Bildu reanima al PP vasco y arrastra a Vox al populismo penal

Las listas de Bildu con 44 condenados por colaboración y pertenencia a ETA, siete de ellos con delitos de sangre, están actuando como un resorte movilizador de la militancia del PP vasco, partido que lleva años en una crisis de identidad después de la disolución de la banda terrorista. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido oportunidad de comprobarlo en estos dos últimos días en los actos en Pamplona, Álava y Bilbao. En la provincia alavesa, la más cómoda para el PP, la cifra de asistentes al mitin llegó a superar el millar, dato que, en abstracto, no parece muy significativo, pero que para los populares vascos supone recuperar los niveles de movilización de hace más de doce años, cuando ETA estaba en activo.

Las candidaturas de los abertzales suman en esta reanimación del PP vasco, así como la figura de Feijóo, con un perfil autonomista que le da mejor entrada en el País Vasco y en Cataluña. La organización regional vasca aún no se ha recuperado de la crisis con el PP nacional que empezó casi el primer día del nombramiento de Pablo Casado como presidente del partido, y que terminó por estallar con la decisión de Alfonso Alonso de negarse a apoyar los términos de un acuerdo de coalición con Cs del que Génova ni siquiera le había informado. Aquello costó el cargo a Alonso, sustituido por Carlos Iturgaiz como candidato a lendakari.

Mientras, los barones socialistas siguieron ayer renegando de Bildu y de su relación en Madrid con Pedro Sánchez. Hasta el punto de que el «hombre» del presidente en Madrid, Juan Lobato, también marcó distancias con la política de pactos de su partido en el Congreso con el argumento, en una entrevista en RNE, de que solo se puede aceptar que Bildu pueda sumarse a determinadas iniciativas que se voten en el Congreso, pero sin negociación por medio, Ignoró que el PSOE ha negociado y negocia con Bildu, le cedió la foto del acuerdo de vivienda y ha trabajado para convertirlos en socio prioritario, a costa de ningunear al PNV.

Hoy hay otro debate en el Senado entre Sánchez y el jefe de la oposición, provocado a instancias del primero, pero en otro contexto político a cuando formalizó su convocatoria, ya que entonces la noticia de las listas de Bildu no opacaba su estrategia del mitin al Consejo de Ministros y sus barones habían rebajado su estado de alerta hacia el «sanchismo».

Bomba de oxígeno

Por otra parte, la maquinaria de Moncloa cree haber encontrado de nuevo en Vox otra bomba de oxígeno, una vez que este partido se ha lanzado al populismo penal como vía desde la que intentar sacar la máxima rentabilidad a la polémica. Vox tiene testado que cuando la agenda la marca la cuestión territorial, o temas más ideológicos, tiene una baza para activar a sus votantes permitiéndose la licencia de abarcar el discurso más estridente y menos racional o técnico, desde la libertad que le concede no ser un partido de gobierno. Y éste es el guion que ha vuelto a aplicar esta vez al lanzar la propuesta de pedir la ilegalización de Bildu. Con ello se gana titulares, obliga a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a resituarse en su pulso con ellos por afianzar la mayoría absoluta en la Comunidad y, al mismo tiempo, intenta descolocar a Feijóo en su campaña para afianzar el apego del electorado del centroderecha como voto útil frente al «sanchismo», sin dejar de pescar por el lado de la izquierda.

La propuesta de Vox de actuar por la Ley de partidos, aprobada en 2002 por amplia mayoría, y con el respaldo de PP y PSOE, tiene un sentido de estricta rentabilidad política, y no se ha valorado jurídicamente. En el plano técnico, la vía tiene difícil salida porque fue impulsada para acabar con la estructura de ETA, y es lo que llevó a la ilegalización de Herri Batasuna. El artículo 9 dice que uno de los motivos para ilegalización de un partido es que este incluya en sus órganos directivos o en sus listas a condenados por terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas. Pero la cuestión es que la ley está pensada para ilegalizar partidos que se complementen o apoyen a una organización terrorista, y ETA se disolvió en 2018, lo que lo hace muy complicado de aplicar si no hay un grupo terrorista en activo.

Otra cosa es que para impedir situaciones como esta, a futuro, se promueva una reforma legal que prohibiera expresamente lo que hoy autoriza la Ley electoral, que no puedan concurrir en ningún caso los condenados por terrorismo o delitos de sangre, por ejemplo.

A esa necesidad de una reforma se refirió ayer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Mientras, Feijóo exigió a Sánchez que rompa con Bildu e inste a la Abogacía a estudiar si es posible anular las listas. No parece sencillo si la Fiscalía confirma los datos de la AVT, que señalan que ya han cumplido su condena y sus penas de inhabilitación.

Moncloa también ha incluido en el argumentario, para defenderse de la crisis que le ha roto la campaña, la idea de que el PP es más exigente hoy con Bildu de lo que lo fue con José María Aznar cuando la banda asesinaba.