Los candidatos socialistas estallan por las cesiones que Sánchez ultima para Cataluña y País Vasco

Los candidatos socialistas que se la juegan en las elecciones municipales y autonómicas estallan por las cesiones que el secretario general, Pedro Sánchez, ultima para Cataluña y el País Vasco. El presidente del Gobierno culminará esta semana varias de ellas. Este lunes ha dado luz verde a un modelo de financiación para Cataluña que, según la Generalitat, le permitirá recaudar directamente todos los impuestos generados en su territorio y gestionarlos desde una Hacienda propia. El pacto se debe aprobar, pero es toda una declaración de intenciones.

En verdad, el PSOE se adentra en un terreno tan delicado como habitual: prometer reformas estructurales sin dinamitar los equilibrios internos del partido ni la arquitectura territorial del Estado. La dirección socialista defiende con firmeza el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat como un paso hacia una financiación más “federal, flexible y redistributiva”. Pero, mientras en Moncloa y Ferraz se afanan en colocar el pacto como un avance para todas las comunidades, varios barones del partido lo interpretan justamente al contrario, como un privilegio injustificado que, lejos de reforzar la cohesión, la pone en cuestión.

Sin ir más lejos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García‑Page, no ha dudado en calificar la negociación que ha alumbrado el acuerdo como “un chantaje obsceno” y un “atentado a la igualdad”. En Asturias, el presidente Adrián Barbón ha advertido que no aceptará “ni un euro menos” que otras comunidades. De hecho, su ejecutivo ha rechazado el pacto y ha exigido que se negocie con todas las comunidades. Y, en Aragón, la mayoría de los socialistas ya se habían desmarcado con anterioridad, pese a que la secretaria general sea la ministra portavoz, Pilar Alegría. Allí denuncian que este modelo recuerda más a un “concierto encubierto” que a una reforma multilateral.

Un acuerdo a cambio de la investidura de Illa

Pese al creciente ruido interno, la dirección socialista mantiene el pulso. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que el acuerdo no es un traje a medida para Cataluña, sino un anticipo de lo que podría aplicarse a todas las autonomías con mayores competencias.

Cabe recordar que ese acuerdo fue el compromiso del Gobierno con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa como presidente catalán. Pero hay más. Este martes, Sánchez abordará con el lehendakari varios traspasos de competencias, y el viernes se vota en Bruselas, a instancias de España, la oficialidad del gallego, del catalán y del euskera; una de las exigencias de Junts para mantener a Pedro Sánchez al frente del Consejo de Ministros. Y aunque Exteriores intenta encauzar la votación, nada garantiza que salga adelante, como sucedió en anteriores ocasiones. La negativa de un solo país bastará para que se quede en nada.

Lo cierto es que todas estas cesiones han disparado la incomodidad en el partido, ya de por sí traumatizado por la corrupción. En las federaciones de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, el cabreo es importante, porque les impide levantar la cabeza tras el vendaval del caso Cerdán. "Está claro que no son buenos tiempos. Algunos presidentes y candidatos no se encuentran cómodos [con el acuerdo]. Hay que ver los términos concretos y cómo queda la solidaridad", explica una fuente del Partido Socialista de Madrid.

En cualquier caso, los cuadros intermedios de estas federaciones asumen que no queda otra que tragar con la estrategia emprendida por Sánchez, a quien le toca "cumplir los compromisos" que firmó para ser presidente. El problema es que hay quien cree que el PSOE no debe ceder ahora a las pretensiones de los independentistas y de los nacionalistas porque la legislatura está "en tiempo de descuento". En plata: estas fuentes consideran que el daño de alimentar al independentismo es mayor que el de provocar su enfado y una hipotética pérdida de su apoyo en el Congreso.

Un Gobierno agarrado por sus socios

Es cierto que los aliados del Ejecutivo en el Congreso evitaron matar a Sánchez la semana pasada. En el Gobierno creen que el presidente superó la prueba durante la comparecencia en la que abordó el encarcelamiento de su último secretario de Organización, el navarro Santos Cerdán, supuesto cabecilla de una trama corrupta que se repartía mordidas por adjudicar obra pública. Todos los socios del Ejecutivo dicen tenerle en sus manos y todos dicen que no tolerarán, en modo alguno, que la corrupción que asedia al PSOE escale más allá del triángulo que protagonizan Cerdán, José Luis Ábalos y su exasesor ministerial Koldo García.

Pero la realidad, según conceden fuentes del partido, es que ninguno de los aliados de Sánchez tiene incentivos para dejarle caer justo cuando más débil está. Precisamente, porque más le pueden sonsacar. "Es muy difícil que otra vez todos los socios sean indispensables. De manera que todos le quieren donde está para seguir apretando", lamenta una fuente del partido. El pacto con la Generalitat alimenta las suspicacias en un PSOE convaleciente de su última crisis interna.

La idea de que el independentismo sigue marcando los tiempos del Gobierno —y obteniendo réditos— es un mensaje que cala con fuerza en territorios donde la política identitaria no se entiende. Ferraz busca ahora encauzar el debate y evitar que este acuerdo derive en una nueva fractura interna. Pero el reto es ímprobo: convencer a los suyos de que una financiación singular puede ser, paradójicamente, la vía hacia una mayor igualdad.