Las elecciones generales del 23 de julio de 2023 todavía resuenan políticamente ya que día a día se ven los problemas de Pedro Sánchez por su debilidad parlamentaria, pero también financieramente. En este sentido, el último informe del Tribunal de Cuentas que fiscaliza las las contabilidades de las elecciones concluye que ninguna candidatura superó el límite máximo fijado de gastos, aunque deja datos interesantes como cuánta deuda generó cada candidatura. Y ahí la candidatura de Pedro Sánchez, que suma a PSOE y PSC, sumó un total de 13.402.071,1 euros.

En concreto, el PSOE generó operaciones de endeudamiento por valor de 11.665.224,10 euros, mientras que el PSC, de 1.736.847 euros. De esta manera, la gran mayoría de los recursos declarados por ambas formaciones socialistas fueron operaciones de endeudamiento: en total, entre ambas formaciones, declararon una suma total de 18.696.873,96 euros (15.838.678,97 del PSOE y 2.858.194,99 del PSC), de los cuales 13,4 millones correspondieron a deuda y dos millones de adelantos de subvenciones. Además, el PSC recibió 2.100 euros de aportaciones privadas y 420.287 euros de aportaciones del partido.

En total, los socialistas, que lograron 120 escaños, gastaron 11.258.376,65 euros en la campaña electoral, de los cuales 9.536.608,89 euros correspondieron al PSOE y 1.721.767,76 euros, al PSC.

En todo caso, las operaciones de endeudamiento del PSOE y PSC fueron un millón de euros superior a las del PP, que fue el partido ganador. En total, los populares se endeudaron por valor de 12.375.100 euros y gastaron un total de 10.879.251,83 euros.

¿Qué tipo de gastos quedan quedan computados a efectos del límite que tiene cada partido? En concreto, se computan los sobres y papeletas electorales; la propaganda (entra publicidad en medios de comunicación); el alquiler de locales para la celebración de actos; las retribuciones al personal contratado para la campaña; o, los intereses de los créditos recibidos.

Asimismo, el informe del Tribunal de Cuentas también apunta a varios hechos que pueden traer consecuencias: por un lado, figura un préstamo por valor de 1,7 millones de euros al PSOE por el cual la entidad bancaria no ha remitido la documentación pertinente al Tribunal de Cuentas para que la fiscalice; y, por otro lado, se plantea una reducción de la subvención de 178.508,41 euros por haber realizado pagos a proveedores con posterioridad al plazo fijado en el artículo 125.3 de la LOREG, que son 90 días (en total, se pagaron 1.785.084,06 euros más tarde de lo tipificado por ley).