"Caso Mediador": el PP tendrá que acusar de la mano del PSOE a "Tito Berni"

El PP no podrá ejercer la acusación en el "caso Mediador" -la supuesta trama de sobornos a políticos a cambio de favores a empresarios en torno al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, "Tito Berni"- al margen del PSOE. La Audiencia Provincial de Tenerife ha acordado que PP, PSOE y Vox ejerzan de forma conjunta la acusación popular en el procedimiento junto a la formación local Fuerza Canaria y la organización de consumidores Aguaiuris, todos bajo una misma representación letrada. El tribunal, sin embargo, sí permite acusar en solitario a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Así lo ha acordado la Audiencia tinerfeña al resolver los recursos que interpusieron las distintas acusaciones contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo Cáceres, de rechazar su pretensión de individualizar el ejercicio de la acción popular para evitar una "hipertrofia acusatoria" y el retraso de la instrucción. Esa es precisamente la argumentación que acoge ahora la Audiencia, que pondera la acusación conjunta para "potenciar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas".

La Sala sí permite a la AUGC desmarcarse del resto de acusaciones populares porque dada su "naturaleza militar y policial donde ha de primar su neutralidad ideológica y política", lo que según su criterio "hace aconsejable y necesario que deba actuar separadamente de las otras entidades que evidentemente habida su naturaleza (partidos políticos y una asociación de consumidores), podría moverse mas por intereses políticos e ideológicos", lo que "podría menoscabar la neutralidad" de la asociación de guardias civiles. Sin embargo, tanto en su caso como en el de las demás acusaciones, confirma la decisión de la instructora de imponer a cada una 2.000 euros de fianza para poder personarse en el procedimiento.

Deben centrarse en "la búsqueda de la verdad"

En la resolución en la que rechaza el recurso del PSOE contra esa acusación al alimón, la Sección Sexta de la Audiencia de Tenerife expone que pese a la "diferencia ideológica" entre todas ellas, "su objetivo no puede ser distinto del requerido con carácter general a quienes tomen parte como acusación en un procedimiento, la búsqueda de la verdad y la acción de la justicia". Además, recuerda a la formación que no consta que haya formulado "un relato de hechos diferente al que ya está siendo objeto de investigación, ni una

calificación jurídica diversa, ni tampoco parece que pretenda dirigirse contra otras personas distintas de quienes ya tienen la condiciones de investigados". Como tampoco el resto lo ha hecho, concluye, eso "permitiría que actuaran para la misma dirección letrada y representación procesal".

De hecho, la Sala aprecia incluso "una cierta convergencia entre las organizaciones cuya agrupación se ha acordado frente a singularidades que obedezcan a ideologías o, incluso, diferentes estrategias procesales". Pero estas últimas, matiza, "deben ceder ante propósitos que no sean la búsqueda de la verdad y alcanzar la justicia, y no tanto desde la defensa de intereses particulares como desde la perspectiva del interés general, aunque lo sea con los matices que pueda aportar cada particular punto de vista".

El PP lo ve "incompatible"

La AUGC esgrimió precisamente que su neutralidad como asociación profesional de guardias civiles podría verse "seriamente comprometida" por la naturaleza política de las otras acusaciones, sobre todo en una investigación "inmersa en un debate político, ideológico y mediático".

El pasado abril, el PP pidió a la instructora que reconsiderase su decisión y le permitiese actuar en la causa "como parte acusadora plenamente autónoma", invocando los "principios inspiradores" del partido de "promover la regeneración democrática, ética y ejemplarizante de la vida pública" con el objetivo de que se "erradique la corrupción de las instituciones".

Para los populares resultaba "incompatible" acusar de forma conjunta con el PSOE teniendo en cuenta el objetivo del procedimiento, en el que se investiga la presunta comisión de delitos de pertenencia a grupo organizado, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. El PP advertía entonces de que la instrucción podría acarrear una posible "responsabilidad civil" del PSOE o la consideración del partido como responsable a título lucrativo.

El partido de Alberto Núñez Feijóo hacía hincapié en que los intereses de PP y PSOE en la causa son divergentes dada la "evidente afectación en la causa" del Partido Socialista puesto que -recordaba- se investiga a autoridades y altos cargos públicos por comportamientos realizados durante "su pertenencia y adscripción o dependencia del Partido Socialista Obrero Español". Y en esa línea, alertaba de que de no permitírsele acusar en solitario algunas líneas de investigación podían verse "orilladas" (entre ellas, a las conversaciones entre algunos imputados sobre "destruir" a Manuel Domínguez, presidente del PP de Canarias).