Catalá: «Los cargos públicos deberán dejar sus puestos cuando se les abra juicio»

El titular de Justicia asegura que «en el 9-N lo que sucedió fue un proceso gestionado por la Generalitat que nosotros consideramos que incumple la suspensión que acordó el Tribunal Constitucional»

¿Le pilló por sorpresa su nombramiento como ministro?

–Desde el mes de diciembre de 2011 he estado trabajando como secretario de Estado de Infraestructura, Transporte, y Viviendas en el Ministerio de Fomento con la ministro Ana Pastor, y estaba muy contento en esa etapa y con grandes proyectos por delante. Para mí fue una sorpresa que el presidente del Gobierno me planteara la oportunidad de ser ministro en su Gobierno.

–¿Dudó en algún momento el aceptarlo?

–Ni un segundo. La oportunidad de ser ministro de Justicia, para una persona con mi formación y experiencia, y en esta casa que ya conocía –fue secretario de Estado de Justicia entre 2002 y 2004, cuando el ministerio lo dirigía José María Michavila–, era una oportunidad extraordinaria.

–El 9-N se celebró una especie de consulta en Cataluña sobre su «futuro político. ¿Cómo califica lo sucedido?

–No tiene ningún efecto, ni ninguna consecuencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, porque el proceso, tanto de referéndum como de consulta está suspendido por el Tribunal Constitucional (TC). Un acto que se lleva a cabo sin un censo electoral, y por tanto sin garantías de quiénes son los votantes, en el que los mismos convocantes son los que se sientan en las mesas a hacer de mesa electoral y luego hacen el escrutinio y dicen cuál ha sido el resultado, lo que tiene es una serie de debilidades que hacen que sea profundamente antidemocrático.

–Los nacionalistas, en cambio, transmiten es que fue un triunfo, una lección democrática. ¿Qué reflexión le merece este triunfalismo por parte de los partidos nacionalista catalanes respecto al 9-N?

–Después de todo el esfuerzo económico, porque han gastado mucho dinero de los impuestos de los ciudadanos; de todo el esfuerzo político, en medios de comunicación que la Generalitat ha promovido en los últimos meses... el resultado final es que fue a votar uno de cada tres posibles votantes, un 30% en números redondos. Son datos de la Generalitat, y todo ello contando con menores de 16 años, extranjeros residentes... Entonces, si después de todo el esfuerzo y todo el proceso, el resultado final es que dos de cada tres catalanes no participaron en ese proceso, calificarlo como éxito a mí me resulta sorprendente. Es verdad que 1.800.000 personas parece que votaron «sí» a las preguntas que se planteaban, pero no debemos olvidarnos de que más de 4 millones de personas no acudieron a votar el 9 de noviembre.

–La Abogacía del Estado impugnó tanto la Ley de Consultas como el decreto de convocatoria y los posteriores actos en una tercera impugnación que se pudieran derivar y el Tribunal Constitucional suspendió esa iniciativa, pese a lo cual se celebró el 9-N. ¿Ha fallado el Estado de Derecho ?

–No ha fallado, en absoluto. Al contrario, ha demostrado que funciona, porque ante una ley y un decreto de un Parlamento autonómico, el Gobierno de la Nación utilizó los mecanismos que establece nuestra Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; y el TC, por unanimidad, no lo olvidemos, ha suspendido esos procesos y ha admitido a trámite las impugnaciones del Ejecutivo. Por lo tanto, lo que han funcionado han sido las reglas del juego. Sin embargo, hay algunos que pretenden jugar al margen de esas reglas, una vez más en un ejercicio antidemocrático y de falta de respeto al ordenamiento jurídico. Por tanto, el domingo pasado, el 9-N, no hubo ningún referéndum por la independencia ni ninguna consulta vinculante. Lo que hubo fue un proceso gestionado por la Generalitat de Cataluña y que nosotros consideramos que también incumple el mandato de suspensión de actividades que el Tribunal Constitucional estableció.

–Respetando el margen de actuación del Gobierno y de la Fiscalía, ¿usted cree que hay base legal para que el Ministerio Público inicie algún proceso por esos hechos?

–Mi opinión personal es que los hechos acaecidos en Cataluña el fin de semana del 9-N, con una página web gestionada por la Generalitat, con la cesión de locales públicos titularidad de la Generalitat, con una actitud de colaboración con el recuento, con la presentación de resultados, son elementos de hecho que parecen contrarios a la declaración de suspensión decretada por el TC. En todo caso, insisto, es a la Fiscalía General a la que le corresponde calificar si esos hechos son constitutivos de delito, que es a quien corresponde la defensa del interés general. Estamos a la espera de que se produzca esa calificación. En todo caso, ha habido ya denuncias y alguna querella por parte de particulares, partido, etc, por lo que lo que sucedió el 9-N en Cataluña está ya en los tribunales

–¿Ha habido presiones, como denuncia la Generalitat, por parte del Gobierno a la Fiscalía?

–En lo que se refiere a este ministerio, y creo que puedo hablar en nombre de todo el Gobierno, no ha habido ninguna presión, en absoluto. Fíjese qué paradoja, que no se ha presentado todavía la querella por parte de la Fiscalía y se está hablando de presiones. Resulta obvio que no han existido y que la Fiscalía está realizando su trabajo de forma independiente. Lo que todavía nadie se pregunta es si no estará habiendo presiones por parte de otros a la Fiscalía Superior de Cataluña.

–Mas pide ahora un referéndum vinculante. ¿Hay posibilidad de que éste se llegue a celebrar?

–En el marco de nuestra Constitución, un referéndum vinculante en el territorio de una comunidad autónoma es contrario al principio de que la soberanía popular reside en el conjunto de los españoles, y es contrario al marco competencial de la Generalitat de Cataluña, que no tiene esas competencias. Por lo tanto, es evidente que no existe esa posibilidad.

–Artur Mas pide dialogar con el Gobierno una «salida»...

–El señor Mas ha reiterado su voluntad de diálogo asociada a un referéndum vinculante; pero es una contradicción ofrecer ese diálogo sobre algo que es imposible de negociar. La actitud del Gobierno es abierta y dialogante, frente a una supuesta etiqueta que nos adjudican que «Madrid no dialoga». Madrid, el Gobierno de la Nación, por supuesto que está abierto al diálogo y lo hace permanentemente con el Gobierno de la Generalitat, pero sobre los elementos en que es posible negociar, que son los que conforman nuestro marco constitucional. Un Gobierno democrático no puede negociar nada al margen de la Ley.

–Le pido un ejercicio de futurismo. ¿Usted cree que Mas y sus compañeros de viaje en esta vía secesionista verán una Cataluña independiente?

–Bueno, es difícil hacer «política-ficción». Como primera reflexión de la fotografía actual de lo opinión de los catalanes, cabe decir que dos de cada tres catalanes no participaron en el 9-N, lo que interpreto como que no comparten la idea de una Cataluña independiente. Algunos nos han intentado hacer creer que los catalanes quieren la independencia, pero el proceso al que asistimos el domingo pasado bien pone de manifiesto que la mayoría de los catalanes no han apoyado la independencia. Así las cosas, en el futuro lo que tendremos que trabajar es para continuar demostrando que España es una nación fuerte, es una nación de futuro que garantiza un Estado democrático y una sociedad del bienestar, y que, por lo tanto, todos juntos trabajamos mejor por esos objetivos.

–Cambiamos de tema. ¿Es partidario de reformar la Constitución como se plantea por algunos partidos políticos?

–Nuestra Constitución nos ha otorgado un marco de convivencias y reglas de un Estado democrático y de Derecho, y de una sociedad del bienestar con una estabilidad durante 36 años, que no habíamos conocido anteriormente. Es la etapa de mayor bienestar, de mayor garantía y de derechos de nuestra historia. Transcurridos estos 36 años se puede abrir una reflexión sobre la conveniencia de mejorar o actualizarla, pero primero habrá que abrir un debate sobre los asuntos que merecería la pena reformar, porque hasta ahora no hemos identificado cuáles deberían de ser esos contenidos.

–Pero, ¿ ha llegado el momento de abordar esa reforma?

–La reforma de la Constitución requiere de unos consensos de los principales partidos (se exige el respaldo de 3/5 del Congreso y del Senado), que tengan, a priori, una identificación de cuales son los objetivos de la misma. Ese es el primer paso que hay que dar: plantear los objetivos de la reforma, generar consenso, y, a partir de ahí, avanzar. Primero hay que saber para qué, quién quiere reformarla, con qué intención y qué consenso, en su caso, se generaría. A partir de ahí, se podría llevar adelante. Mientras todo ese proceso no se lleve a cabo, no será el momento adecuado. Parecería que para algunos el debate sobre la reforma constitucional no fuera más que un eslogan.

–El PSOE aboga por reformarla para que recoja la «singularidad» de Cataluña dentro de España.

–Cualquier proceso de reforma de una ley, y más de una como la Constitución, no puede obviar los principios de igualdad entre todos los ciudadanos, soberanía nacional. Por tanto, si se aborda cualquier reforma de nuestra norma fundamental, tendrá que hacerse siempre desde el contexto de los principios fundamentales de nuestra Carta Magna, entre otros, el de la igualdad de derechos y el de la garantía del Estado del Bienestar en todo el territorio, no para una parte. Si alguien quiere reformar ese modelo, deberá plantearlo con carácter general, no para una comunidad en particular.

–¿Qué reflexión le merece que haya más de mil imputados por corrupción?

–Es una importante preocupación que nos obliga a todos a una reflexión sobre la conveniencia de seguir llevando a cabo procesos de reformas para que el ordenamiento jurídico, en la medida de lo posible, impida esos comportamientos, y, en todo caso, si se cometen –porque por muy buenas leyes que tengamos, no se impedirá la comisión de delitos–, se sancionen adecuadamente. En todo caso, lo que vemos en estos momentos es que el Estado de Derecho funciona: la Policía investiga cuando hay indicios de delitos, la Fiscalía formula sus acusaciones, los jueces los enjuician y sentencian y los culpables pagan sus culpas. Eso es lo que está pasando.

–Habla de reforma, ¿cuáles son necesarias para luchar más eficazmente contra la corrupción?

–El Gobierno ha propuesto un paquete de medidas, en un gran pacto en la lucha por la regeneración democrática y contra la corrupción. Aunque no habido consenso, las vamos a sacar adelante, porque estamos convencidos de que son necesarias. Por ejemplo, la reforma del control y financiación de los partidos políticos, porque hay que seguir acotando todavía más la transparencia y sus vías de financiación; prohibición de las donaciones de las personas jurídicas; la rendición de cuentas con mayor transparencia que en la actualidad; la prohibición de condonación de deudas que puedan tener con entidades financieras o de créditos. Junto a ello, vamos a proponer una ley que establezca el Estatuto del Alto Cargo en la Administración del Estado, para que se tenga que acreditar la máxima profesionalidad y transparencia de las normas éticas de cualquier persona que asuma responsabilidades en la gestión de los asuntos públicos.

–¿ Y en el ámbito procesal?

–Es comprensible que los ciudadanos tengan la percepción de que los procesos de la lucha contra la corrupción duran demasiado. Vamos a proponer una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el principio de conexidad entre delitos no impida que se enjuicie cada uno de ellos por separado, y, de esa forma, en pocos meses los jueces de instrucción puedan cerrar y juzgar esa pieza concreta. También regularemos con más precisión y detalle las técnicas de investigación.

–¿Se reformará también el Código Penal entre las medidas de lucha contra la corrupción?

–Sí. Por ejemplo, se incorporarán medidas relacionadas con el cohecho. Sería positivo incrementar como pena accesoria la inhabilitación para cargo público en los delitos de cohecho, malversación, fraude; todo ello relacionado con la corrupción. Se tipificará también como delito la financiación ilegal de los partidos políticos y se ampliará la figura de los delitos mencionados anteriormente a la contratación por un precio superior al de mercado de bienes y servicios, porque lo que esto oculta, en última instancia, es corrupción.

–¿Cuándo estarán listas todas esas reformas a las que alude?

–Antes de Navidad estarán esos proyectos de reforma contra la corrupción.

–¿La Justicia cuenta con medios para luchar contra la lacra de corrupción o no?

–Siempre viene bien tener más medios. Tenemos un volumen de profesionales importante, con 5.500 jueces, 2.500 fiscales, 5.000 secretarios judiciales y más de 44.000 funcionarios. Hablamos de más de 57.000 profesionales trabajando en la Administración de Justicia. Creo que es una dotación profesional extraordinaria, profesionales bien cualificados, con unos procesos de selección de altísima calidad. Además, el año que viene tendremos un presupuesto en el Ministerio de Justicia de 1.600 millones de euros, la primera vez que aumenta en los últimos años ; vamos a incorporar 100 plazas más de jueces y fiscales e incrementaremos en más de 16 millones la dotación de medios tecnológicos para la Justicia.

–¿Cree que hay una utilización partidista de los procesos de corrupción?

–Los procesos de corrupción generan una enorme alarma social y muy justificada, porque cuando aquellos a los que se les confía la gestión de los asuntos públicos incumplen las obligaciones éticas más elementales, es lógico que los ciudadanos rechacen estos comportamientos con especial virulencia. Siendo eso cierto, también es verdad que lamentablemente la corrupción en los últimos años ha demostrado que no conoce de colores políticos, y que por ello hay imputados por corrupción en muy diversos partidos políticos, sindicatos, organizaciones de muy distinta índole. Por eso, hemos pretendido generar un gran pacto en la lucha contra la corrupción, porque esto no es una cuestión ni de Gobierno ni de un solo partido, sino que afecta a la regeneración democrática, algo que nos conviene a todos los ciudadanos y también a los poderes públicos. Pero, a la vez, hay muchos miles de responsables públicos, muchos concejales que apenas cobran sueldo, muchos diputados regionales, senadores, etc. que son honestísimos profesionales. Y, quizás en ese sentido, la extensión de la idea de que todos los políticos son corruptos es generar una cierta injusticia, sin quitar un ápice a la importancia de los procesos de corrupción, donde lo que se está poniendo de manifiesto es que el Estado de Derecho actúa y no permanece impasible.

–Uno de los mayores macroprocesos actualmente en instrucción es el de los ERE de Andalucía. ¿Qué le parece que el Supremo vaya a investigar a Chaves y Griñán, dos ex presidentes andaluces del PSOE en esta causa?

–Lo que ha hecho el Supremo es conocer y analizar la exposición razonada de la jueza Alaya, y, ante eso, lo que hace es iniciar una investigación y designar un ponente. Es el funcionamiento normal de nuestras reglas.

–En este caso ha vuelto la polémica sobre la figura del imputado. ¿No sería conveniente una modificación que esclareciese el verdadero significado de ese concepto? Ahora parece que esa condición le convierte prácticamente en un condenado.

– Es cierto que la figura del imputado, que no significa otra cosa que comparecer ante un juez asistido de letrado para esclarecer determinadas acusaciones, ahora se ha convertido en la imagen social en una especie de pre culpable o culpable presunto. Nosotros estamos, dentro de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la posibilidad, y no es fácil, de encontrar una denominación distinta, porque procesalmente la figura es la que es. En estos momentos trabajamos con la Real Academia de la Lengua (RAE) para encontrar una denominación más acorde con la realidad de la posición jurídica de la persona que comparece asistida de letrado, pero que no tiene en ese momento presunción de culpabilidad, en absoluto. Vamos a tratar de intentar lograr una mejor definición a esa posición procesal, y si generamos consenso, lo llevaremos también a la reforma de esa ley.

–¿Deben dimitir los cargos públicos que resulten imputados?

–No lo creo, porque la condición de imputado no está suponiendo ninguna acusación expresa, y hasta que no se produzca ésta no es razonable exigir el abandono de las responsabilidades políticas. Estamos llevando demasiado lejos la presunción, en este caso inconstitucional, de culpabilidad, cuando se le pide a un imputado la renuncia de su cargo. Esto, desde el punto de vista jurídico, porque desde el político, al ostentar una representación de los ciudadanos, cuando uno está implicado en procesos de corrupción, la decisión final es ética.

–¿Cuándo deben, en su opinión, abandonar los cargos públicos implicados en procesos y, especialmente, en los de corrupción?

– Vamos a trabajar en la idea de que los cargos públicos tengan que abandonar sus responsabilidades cuando se formule, en su caso, una acusación, no una imputación. Es decir, cuando se abra juicio oral.

–¿Ésto se va a incluir en la reforma prevista de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

–Sí, así es.

–Usted ha hablado desde que tomó posesión de la posibilidad de reformar la ley de tasas. ¿Cuándo se llevará a cabo realmente?

–Lo primero es que tengamos información, porque hasta ahora, en esta casa, no se tenían los datos con detalles. Para ello, recabamos datos a la Agencia Tributaria y al CGPJ para tener la información cualitativa y cuantitativa de las tasas, de cómo están impactando en la litigiosidad, y si hay personas que por falta de capacidad económica están dejando de ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva. Con toda esa información, espero que podamos tener una propuesta de revisión del sistema de tasas antes de finales de año.

–Jueces para la Democracia demandó a su ministerio y al CGPJ por sobrecarga de trabajo de los jueces, entre otros motivos. ¿Qué le parece?

–Los demandantes estuvieron reunidos conmigo hace apenas diez días y no me plantearon nada en ese sentido, con lo que constituyó una sorpresa enterarnos por los medios de comunicación de esa demanda, que tendremos que estudiar con detalle. En todo caso, de la estadística del CGPJ se desprende que es verdad que hay un 35% de juzgados y tribunales que están por encima del módulo de trabajo estándard establecidos, pero también que hay un 45% que están por debajo. Cuando se hace ese análisis no se toma en consideración que tenemos autorizados 591 jueces que están reforzando ese 35 por ciento de juzgados. Hemos aprobado recientemente un decreto para crear 282 nuevas plazas y unidades jurisdiccionales, precisamente para dar destino definitivo a los jueces de las últimas promociones. En todo caso, tendremos que estudiar la demanda de JpD, pero parece que no es un análisis equilibrado y basado en la realidad el hacer una consideración de carácter general de que los tribunales en nuestro país están sobrecargados.

–También se denuncia la falta de jueces en España.

–Tenemos 5.500 jueces, lo que representa 11,2 por cada 100.000 habitantes, un porcentaje muy similar a países de nuestro entorno, como Francia o Italia.