La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se enfrentará a un nuevo frente judicial por un presunto delito de malversación, después de que el juez Juan Carlos Peinado comenzase a tramitar la creación de un juicio con jurado popular. De la misma manera, el magistrado ha reclamado la presencia en el banquillo de los acusados de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez y del delegado del Gobierno, Francisco Martin.

Este 'rara avis' convocado y que no se celebrará como pronto antes de los últimos coletazos del presente curso, es demoledor para las personas acusadas. Según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arribó al Palacio de la Moncloa, el 93% de los juicios con jurado han fallado que las personas acusadas eran culpables.

En este sentido los últimos datos registrados que datan del año 2024, señalan que solamente 694 casos recurrieron a un juzgado popular en un universo que cuenta con más de 2 millones de casos anuales con casi un 93 % casos en los que se declaró culpable a la acusada.

Si lo comparamos con las diligencias abreviadas que suelen ser las más comunes, la serie histórica refleja que la media no supera el 80% de las decisiones no sentencian al imputado como culpable.

La serie histórica roza el 90 % de condenados

Desde que el PSOE de Felipe González aprobase en 1995 la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para reforzar la participación de popular en los juicios después de que el régimen franquista terminase con normativas de esta índole, la media señala que nueve de cada diez casos terminan con una condena para la persona acusada. Exceptuando la inmersión del primer año, donde no se superó el 75%, los números no han bajado del 85%.

En el otro lado de la balanza el curso con más porcentaje de sentencias condenatorias fue 2016, cuando el porcentaje llegó al 95,1%, que a la espera de los nuevos datos no ha sido superado.

Cabe recordar que el juez Peinado ha tomado esta decisión para terminar con los ataques del Gobierno contra su honor y su trabajo y de esta manera evitar recibir nuevas acusaciones de lawfare.