaciones laborales. Sin el apoyo de los de Carles Puigdemont, la ley quedaría tumbada.

También sigue pendiente otra iniciativa de importante peso político en la relación del Gobierno con ERC: en Madrid, pero también en Cataluña. El cupo catalán. Con la financiación «singular» para Cataluña en barbecho, el Gobierno apostó por impulsar una quita de la deuda, para colmar las exigencias de los republicanos, pero que se ofreció también al resto de comunidades como coartada para evitar asimetrías. Hacienda ha imprimido urgencia a los tiempos, y la propuesta finalizó en mayo su periodo de consulta pública, paso previo a su aprobación en el Consejo de Ministros y su tramitación parlamentaria.

El objetivo es que la ley orgánica se apruebe este mismo año, pero para ello necesita el apoyo de todos sus socios. Junts no tiene prisa por satisfacer una de las demandas de sus rivales de ERC y Compromís pide un trato igual para la Comunidad Valenciana. Y este es el mal que aqueja a la mayoría de investidura de Sánchez, desde el principio de la legislatura necesita a todos los socios todo el tiempo y los intereses y objetivos de la amplia amalgama de partidos que le sostiene no son siempre conciliables, dado que algunos de ellos son rivales en las urnas.