A lo largo de los doce meses del último año los jueces y juezas españoles concluyeron un total de 35 causas por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 108 personas físicas y 38 personas jurídicas, que fueron o serán llevadas próximamente a juicio por este tipo de delitos.

Pero en total, los órganos judiciales dictaron 51 sentencias en todo el territorio nacional de casos de corrupción pública, tal y como desvela en un nuevo informe el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La información que se ofrece corresponde a corruptelas públicas, que son las que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad, según traslada el Poder Judicial.

Esta treintena de procedimientos judiciales tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Concretamente, estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, contra el patrimonio, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y delitos de corrupción en los negocios.

Del total de los 35 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó en 2024, ocho corresponden al cuarto trimestre del año.

Uno en la Audiencia Nacional

Solo uno de estos procedimientos que pasó al banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional, y ninguno por el Tribunal Supremo.

La mayoría de las causas por corrupción pública se instruyeron en Andalucía (12) y, le sigue, con distancia, la Comunidad Valenciana (5), Murcia (4), Extremadura (3), Madrid (3). Hay hasta ocho comunidades autónomas que no tuvieron que juzgar corrupción.

En más de la mitad de casos hubo condena

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron un total de 51 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción.

De todas ellas, 30 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 58,82% de las dictadas por los distintos órganos judiciales. Las 21 sentencias restantes, el 41,18% del total, eran absolutorias.