"Caso Mediador": el PP invoca la "regeneración democrática" para acusar al margen del PSOE

El PP no quiere acusar en el «caso Mediador» –la supuesta trama de corrupción que salpica al exdiputado socialista Bernardo Fuentes Curbelo– de la mano del PSOE. El abogado del partido en esta causa ha trasladado por escrito a la jueza instructora, Ángeles Lorenzo-Cáceres, que le permita estar presenta en el procedimiento «como parte acusadora plenamente autónoma». Y lo hace argumentando que entre los «principios inspiradores» del partido está «promover la regeneración democrática, ética y ejemplarizante de la vida pública» con el objetivo de que se «erradique la corrupción de las instituciones» a través, por ejemplo, de la denuncia de conductas irregulares.

En el escrito presentado por su abogado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, considera «incompatible» que el PSOE pueda ejercer la acusación popular teniendo en cuenta que el objetivo de la causa –en la que se investiga la supuesta comisión de delitos de pertenencia a grupo organizado, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo– puede derivar en una posible «responsabilidad civil» por parte de la formación que lidera Pedro Sánchez, o incluso que la instructora termine considerando al PSOE responsable a título lucrativo.

La representación jurídica de los populares hace hincapié en que su planteamiento obedece a «la recta aplicación de rigurosos parámetros» estrictamente jurídicos. Y rechaza que, dada la «notoria repercusión» de la investigación, su petición se pueda entender como fruto de la «lícita rivalidad inherente a toda confrontación entre formaciones políticas».

No quiere que se "orillen" líneas de investigación

La instructora acordó el pasado día 4 que las seis acusaciones populares personadas en el procedimiento –además de PSOE y PP, Vox, el partido local Fuerza Canaria, la asociación de usuarios y consumidores de agua Aguaiuris y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)– ejercieran esa labor de forma conjunta y bajo una única representación letrada. Una medida que cada una de ellas ha ido recurriendo (ante la propia magistrada e incluso ante la Audiencia Provincial de Tenerife) en cascada. Lorenzo-Cáceres justificó la medida para evitar una «hipertrofia acusatoria» y el retraso de la instrucción.

Pero el PP defiende que sus intereses no son coincidentes dada la «evidente afectación en la causa» del PSOE, dado que –subraya– «al menos tres de las autoridades y altos cargos públicos investigados» lo son por comportamientos realizados durante «su pertenencia y adscripción o dependencia del Partido Socialista Obrero Español».

El abogado del PP señala incluso que determinadas líneas de investigación pueden quedar «orilladas» de no admitirse su personación en solitario. Y se refiere expresamente a conversaciones intervenidas a algunos imputados en las que aseguran que «hay que reventar el Ayuntamiento de Los Realejos y destruir a Domínguez», quien –recuerda– es presidente del PP de Canarias y hasta hace unos meses, alcalde del citado municipio. Esas conductas obligan a "comprobar" - razona- la posible comisión de un delito de prevaricación.

Los populares recuerdan asimismo que el número de investigados "duplica el de acusaciones populares instadas" y defienden que su "interés legítimo" para acusar en la presunta existencia de "una voluntad concertada por parte de autoridades y cargos públicos" dirigida a "menoscabar el cabal funcionamiento del sistema de participación ciudadana por los cauces de los que nos hemos dotado como Estado social y democrático de derecho".