Las cárceles españolas atraviesan una crisis de violencia e ineficiencia por la política de "falso buenismo" de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Esta es la denuncia que lanzan los sindicatos CSIF y ACAIP, quienes advierten de que el sistema penitenciario está siendo gravemente afectado por la falta de consecuencias ante las agresiones, lo que genera un entorno de impunidad en las prisiones.

Pero, ¿por qué cada vez hay más agresiones? Según los funcionarios de prisiones porque la clasificación de los reclusos en grados no está siendo aplicada correctamente. Tradicionalmente, los internos se clasifican en tres niveles: segundo grado, que permite una vida ordinaria en prisión, con módulos normales, actividades y la posibilidad de participar en talleres productivos; tercer grado, que les da la oportunidad de trabajar en la calle bajo control y dormir en prisión; y primer grado, reservado para internos de alta peligrosidad, con medidas restrictivas y vigilancia intensiva.

Sin embargo, denuncian que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias evita clasificar a los reclusos en primer grado, promoviendo a muchos internos al segundo grado a pesar de que no están adaptados a este régimen. Esta falta de control ha generado un aumento de los incidentes violentos y una creciente inseguridad dentro de los centros penitenciarios. Según advierten desde ACAIP, "cuando menos internos están en primer grado, más agresiones se producen". Los sindicatos CSIF y ACAIP subrayan que esta situación se ha agudizado desde que Miguel Ángel P. Cuenca asumió la director general de Ejecución Penal y Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias. «Estamos soltando a personas que no están preparadas para vivir en sociedad», alertan.

La causa de estas progresiones de grado, según los sindicatos, sería una cuestión estadística: se busca mostrar que las cárceles no albergan reclusos peligrosos que necesiten aislamiento. "Nos encontramos con compañeros que son amenazados y con agresiones que se ocultan", explican, ya que situaciones como amenazas de muerte o intentos de agresión no se contabilizan en esa estadística. "Si se registraran todas estas situaciones, las cifras de agresiones serían mucho mayores", aseguran.

La sensación de impunidad ha sido otro de los factores que ha impulsado el aumento de las agresiones, tanto hacia los funcionarios como entre los internos. Los sindicato denuncian que las sanciones, como el aislamiento de los agresores, no tienen el efecto disuasorio esperado, ya que esto se traduce en menos salidas al patio para los reclusos y mayor tiempo en sus celdas, donde tienen acceso a comodidades como la televisión, algo que muchos buscan y ese aislamiento lo ven casi como un «premio».

Otro de los problemas críticos es la falta de médicos en las cárceles, lo que ha provocado que muchos internos eviten sanciones. Y es que, cuando un interno comete una agresión, debe ser evaluado por un médico antes de ser trasladado a aislamiento. Sin embargo, debido a la escasez de personal sanitario, muchos internos no reciben la atención necesaria y regresan a módulos de régimen ordinario, lo que refuerza su sensación de impunidad.

Las fugas de las cárceles

A esto se le suma entre el 30 y 40% de los reclusos requiere de medicación psiquiátrica, lo que se complica aún más por el déficit de médicos que, además, imposiblita una detección de casos que dan la cara ante situaciones de estrés e incluso desajustes en las medicaciones. Y es que, de las 500 plazas necesarias para cubrir la atención a los más de 56.000 reclusos, faltan 380, según la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP). Esto ha llevado a que más de 43.000 internos reciban una atención médica deficiente, poniendo en riesgo tanto su salud como la del conjunto de la población en general.

Las fugas también han aumentado, con intentos cada pocos meses. La falta de medios de seguridad modernos, la presencia de funcionarios en prácticas mal preparados y las deficiencias en los sistemas de control han permitido que varios internos logren escapar. De las 326 evasiones registradas desde 2010, el 77 por ciento de ellas se produjeron en la sección abierta seguida de las evasiones desde centros hospitalarios–.

Ante este escenario los sindicatos reclaman que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, una demanda que lleva sin cumplirse desde 2018 y que, aunque PP y PSOE apuestan por el conjunto de esta medida, sigue en un cajón. También insisten en otras medidas como la necesidad de actualizar la normativa penitenciaria, crear una Escuela de Estudios Penitenciarios en Cuenca y proporcionar formación de calidad a los trabajadores del sector. Asimismo, reclaman el uso controlado de pistolas eléctricas (táser) para evitar agresiones dentro de las prisiones. que "siguen funcionando gracias a los trabajadores, pero nos sentimos abandonados", lamentan.